Giorgi, de 29 años, lleva casi tres meses en España. Reside en Vitoria desde que llegó huyendo con sus padres de la invasión rusa de Ucrania. Allí ha vivido toda su vida. Aunque él no es ucraniano, sino de Georgia, y eso le está generando problemas para solicitar la protección temporal para desplazados por esta guerra, un medida a la que han accedido más de 120.000 personas en España desde que estalló el conflicto.

Para atender el gran éxodo desatado por la invasión, la Unión Europea aprobó una directiva inédita hasta ahora, la protección temporal para desplazados por un conflicto. Pueden solicitarla ciudadanos ucranianos y de terceros países que residían de forma permanente en Ucrania y que no pudieran regresar a sus países de origen de forma segura y duradera. Con esta herramienta se les ha dado de forma casi automática el permiso de residencia y trabajo, cobertura sanitaria y la posibilidad de acceder a ayudas sociales en cualquier estado miembro de la UE.

España decidió ampliar voluntariamente esta medida de protección e incluir a los ciudadanos no ucranianos que tuvieran cualquier tipo de residencia legal en vigor acreditada en Ucrania antes de la invasión. Se daba cobertura así a estudiantes o trabajadores temporales, siempre que la situación en sus países de origen no les permita regresar sin riesgo. El trámite es tan rápido que en apenas 24 horas se consigue la documentación.

Las ONG aplaudieron esta decisión, de la que también hizo gala el propio Gobierno. Sin embargo, con el paso de las semanas empezaron a aparecer casos en los que la Policía se negaba a tramitarla a ciertos perfiles, sobre todo a nacionales de terceros países que no tuvieran familiares ucranianos, apuntan varias de las consultadas.

Es imposible saber el número real de afectados, precisa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, que se muestra "preocupado" por esta deriva. Pueden ser centenares, según el relato de las ONG que han acompañado a decenas de personas en esta situación. No es que se solicite y se deniegue, sino que directamente no se tramita y no queda ningún registro de afectados.

Giorgi cumple con todos los requisitos. Tiene un permiso de estancia en Ucrania válido hasta el 27 de julio de este año, pero aunque ha residido allí desde que era niño, nunca ha conseguido la residencia permanente ni la nacionalidad. Este es el segundo conflicto que le obliga a huir de casa. En 1995 sus padres escaparon de Georgia después la guerra entre el gobierno y los separatistas de la región de Abjasia, a los que apoyaba Rusia, algo similar a lo que sucedía en el Dombás ucraniano desde 2014. Actualmente, ni él ni sus padres pueden regresar a Georgia, asegura el joven. "Allí ya no tenemos nada y nuestra región no es un lugar seguro", apunta en un receso del curso de castellano al que asiste.

Hace dos meses y medio acudió a la comisaría de Vitoria para solicitar la protección temporal, pero los agentes que le atendieron no le dejaron. "Los policías me dijeron que mi permiso de residencia en Ucrania no era de larga duración y que no podía solicitarla", explica. Pero esa razón no se corresponde con los requisitos.  Tampoco lo consiguió la segunda vez que lo intentó. Ni él ni CEAR entienden la razón. "Volveré a intentarlo en Vitoria y, si no me lo permiten, iré a una comisaría de Bilbao", asegura, preocupado por su futuro inmediato y el de sus padres, que ni siquiera tiene la documentación actualizada.

Por el momento duerme en un albergue gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) junto a otros desplazados ucranianos y junto a sus padres, a la espera de resolver su situación.

Lo mismo le ocurre a Madjid, argelino de 25 años que estudiaba en Kiev. Es cantante y llevaba siete meses formándose en edición audiovisual para mejorar sus videoclips, con los que ha conseguido más de 120.000 seguidores en su canal de YouTube. Cuando los obuses empezaron a caer sobre Ucrania abandonó el país como miles de estudiantes extranjeros. Tras pasar por Polonia y Alemania, recaló en Barcelona y, de ahí, se fue a Pamplona por recomendación de un conocido. "Siempre me ha gustado España y me dijeron que aquí se estaba ayudando a los refugiados de Ucrania", explica.

