"Tenemos bastante claro que hay que potenciar las renovables, pero no tenemos por qué perder siempre los mismos", explica Carlos Espluga, emprendedor rural y concejal de La Fueva, un municipio de apenas 600 habitantes situado a los pies del Pirineo, en el noreste de Huesca, que se ha rebelado contra el nuevo trance eléctrico que se cierne sobre su economía rural y su precaria demografía: tres proyectos de parques fotovoltaicos amenazan con forzar otro éxodo en un valle en el que nueve de sus 31 núcleos ya están deshabitados por, principalmente, el daño que provocó en la zona la construcción del pantano de Mediano a finales de los años 50 para generar hidroelectricidad y regar el desierto de Los Monegros.

Junto a La Fueva, el Ayuntamiento de Aínsa, la capital del Sobrarbe, ha optado por aplicar una moratoria de un año a los proyectos de renovables, una medida que también han tomado otras capitales pirenaicas como Jaca y Sabiñánigo, para paralizar los proyectos con los que dos empresas, Acciona y Magtel, pretenden instalar, respectivamente, doce y veinte hectáreas de placas solares flotantes sobre las aguas de ese mismo embalse.

"Como municipio ya sufrimos el castigo del pantano, y sin ningún tipo de restitución territorial. Ni siquiera tenemos la luz más barata", señala Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa, que se pregunta "para qué nos sirve un pantano si no tenemos ninguna compensación" al tiempo que destaca el halo profanatorio que proyectos de esas características tienen en ese territorio: "¿Vamos a poner las placas prácticamente sobre un pueblo inundado?".

Se trata de Mediano, la torre de cuya antigua iglesia emerge cada verano, desde hace ya más de medio siglo, como el testigo de cargo que mantiene viva la memoria del sufrimiento que el expolio hidroeléctrico del franquismo causó en los valles del Pirineo: su construcción y la de El Grado, en el cauce del Cinca, acabaron directamente con quince pueblos de los que tuvieron que emigrar 1.200 personas.

"Van a pintar de verde los corredores energéticos de siempre"

Aínsa y La Fueva viven casos extremos de la explotación industrial del territorio en eso que se ha dado en llamar la España vaciada: tras los pantanos, las renovables; y, entre ambos, la amenaza de aquella autopista eléctrica que, como los otros proyectos, siempre tuvo como objetivo mantener los flujos de la energía del interior despoblado a la boyante periferia.

"Lo bueno de la energía renovable es que se puede consumir donde se produce, pero su despliegue lo están aprovechando para pintar de verde los corredores energéticos de siempre", apunta Jesús Sampériz, miembro de Ecologistas en Acción y representante de las organizaciones conservacionistas en el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), que califica de "sinrazón que supera ampliamente las necesidades de consumo" locales el desmesurado volumen de proyectos ‘verdes’ que se plantean en la comunidad, cuya potencia en trámite triplica a la instalada (18.600 megawatios por 5.800).

Los proyectos de La Fueva y Aínsa son también paradigmáticos de ese plan para replicar en verde de los flujos energéticos de siempre.

"Se están repotenciando las líneas de Foradada de Toscar [limítrofe con La Fueva] a La Pobla de Segur y de Graus a Isona", en ambos casos de Huesca a Lleida para llegar a Barcelona y con tendidos que "atraviesan zonas del Pallars catalán en las que se proyectan parques que suman 700 hectáreas", anota Sampériz, que recuerda que no deja de tratarse, en ambos casos, de "los trazados de los ramales transversales de la ‘autopista eléctrica" que iba a traer de Francia la electricidad que demandan las zonas industriales de Catalunya y Euskadi.

"Los vecinos hicieron preguntas sencillas que no supieron responder"

El proyecto de La Fueva lo promueve Syder, una compañía eléctrica con sede en Zaragoza fundada en 2010, que ha llegado a facturar más de veinte millones al año, y que está dirigida por Alberto París, un empresario que llegó a estar imputado por tráfico de influencias en el caso La Muela, aunque fue exonerado al comienzo del juicio.

