Jessica, que, como el resto de testimonios recogidos en este reportaje, prefiere no dar su nombre completo por temor a represalias, siente pánico. Hace apenas diez días, unos 20 hombres de complexión fuerte llamaron a su casa con insistencia desde el portal. Ella, como mucho, se atrevió a asomarse por la ventana.

–¡Baja, que queremos hablar contigo!–, le exigen. Pero Jessica los conoce, ha visto alguno de los vídeos que ellos mismos cuelgan en redes sociales presumiendo de sus actuaciones: se trata de una empresa que se encarga de intentar desalojar a gente que ha okupado una vivienda, también conocidas como empresas de desokupación. Decide no bajar. Finalmente, terminan amenazando a otra vecina: "¡Vamos a volver aquí con perros! ¡Os vamos a hacer la vida imposible! Saldréis por las buenas o por las malas". Para escarnio público y notorio y para que nadie olvide que tienen allí una tarea pendiente, marcan el edificio, ubicado en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, con una inmensa lona donde puede leerse Desokupaciónlegal.com. Se trata del nombre de una de tantas empresas de desokupación que proliferan desde hace al menos cinco años en España. Aseguran que defienden los intereses de propietarios que han adquirido un inmueble gracias al trabajo duro y que ahora ven frustradas sus ilusiones a causa del egoísmo de los okupas, delincuentes que quieren vivir de gorra. Pero algo no encaja en este relato.

Jessica tiene 34 años, trabaja desde los 16 y afirma con rotundidad que ella no quiere vivir a costa de nadie. Con tres menores a su cargo que son su mayor preocupación en caso de que esta empresa de desokupación cumpla sus amenazas, trabaja desde casa como teleoperadora y cobra unos 1.000 euros al mes. Cuando busca casa, los dueños de los inmuebles le piden, para firmarle un contrato de alquiler, ganar al menos el triple de lo que pagaría por cada mes. Considerando que el precio medio del alquiler para una casa de 50 metros cuadrados ronda en su ciudad los 700 euros (según datos de abril del portal Idealista.com), lo que le piden para poder dar techo a sus tres hijos es un sueldo que se acerque más a los 2.000 euros que a los 1.000. Una misión, para ella, poco menos que imposible. Sin otra salida, decidió okupar un piso vacío de Caixabank hace ahora casi cuatro años.

"Estoy muy en contra de la gente que okupa la vivienda de particulares", explica Jessica, que lo primero que hizo tras pasar sus primeras 48 horas en el inmueble fue llamar a la entidad para negociar un alquiler social: "Yo no me niego a pagar. Al contrario, ¡me encantaría pagar y estar tranquila!", explica. Y esto es lo que ha intentado durante todo este tiempo. Hace unos meses, sin embargo, cuando la situación parecía más o menos resuelta y ambas partes estaban a punto de iniciar los trámites para la firma de un contrato social, Caixabank, una entidad cuyo rescate costó a los españoles 24.000 millones de euros, vendió la casa de Jessica al fondo de inversión Ski Investment. Lo siguiente que se encontró Jessica fue una demanda y la negativa total por parte de los nuevos propietarios a negociar nada. Después, llegaron los desokupas: "Yo imagino que si me impidieran entrar en la casa, llamaría a los Mossos y ellos me ayudarían, porque no pueden hacer eso. Tampoco sé si usarían a la violencia. Pero sí que juegan con el miedo y con el desgaste psicológico. Tratan de agotarte para que te vayas", relata.

Tampoco encajan en ese perfil de okupa que quiere vivir gratis Mari Luz y Omar, un matrimonio cuyos únicos ingresos desde el estallido de la pandemia son lo que recibe ella, que ha entrado en un ERTE tras el cierre del bar en el que trabaja como camarera. Como consecuencia, llevan medio año sin poder pagar el alquiler de su piso en el barrio de Usera, en Madrid.

En vez de cursar la correspondiente denuncia por impago para que un juez interviniera, la empresa dueña de su piso ha decidido cortar por lo sano. Hace una semana, relata Mari Luz, unos hombres "con unos brazos muy grandes" y cuya empresa no llegó a identificar llegaron a su casa: "Nos ofrecieron dinero, me parece que eran 1.000 euros, para que nos fuéramos. Nos dijeron que esto puede ser por las buenas pero que, si no aceptábamos, lo harían por las malas. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar porque no tenemos nada que nos respalde y aquí hemos hecho nuestra vida".

