El caso judicial de Juana Rivas nunca ha sido sencillo y los últimos acontecimientos siguen confirmando que su resolución será larga y tortuosa. Este próximo jueves 14 de abril, el Tribunal Supremo revisará el recurso presentado por la madre de Maracena contra la condena de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de sus hijos (2,5 años por cada uno) y a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Esta condena fue dictada por un tribunal de primera instancia y ratificada en marzo de 2019 por la Audiencia Provincial de Granada. 

Mientras esto ocurre en España, en Italia están en marcha dos procedimientos en el ámbito judicial. Por un lado una investigación sobre cinco de las denuncias presentadas por Rivas en 2019 contra su expareja, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos hacia sus hijos. Por el otro, la reapertura del juicio civil para determinar la custodia de los menores que un tribunal de primera instancia concedió a Arcuri a finales de marzo de 2019, pero que ahora la Corte de Apelación ha anulado y ha vuelto a abrir la causa con una nueva pericia. 

"Se trata de una superposición de procesos en dos países que va contra toda lógica. Antes de que se termine el proceso por malos tratos en Italia contra Arcuri, aquí ya se está condenando a Juana por haberse llevado a sus hijos, por entender que esos malos tratos no existieron", afirma el abogado de Rivas, Carlos Aránguez. "Va a terminar antes el procesamiento penal contra Juana en España que el civil por la custodia de los niños en Italia, y esto es particularmente grave", añade. 

Rivas permaneció en paradero desconocido durante un mes en agosto de 2017 para no entregar a sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, que había sido condenado por maltrato y al que había vuelto a denunciar por violencia de género en 2016. 

En el escrito de casación al Supremo, su abogado ha aducido que Rivas "obró en estado de necesidad puesto que se lleva a sus hijos porque Arcuri es un maltratdor que ya ha sido condenado" y quería "protegerlos" y que en todo caso "estaba firmemente convencida del maltrato a los menores que presuntamente cometió el padre de estos", explica su abogado.

Carlos Aránguez, quien se hizo cargo de la defensa de Juana Rivas a raíz de este recurso de casación, confía en que el Alto Tribunal la absuelva de su condena por dos delitos de sustracción de menores o que rebaje de forma sustancial la pena, que considera "desproporcionada". En conversación telefónica con Público explica que "no se trata de dos delitos, sino de sólo uno, porque en todo caso se habría vulnerado el derecho del padre a la custodia".

También critica que se le haya impuesto una pena de dos años y medios de prisión por cada uno de los delitos, cuando el mínimo legal es de dos años y no encuentra justificación para que se incremente la pena más allá de ese mínimo. "Ella ha tenido a sus hijos en España, ha estado renuente a la acción de la Justicia pero sus hijos estaban a pocos kilómetros del juzgados, bien cuidados y han sido entregados voluntariamente", argumento Aránguez.

El Supremo analizará el recurso de Rivas en el pleno, es decir, que se le va a dar la máxima importancia. Según Aránguez sólo uno de cada 10 o 20 casos se revisan de esta forma y sentará jurisprudencia. "El caso de Juana Rivas va a marcar una línea sobre si en estos casos se considera que se ha cometido uno o dos delitos", explica su abogado. 

Italia investiga malos tratos y reabre el juicio por la custodia

El caso de Rivas se está juzgando desde hace varios años en dos países distintos pero con una misma contradicción: hasta ahora ningún juzgado había entrado a valorar los posibles malos tratos que Rivas denunció hacia ella y especialmente hacia sus hijos por parte de su expareja. La denuncia por maltrato que Rivas interpuso en Granada en 2016 contra Arcuri nunca fue tenida en cuenta en España y tardó más de un año en ser traducida y llegar la justicia Italiana. En febrero de 2020 esa denuncia fue archivada sin investigar junto a otras siete que la granadina había interpuesto ya en Italia en 2018 contra Arcuri por malos tratos hacia sus hijos.

Otras cinco denuncias que Rivas interpuso en Italia contra Arcuri por maltrato hacia los menores entre febrero y agosto de 2019 y que no han sido archivadas, están ahora en manos de la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña), junto a informes médicos de los servicios de urgencia hospitalaria italiana que exploraron a los menores y advierten de "posibles malos tratos". También están en poder de este tribunal los informes psicológicos de los hijos de Rivas emitidos por la Unidad de Salud Mental de Artafe (Granada) en julio de 2019, en diciembre de ese mismo año y un tercero en agosto de 2020, en los que se advierte de que los menores pueden estar sufriendo "maltrato grave".

En el caso del hijo mayor, los últimos informes emitidos por esta unidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), advierten de un "empeoramiento importante de su estado psicológico". Todos estos informes, tal como manda la ley, fueron remitidos a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, sin que hayan motivado ninguna actuación ni investigación. Cuando estos casos han llegado los juzgados de Granada, se han limitado a replicar que las actuaciones sobre este caso se están viendo en la Justicia italiana, y que se remitirán los informes a Cagliari, sin que las abogadas de Rivas en Italia tengan constancia de si efectivamente se han enviado.

Con toda esta información, el pasado mes de noviembre, la Corte de Apelaciones de Cagliari, el órgano donde se dirime el recurso de Rivas contra la sentencia que le concedió la custodia a Arcuri, decidió abrir una investigación penal (la primera en años de litigio) y determinar si las denuncias interpuestas por Rivas durante 2019 tiene visos de criminalidad.

Paralelamente en noviembre del año pasado esta misma corte escuchó el testimonio del hijo mayor de Rivas y en diciembre decidió anular las actuaciones periciales del tribunal de primera instancia de Cagliari y volver a instruir el proceso civil de custodia con una nueva investigación. La instrucción pericial está en marcha desde enero de este años y tiene previsto terminar a finales de este mes de abril. 

Entre los objetivos del tribunal figura el determinar cuál de los dos progenitores "está mejor preparado para garantizar un desarrollo sano y seguro de los menores". Cabe recordar que, tanto las abogadas de Rivas en Italia, como varios expertos llamados a participar como peritos de parte en el juicio civil de custodia realizado en primera instancia en Italia, habían vertido duras críticas hacia el informe emitido por la perito  Ludivica Iesu y denunciado la utilización del inexistente Síndrome de Alienación Parental.

"El caso de Juan Rivas es la tristeza de una ley penal nacional frente a un problema internacional, en el que se ven involucradas dos jurisdicciones penales diferentes (la italiana y la española), que a pesar de estar en la UE tienen una falta de coordinación absoluta", afirma Aránguez.

Este abogado explica a Público que en el caso de que Arcuri fuera condenado en Italia por malos trato y el Supremo mantuviera algún tipo de condena contra Rivas en España, pediría un recurso de revisión ante el Supremo, "un procedimiento complejo que raramente se instruye y que se solicita cuando aparece una prueba que irrefutablemente es incompatible con los hechos que fundamentaron la condena, como puede ser el caso de que a alguien lo condenen por haber matado a una persona que aparece viva o si me condenan por haber ocultado a mis hijos para protegerlos de un maltrardor que finalmente es condenado por maltrato", concluye.​