Él tampoco ha podido acceder a la protección temporal. "Lo he intentado tres veces con ayuda de CEAR, en dos comisarías, pero no me han dejado", afirma. Probó en Pamplona y se desplazó a Tudela, pero de nada sirvió. "Me dicen que necesito la nacionalidad ucraniana para pedirlo y que debo volver a mi país", insiste. La misma respuesta en ambas localidades. Pero su permiso de residencia en Ucrania está en vigor hasta el próximo octubre y a Argelia, asegura, "no puedo volver por graves problemas con mi familia de los que prefiero no hablar", añade. Su situación es tan desesperada, sin trabajo ni estudios, sin ingresos y sin documentación que teme ser detenido por estancia irregular. Ante las negativas, ha decidido solicitar protección internacional siguiendo los cauces habituales, un proceso mucho más largo que no garantiza nada salvo el permiso de estancia en el país mientras se estudia su caso. Si es que es admitido a trámite.

"Número elevado" de afectados

No son excepciones, insiste el ACNUR, que ha puesto la situación en conocimiento de las "autoridades competentes" para buscar una solución esta anomalía, aunque por el momento no se han tomado medidas.

CEAR, que gestiona la atención en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Málaga, ha elevado dos quejas al Defensor del Pueblo por este mismo motivo. "Es un número bastante elevado, sobre todo de estudiantes", asegura a Público Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR. Desde la ONG aseguran que el bloqueo no ha sido automático, sino que se ha producido "con el devenir de las semanas" y no en todos los territorios a la vez. Por eso ha sido habitual una especie de peregrinaje por diferentes comisarías y ciudades hasta dar con una en la que los agentes de Policía no pusieran reparos en tramitarla, y algunas veces ha funcionado, apunta.

La ONG ACCEM, que gestiona el CREADE de Pozuelo, coincide en que también tiene casos de este filtro policial a priori para ciudadanos de terceros países que huyeron de Ucrania. María Goñi, del departamento jurídico de ACCEM, precisa que no han presentado quejas formales, aunque sí han mantenido reuniones con personal de varios ministerios junto al ACNUR para buscar una solución. Por el momento, en el centro de Pozuelo están elaborando un registro de afectados con este perfil para poder localizarlos en caso de que llegue un protocolo. 

Diaconía, otra organización no gubernamental, también ha documentado hasta cinco casos de desplazados no ucranianos a los que no se ha permitido acceder al procedimiento, la mayoría, en el CREADE Barcelona. Presentaron quejas por escrito que después remitieron tanto al Ministerio del Interior como al de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. El Defensor del Pueblo ha recibido también ha registrado varias quejas de afectados por este bloqueo policial.

Interior admite solo "casos puntuales"

Fuentes del Ministerio del Interior niegan a Público que se hayan dado instrucciones a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras para no tramitar la protección temporal a desplazados de la guerra de Ucrania con otras nacionalidades. Reconocen que puede haber "casos puntuales" en los que suceda, "pero nada de forma sistemática", insiste, y niega haber recibido quejas y haber mantenido reuniones sobre el tema con ACNUR o con las ONG.

Según sus datos, se ha concedido esta medida de protección a más de 6.800 desplazados no ucranianos desde que entró en vigor la orden ministerial el pasado marzo. Entre las nacionalidades a las que más se les ha otorgado la medida están Bielorrusia, Marruecos, Georgia, Moldavia, Armenia, Cuba, Ecuador, Rusia, EEUU y Paquistán.

Desde CEAR apuntan a que la mayoría de esas concesiones corresponden a familiares de desplazados ucranianos, para los que la directiva europea ya contemplaba la protección. 

Tanto CEAR como ACCEM consideran que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) debe analizar y valorar si un desplazado puede volver a su país de origen de forma segura, "pero para eso tiene que permitirse su acceso al procedimiento", señala Favieres. El problema, apunta Goñi, es que el proceso fue pensado para dar una respuesta muy rápida a una emergencia eliminando mucha burocracia. Es decir, que con solo registrar la petición, lo más probable es que la OAR de luz verde a la protección. Es una de las razones que puede estar detrás de este bloqueo policial, por lo que pide un protocolo en el que la OAR analice los casos de estos perfiles excluidos de protección.