Vínculos con los bancos

Algunas de estas historias tienen final feliz. En enero de 2017, el Banco Sabadell vendió a la Sareb, el conocido como banco malo, un bloque con 11 viviendas en Terrassa. Este, a su vez, sin mediar con los vecinos, contrató a una empresa de desokupación para desalojar las viviendas. Fue el inicio de un infierno en el que, en pleno invierno, la empresa de desokupación cortó el suministro de luz y agua y, entre insultos y amenazas, llegaron a asegurar a las familias que los Servicios Sociales les quitarían la custodia de sus hijos. Pero los vecinos decidieron plantar cara. En asamblea, el Colectivo Sin Vivienda, que asesoraba a los inquilinos, decidió organizar una reunión con la empresa de desokupación. El motivo oficial era negociar con ellos. El real, grabarlos con cámara oculta y dejar en evidencia para quién trabajaban.

El plan no pudo salir mejor. En un vídeo de casi dos minutos de duración que todavía se puede consultar en Facebook, un trabajador de la empresa de desokupación que se identifica como Alberto reconoce abiertamente trabajar para la Sareb: "A mí, cuando la Sareb me pide que eche a un okupa, me da un presupuesto. Yo con ese dinero puedo ir a un abogado para pedirle que os eche o daros parte a vosotros. Esta es la realidad, es mi día a día". La grabación no fue admitida en el juicio, pero sí sirvió para presionar a la empresa lo suficiente como para que cometieran un error ante el juez: reconocer que habían amenazado a los inquilinos. Las familias recibieron una indemnización a causa de las amenazas sufridas y hoy, gracias a la mediación de este colectivo, disfrutan de un alquiler social. De paso, demostraron que detrás de estas empresas, muchas veces, están los mismos bancos que hubo que rescatar entre todos hace diez años. En el caso del Banco Sabadell, se trata de una entidad rescatada por un crédito del FROB de casi 20.000 millones de euros que compartió con el BBVA.

Muchas empresas, un solo método

"Cada actuación exige un método. Tenemos controles de acceso, mediación, vía judicial... Cada okupación es un mundo. Tal vez nos hemos dado a conocer por los controles de acceso en las viviendas okupadas por delincuentes", explica sobre sus métodos Daniel Esteve, fundador y dueño de Desokupa, la empresa decana en este tipo de trabajos.

"La manera de actuar es siempre la misma", explica, sin embargo, Luis, activista en favor del derecho a la vivienda de la PAH de Alcorcón, en Madrid. Lo primero que hacen las empresas de desokupación, relata, es personarse en la vivienda de los supuestos okupas y presentarse como una empresa de desokupación que tiene permiso del dueño del piso para actuar. A partir de ese momento, tratan de entablar una negociación en la que suelen ofrecer entre 1.000 y 2.000 euros al inquilino para que abandone el inmueble. Si este accede, antes de salir ha de firmar un documento en el que asegura hacerlo voluntariamente. Si no, empieza una guerra en la que estas empresas muchas veces actúan en el límite de lo legal para, valiéndose de un físico más que intimidante en muchos casos, hostigar al enemigo: cortan suministros, derriban tapias y puertas, destrozan zonas comunes, señalan públicamente a sus objetivos, buscan aliados entre el resto de vecinos... Todo vale con tal de infundir miedo y resolver la cuestión lo más rápido posible.

"No usamos la violencia", afirma Esteve tajantemente. La puerta a la lucha física queda entreabierta, sin embargo, en algunos de los vídeos que ha subido la propia empresa a Desokupa TV, un canal de Youtube recién estrenado en el que muestra cómo trabajan. "Es posible que haya enfrentamientos. Es más, si la Policía no viene, es posible que haya un enfrentamiento bastante fuerte", reconoce uno de los empleados de la empresa, Luis Maza, en la actuación que se puede ver en el segundo capítulo de una serie de vídeos que llevan semanas promocionando.

"Nosotros ni coaccionamos ni amenazamos. Si un delincuente que está molestando a una comunidad de vecinos se incomoda porque cuatro personas grandes vamos a hacerle la visita, es su problema. Lo hacemos así por nuestra propia seguridad", explica al respecto Esteve, que opina que nunca han ido en sus trabajos más allá de lo que permite la ley: "Creo que nunca nos hemos excedido. Lo único es que cuando un okupa nos ha intentado agredir con un cuchillo, un hacha o una barra, lo hemos tenido que reducir y llamar a la Policía. Actuaciones de este tipo sí hemos tenido, desde luego".

Carlos Castillo, un abogado activista en favor del derecho a la vivienda y miembro del Sindicato de Inquilinas, ha lidiado al menos un par de veces con empresas de desokupación: "Tiraron muros de obra sin la menor medida de seguridad, entraron en zonas comunes desplazando elementos e insultaron y descalificaron a gritos hasta que apareció la Policía Nacional", explica sobre un caso del que fue testigo en 2019 en un edificio ubicado también en el madrileño barrio de Usera, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad.