Los recelos ante el proyecto de los tres parques fotovoltaicos, que ocuparían 418 hectáreas de suelo agrícola en un valle en el que apenas hay 1.500 cultivables, todas de secano, comenzaron el pasado verano, cuando sus promotores organizaron una asamblea para exponerlo. "Ya entonces se generó bastante tensión, porque los vecinos hicieron preguntas sencillas que no supieron responder", explica Espluga.

Esta primavera, en mayo, varios vecinos de distintos puntos del Valle de La Fueva habían firmado contratos de arrendamiento de sus tierras para treinta años, ante lo que el ayuntamiento, inicialmente favorable a la instalación de renovables pero no con esas dimensiones, optó por pulsar la opinión de los vecinos.

"Mayoritariamente no se querían las placas -señala el edil-, pero no por las placas sino porque con el pantano ya pagamos un precio muy alto y eso iba a hacer que más gente se vaya. Es otro pantano, pero de chapa y cristal; azul, pero no de agua".

“Con proyectos así van a echar a la gente”

En esa tesitura, y tras ver que además un pueblo vecino como Palo quedaba completamente rodeado de placas, el consistorio decidió retomar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tenía aparcado desde 2011, lo que conlleva la paralización de cualquier licencia urbanística en un plazo de dos años. "Resulta más efectivo que una moratoria, porque es algo que marca la Ley Urbanística de Aragón", anota el concejal.

Syder, que según algunas fuentes actuaría como promotor para tratar de colocar el proyecto tras obtener los permisos a una empresa consolidada o un fondo de inversión para que lo construya y explote, una práctica habitual en todo el país desde que comenzó a inflarse la burbuja de las renovables, ha pedido un "informe de compatibilidad urbanística", un trámite más que previo a cualquier acción constructiva.

"Estamos en otro régimen, pero lo que ocurre ahora se parece a lo que pasó con el pantano: vienen empresas grandes que negocian a niveles de los que ni te enteras, y eso provoca una situación de indefensión en el ayuntamiento y en el pueblo", explica Espluga, que recuerda que "muchos hemos vivido a venir aquí desde Zaragoza y Barcelona. Si con una situación demográfica a la baja ponen trabas con proyectos como los de las placas van a echar a la gente".

“Nuestro turismo depende de la naturaleza y el paisaje”

Los planes para instalar placas flotantes en el pantano, algo que Acciona ya ha hecho con 3.000 paneles en el embalse extremeño de Sierra Brava, llegaron la pasada primavera desde esa empresa, que explota la central de Mediano tras habérsela comprado a Endesa hace una década, y Magtel.

"La clave consiste en contar con líneas de evacuación para verter la electricidad a la red y Acciona las tiene en las centrales de Mediano y El Grado", explica Pueyo, que insiste en que "el territorio no puede soportar más peajes".

El Sobrarbe lleva décadas orientando su economía hacia actividades como el turismo de paisaje, con iniciativas como las rutas de BTT, la ganadería extensiva y los productos alimentarios slow food. "Sin turismo la comarca estaría deshecha, y nuestro turismo depende de la naturaleza y el paisaje. Y ese tipo de proyectos deterioran el territorio".

La moratoria para la instalación de complejos energéticos fue solicitada por entidades como CCOO, que tiene en Morillo de Tou uno de sus principales centros vacacionales, o la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, entre otras.

"Cuando hablamos de la electricidad hablamos de negocios necrófagos. Primero te matan, como ocurrió con los pantanos, y después devoran los restos" con las renovables, explica Pedro Arbó, gerente de Morillo.

Sampériz, por su parte, plantea un inquietante cuestión para los territorios despoblados del interior en relación con el despliegue de las renovables. "Si viera que los polígonos industriales están llenos de placas solares pensaría que hace falta más terreno para desarrollar estas energías y descarbonizar la economía... pero es que no hay placas".