En un escenario marcado por la precariedad residencial y la falta de políticas decididas para limitar el aumento desmesurado de los precios del alquiler en Catalunya, las entidades locales en defensa del derecho a la vivienda juegan un papel imprescindible. Se trata de una lucha colectiva y, precisamente por eso, es necesario que haya sindicatos de barrio o asociaciones territoriales que den voz a los problemas específicos de cada zona y trabajen juntamente con los vecinos.

Una de las portavoces del Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR), Andrea Ribas, recuerda que la realidad varía en los diversos barrios de Barcelona, según las características sociales y económicas de su población. "Aunque buscamos organizarnos a gran escala, la proximidad con el vecindario es esencial para entender los problemas reales y colaborar con otros agentes políticos de la zona", asegura a Público. Desde su punto de vista, es fundamental crear redes de apoyo y conectar esta lucha con otras reivindicaciones sociales, ya que a menudo están interrelacionadas.

Uno de los retos más grandes en el Raval es combatir la "gentrificación salvaje" que afecta de manera generalizada a la ciudad (), pero que en el barrio toma formas especialmente intensas, como con el incremento de apartamentos turísticos. "Ciutat Vella tiene un contexto de multiculturalidad con una gran presencia de personas migradas que a menudo viven en situaciones muy precarias. El amontonamiento en las casas es habitual, hay familias enteras compartiendo habitaciones", añade Ribas. La estrategia del SHR es poner el foco en esta realidad concreta, abordando la vulnerabilidad de las personas en riesgo de exclusión y la especulación inmobiliaria como cuestiones clave dentro de una perspectiva más amplia.

Un modelo anticapitalista para garantizar el derecho a la vivienda

El jueves hizo seis años de la primera asamblea del SHR y este año se ha sumado al Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC). Esta entidad se diferencia del Sindicat de Llogateres o de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por una marcada tendencia anticapitalista. Ribas explica que su objetivo no es reformar las instituciones, sino establecer un "modelo de vivienda gratuita, de calidad y gestionada directamente por la clase trabajadora".

La meta última del SHSC no es cambiar las leyes para regular el alquiler o ampliar el parque público de vivienda; es superar el sistema capitalista, que es la causa estructural de la crisis habitacional. "Somos conscientes de que estas son medidas que eventualmente mejorarán nuestras condiciones de vida, pero queremos ir más allá, queremos ser una herramienta al servicio de la clase trabajadora, un proyecto político que avance hacia un nuevo escenario", reitera la portavoz.

En esta línea, Ribas argumenta que el Estado "no tiene una posición neutral", que es una institución "al servicio de la burguesía y de los intereses del capital". Esto se hace muy evidente, dice, en el hecho de que no faltan recursos residenciales, sino que hay cientos de pisos públicos vacíos que no se están gestionando de manera correcta.

El impacto del turismo más allá de Barcelona

Los problemas de vivienda no son exclusivos de la capital catalana. Municipios turísticos como Platja d'Aro o Sant Antoni de Calonge en la Costa Brava; Cambrils o Salou en el Camp de Tarragona, o Puigcerdà en la Cerdanya, también sufren una fuerte presión por el crecimiento de las viviendas de uso turístico y las segundas residencias, que han hecho disparar los precios del alquiler. En las Terres de l'Ebre, la problemática se traslada a localidades como l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita o l'Ametlla de Mar.

La portavoz de la PAH en las Terres de l'Ebre, Claudia Cervesato, explica a Público que "hay pocos hoteles" y que, por este motivo, ha crecido el número de apartamentos turísticos. Asimismo, la llegada de gente joven ―de España, pero también de Francia― para estudiar en centros educativos ha incrementado la demanda de vivienda en Tortosa. La capital del Baix Ebre, junto con Roquetes y Amposta, son tres municipios declarados zona tensionada y donde, por tanto, se ha aplicado el índice del tope del alquiler.

"Dicen que, con los kilómetros de distancia, la reivindicación pierde fuerza, pero no es verdad. Aquí también sufrimos la turistificación y periódicamente nos reunimos en comisiones de trabajo para transmitir información al resto de asambleas de la PAH. Participamos para sacar adelante campañas y acciones en el ámbito social", añade Cervesato, quien reitera la importancia de coordinar los territorios para abordar problemas comunes.

Las soluciones habitacionales de la administración son "insuficientes": "Pedimos leyes para la ciudadanía. Hay que dejar de lado las peleas políticas y estar al lado de la gente, movilizar el parque de vivienda, detener los desahucios, multar los pisos que están vacíos", sentencia. La PAH no descarta la construcción de nuevos pisos, pero considera que no son soluciones a corto plazo, sino que está bien para la gente que vendrá en el futuro. Su posición es clara: "se acabó poner la alfombra roja a los grandes tenedores".