Para él, más allá de que estas empresas busquen el modo de bordear la ley (ya que actúan con permiso del dueño del inmueble), este método puede incurrir al menos en los delitos de coacciones, amenazas y, tal vez el más importante y el más desconocido, el delito de realización arbitraria del propio derecho. Regulado en el artículo 455 del código penal, este establece que estar en posesión de la razón, o creer estarlo, no justifica en ningún caso actuar fuera de los cauces legales. "La mayoría de los clientes de estas empresas son pequeñas y medianas inmobiliarias o fondos de inversión que acaban de comprar el piso a un banco sin saber que está okupado o, en alguna ocasión, incluso sabiéndolo", relata Castillo.

Esteve discrepa de este parecer: "El 90% de nuestros clientes son particulares a los que les han okupado una segunda vivienda, un piso en venta, una herencia o es una situación derivada del final de un contrato de alquiler. Normalmente, son casos donde los que okupan son violentos o pertenecen a alguna mafia". Su empresa, explica Esteve, ha visto multiplicado por seis el número de encargos en tiempos de pandemia, cuando el estado de alarma prohibía los desahucios a personas vulnerables.

Para Castillo, el relato de estas empresas nace de una interpretación torcida de la realidad: "Los desokupas venden la idea de que los jueces protegen a los okupas. Es justo al revés. En España, si hay algo que no está protegido, es el derecho a la vivienda. Y, por supuesto, en un Estado de derecho, quien debe decretar el desalojo de una vivienda es un juez".

¿Qué dice la ley?

A pesar de que hace años que el fenómeno de la okupación copa buena parte de los medios nacionales, es difícil dar con cifras actualizadas y oficiales que ayuden a dar dimensión al problema. De entre lo poco que hay, destaca el INE, que en 2019, último año disponible, apenas contabilizó algo más de 200 allanamientos de morada, el delito que tipifica la entrada en primeras, segundas o terceras viviendas. Las usurpaciones, en cambio, que recogen la entrada en pisos vacíos, se fueron por encima de las 4.500.

Aunque son casi todas las que están (un allanamiento también puede ser la entrada de una expareja en el domicilio en casos de violencia de género, por ejemplo), no están todas las que son, pues el INE solo recoge sentencias firmes, y muchos casos de okupación ni siquiera llegan a los juzgados. Estas cifras, sin embargo, sí sirven para sacar una primera conclusión: los okupas prefieren, de lejos, la usurpación a la entrada en una vivienda habitada. Tiene sentido, pues el delito de allanamiento está penado con hasta dos años de cárcel, mientras que en el caso de la usurpación, la sanción se limita a seis meses de privación de libertad: si no hay antecedentes, no se pisa la prisión.

Otro estudio muy citado es el que elaboró el Institut Cerdá en 2017, que cifró en 87.000 el número de familias que okupan en España, lo que arrojaba un total de 262.500 personas viviendo en esta situación. Pero algo que también aporta este mismo informe es que, según los expertos, entre las causas de este problema destaca un aumento en un 76% de hogares que no tienen ingresos y un escaso parque de vivienda social que contrasta con la gran cantidad de casas vacías que hay en España: más de medio millón, según el estudio, y 3,4 millones, según el último censo del INE, que data de 2011. Unas casas vacías que serían más que suficientes para alojar a las 87.000 familias okupas, y aún sobraría la mayoría, defienden desde hace años asociaciones como la PAH, para dedicarlas a alquiler social y abaratar los precios del alquiler.

Estos datos no impiden que entre parte de la población cunda el miedo. Sean muchos los okupas o sean pocos, el temor a intentar entrar en la casa de veraneo y encontrarla okupada es real. En estos casos, cabe aclarar, se trata siempre de delitos de allanamiento, por lo que el desalojo es inmediato. Además, es mentira, como se ha afirmado muchas veces, que solo se pueda desalojar durante las primeras 48 horas. Así lo garantiza, entre otras cosas, una sentencia del Tribunal Supremo, que a finales del año pasado amplió el concepto de morada a cualquier casa en la que se demuestre que se vive, es decir, que entrarían las segundas, terceras, cuartas viviendas y todas las que el propietario habite.

Por si esto fuera poca seguridad, el pasado mes de septiembre la Fiscalía General del Estado dio instrucción de pedir desalojo cautelar siempre que haya indicios relevantes de que una persona ha entrado en una vivienda sin permiso del propietario, tanto en los casos de allanamiento como en los de usurpación. A ello se añadió el mismo mes otra instrucción del Ministerio del Interior que buscó facilitar la tarea de los policías en casos de desalojo por okupación flagrante o en desalojos cautelares.

En todo caso, aunque existan dudas razonables (viviendas vacías mucho tiempo o inquilinos que presentan contratos de alquiler falsos, por ejemplo), siempre se puede decretar el desalojo cautelar. Así lo explica el juez Adolfo Carretero, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que, tras casi 30 años en los juzgados, no recuerda haber visto casi ningún caso de okupación de una vivienda de un particular. "Todas las okupaciones son de bancos o de inmuebles deshabitados. Y si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto, desalojo cautelar y en el juicio ya se verá", relata.