Las personas que soliciten protección internacional en España desde el pasado 1 de enero no tendrán acceso a todas las prestaciones que contempla el sistema de acogida hasta que no se les reconozca el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Esos son los dos grados de protección internacional que establece la Convención de Ginebra y que, en España, apenas se concedió al 5% de quienes lo pidieron en 2019, uno de los índices más bajos de la Unión Europea.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, firmó el martes una instrucción con la que pretende reservar para personas con una solicitud de asilo resuelta favorablemente los recursos de su departamento, que ha enfrentado un aumento sin precedentes y exponencial del número de solicitantes en el último lustro. Si en 2017 se presentaron 31.740 peticiones, en 2018 aumentaron hasta 55.668, para llegar en 2019 a 118.273. Un éxodo, mayoritariamente desde Colombia, Venezuela y Centroamérica, que colapsó el precario y anticuado sistema, a pesar de que solo el 30% de las personas que piden asilo demandan también acceso al sistema de acogida, según apunta Migraciones.

Según la modificación de Migraciones, solo las personas con protección reconocida podrán acceder a la segunda fase del sistema de acogida, que contempla ayudas económicas para garantizar su autonomía. El itinerario del sistema dura 18 meses, aunque es ampliable a 24 para personas vulnerables. Tras un periodo inicial de evaluación y derivación, el demandante de asilo pasa a una primera fase de acogida en un centro, normalmente gestionado por una ONG, donde tiene cubiertas las necesidades básicas de alojamiento y manutención, orientación legal y laboral y cursos para aprender el idioma.

A los seis meses, si el demandante de asilo continúa necesitando apoyo, pasa a la segunda fase, totalmente enfocada a la adquisición de autonomía e independencia, ya que tiene autorización para trabajar en el país. Aquí ya se cuenta con ayudas económicas para manutención y alquiler de habitaciones o pisos, programas de empleabilidad y formación o cursos intensivos de español, entre otros recursos.

Un objetivo "desvirtuado" por la lentitud burocrática

La modificación busca, según Migraciones, "adaptar los tiempos de estancia en la primera fase a los plazos de resolución de las solicitudes de asilo", por lo que el departamento pone sobre la mesa uno de los grandes fallos que "ha desvirtuado el objetivo" del sistema: la lentitud en el proceso de resolución. El periodo de la primera fase de acogida se ajustaba al tiempo máximo en el que, según la normativa, la Oficina de Asilo y Refugio (dependiente de Ministerio de Interior) debe resolver las solicitudes, dejando fuera del sistema a aquellos a los que se ha denegado el asilo, que deben salir del país en un plazo de 15 días o quedarán en situación de irregularidad administrativa.

Aunque los tiempos de resolución se han acelerado en el último año, los plazos no suelen cumplirse en la práctica y, según Migraciones, "la mayoría de los solicitantes no ven resuelta su solicitud" a tiempo, pero deben pasar igualmente a la segunda fase, "permanecido en ella durante meses, engrosando de este modo la cifra de solicitantes atendidos en segunda fase" y utilizando recursos destinados a quienes ya tienes reconocida la protección internacional.

La secretaría de Estado de Migraciones subraya que nadie quedará fuera del sistema si a los seis meses no ha tenido una respuesta. Simplemente, matiza, permanecerá en la primera fase hasta que se resuelva su petición o hasta agotar los tiempos máximos del itinerario.

La fórmula adoptada quiere "reforzar la eficiencia" de sistema de acogida y "alinearse con las recomendaciones" de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés), que trabaja desde hace meses en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social para apoyar la transición hacia un nuevo modelo de acogida de refugiados en España, uno de los mayores retos que se ha marcado el ministro José Luis Escrivá para esta legislatura.