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La hermana mayor de Manuel José García Caparrós tenía veinte años cuando asesinaron a su hermano. Era la mañana del 4 de diciembre de 1977 cuando el joven Manuel José, de tan solo 18 años de edad, recibió "varios disparos al aire" en la conocida manifestación que pedía la autonomía andaluza en plena Transición democrática. "Han pasado 42 años y es el mismo tiempo que llevamos sin respuesta. Sin tener ningún detalle que nos permita ver la luz", aclara.
Recientemente, la hermana mayor del joven asesinado presentó en el Palacio de San Telmo un escrito para citarse con el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y aclarar los detalles que llevaron en 2017 a la diputada de Izquierda Unida Eva Sempere a pedir una comisión de encuesta para revisar las actas del Congreso de los Diputados posteriores a los días del asesinato. "No hemos podido avanzar nada. Solo hemos visto iniciales de quién le disparó, pero el crimen de mi hermano sigue impune, y la documentación, bajo secreto de sumario".
Archivada y sin desclasificar después de 42 años
El abogado que lleva el caso, Luis Ocaña, sentencia a Público que toda la documentación se encuentra totalmente "archivada". "No hay ninguna novedad a ese respecto porque la causa penal se archivó a mediados de los años 80". La falta de rigor en la investigación y custodia de las pruebas hicieron que "el cierre de la investigación garantizara la impunidad a efectos penales".
La comisión de encuesta sobre el asesinato del joven andaluz Caparrós se encuentra oculta bajo la Ley de Secretos Oficiales cuarenta y dos años después de los hechos. En octubre de 2017, Sempere fue la única que tuvo acceso a aquella documentación. Puri García Caparrós, su hermana, recuerda a Público cómo no podía ni hacer fotos cuando accedió a la causa archivada. "No la dejaron entrar ni con el móvil. Solo con un folio y algo para apuntar". Hasta el momento, las páginas de las actas solo han sido accesibles para esta diputada con la mayoría de los implicados tachados en sus interrogatorios voluntarios, que se archivaron pocas semanas después de la manifestación de 1977 a favor de la autonomía en la ciudad de Málaga, escenario donde se produjo el asesinato de Caparrós.
Posteriormente a la petición de encuesta realizada por Sempere, la anterior presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se encontró con "el rechazo de la desclasificación" de los documentos. El motivo fue, según recuerda Puri, "proteger la identidad de los cuerpos de Seguridad durante cincuenta años", en relación al asesinato del joven manifestante.
Dos años después de aquel intento, las hermanas García Caparrós siguen batallando. Han hecho una petición para reunirse con el actual presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, para "arrojar algo de luz al caso" y reclamar la revisión de aquellas actas. "Esperamos que la comparecencia ante el Congreso del actual presidente pueda surtir efecto y que acceda a realizar averiguaciones sobre el caso". Además, esperan que Sánchez, cuando tome posesión como presidente del Gobierno, pueda mantener una reunión con ellas para establecer vías de acceso al sumario.
2.663 víctimas de la Transición con el caso sin resolver
García Caparrós es una de las 2.663 víctimas de la Transición que tiene pendiente el esclarecimiento de su caso. Uno de aquellos asesinados por violencia política entre heridos, muertos y hospitalizados desde la muerte de Franco en 1975 hasta 1983.
Loli García Caparrós, otra de sus hermanas, tenía solo doce años cuando un grupo de policías llegó a su casa informando sobre el "supuesto accidente" que había sufrido su hermano. No puede olvidar ningún detalle. La lucha que inició su padre y que ella con sus hermanas siguieron tras su muerte. "Mis padres vivieron como una losa la muerte de mi hermano. ¿Cómo íbamos a confiar en las autoridades si desde la muerte de mi hermano los policías nos mintieron?". Loli recuerda cómo a su padre le dijeron que había sufrido un accidente de coche. "Cuando lo vimos era evidente que le habían disparado. Sabíamos que aquella era una verdad oculta que continúa hoy 42 años después de los hechos".
Carlos Carmona fue uno de los testigos que encontró al joven en medio de la estampida cuando la bandera andaluza fue colocada en la Diputación en la manifestación que se desarrollaba en la Alameda de Colón de Málaga. Cuando Manuel José estaba herido, subió a un coche para intentar recuperar fuerzas y llegar vivo al hospital civil. Murió en aquel trayecto, sin lograr esclarecer qué agente de aquella Policía armada efectúo los disparos al aire. "A mi padre no le dejaban ver el cuerpo. Tuvo que insistir mucho para poder verle la cara a mi hermano y reconocerlo", apunta Loli.
"Es una pena dejar perder día tras día"
Luis Ocaña, como abogado experto en el caso Caparrós, recuerda a Público cómo aquella comisión de encuesta que permitió vislumbrar las actas del Congreso en 2017, "más que a esclarecer, ayudó a confirmar ciertos datos que ya teníamos. La cuestión es que no se ha facilitado aún la documentación completa y sin tachaduras, por lo que aún no conocemos íntegramente el contenido ni de las actas ni de los documentos que integran ese expediente".
Todo aquel movimiento que se realizó en el 40 aniversario del asesinato de Caparrós tampoco permitió esclarecer el caso de uno de los sumarios más polémicos de las víctimas de la Transición. "La efeméride del 40º aniversario del 4 de diciembre de 1977 hubiera sido sin duda mejor con la resolución de este asunto. Esa hubiera sido una muestra de madurez democrática que no se ha dado. Es una pena dejar perder día tras día la oportunidad de aclarar y reconocer la verdad, reparar el daño y hacer justicia".
La losa de la Ley de Secretos Oficiales
Y es que la losa de la Ley de Secretos Oficiales pesa en la totalidad de los sumarios de estas víctimas de la Transición de manera muy negativa. "Se está aplicando de forma absurda. Las leyes deben facilitar el cumplimiento de las normas superiores, como lo son los tratados internacionales existentes en la materia, como las resoluciones de la ONU. Es inexplicable que la documentación del caso del asesinato de Kennedy haya sido desclasificada y, sin embargo, más de 40 años después, la familia García Caparrós no haya podido ver la documentación oficial completa".
Rosa Burgos ha sido la única investigadora que tuvo acceso en 2005 al sumario íntegro 161/1977 que se abrió en el juzgado de Málaga sobre el homicidio de Manuel José García Caparrós y otros delitos. Burgos destacó que las iniciales del posible autor, “M.P.R”, correspondían a un joven policía que disparó aquella bala que asesinó a Manuel José en medio de una manifestación de casi doscientas mil personas.
A día de hoy no se ha cumplido con la familia. No conocen toda la verdad y no ha existido reparación, por lo tanto no ha habido justicia. "A nadie se le escapa que las instituciones autonómicas no han estado a la altura en este caso y esa situación de déficit de atención y adopción de medidas debe ser corregida" concluye Ocaña a Público.
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