Desde este miércoles, las víctimas de violencia de género no necesitarán denunciar o tener una sentencia judicial para obtener el título que las reconozca como tales y poder acceder a una batería de medidas sociolaborales. Así lo ha acordado Gobierno y comunidades autónomas en la conferencia sectorial en la que aprobaron un modelo común para realizar esta acreditación. 

Hasta el momento la condición de maltratada era reconocida solamente cuando existía una sentencia judicial, una orden de protección previa denuncia, o un informe del Ministerio Fiscal que indicase la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género.

A partir de ahora, podrán recabar este reconocimiento en diversas instituciones públicas decretadas por cada comunidad autónoma, como son los institutos de la mujer, los centros asesores de la Mujer, servicios sociales, y otros organismos que cada una designe.

Esta medida estaba contenida en el pacto de Estado aprobado en el Congreso en septiembre de 2017, y posteriormente había sido desarrollada en el decreto de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. Este título habilitante será reconocido en todo el territorio nacional, por lo que cubrirá a aquellas víctimas de violencia que se desplacen a otro territorio huyendo de esa violencia.

Sólo una de las 15 asesinadas en 2019 denunció

Muchas de las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian ni piden ayuda. Según datos oficiales, tres de cada cuatro asesinadas por sus parejas o exparejas nunca habían presentado una denuncia, ni alertado de la necesidad de protección. Tan sólo una de las 15 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año había presentado denuncia. El miedo a posibles represalias o a denunciar a su pareja sentimental, tiene como consecuencia que muchas hayan renunciado a recibir asesoramiento o posibles beneficios sociales y laborales que les hubieran permitido aliviar su sufrimiento o haber podido alejarse de su agresor.

La posibilidad de obtener el título de víctima de violencia de género a través de organismos oficiales, les permitirá, entre otras cosas, "reducir o reordenar su tiempo de trabajo, acceder a la movilidad geográfica o al cambio de su centro de trabajo o incluso a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de y a la extinción del contrato de trabajo", tal como reconoce la ley de violencia de género de 2004, medidas que hasta ahora estaban reservadas a aquellas que denunciaran o tuvieran una orden judicial.

El objetivo de esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, "es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso", tal como han explicado fuentes de la Secretaría de Igualdad.

Sin embargo, tal como afirma el Gobierno, "la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial".

100 millones para combatir la violencia machista

En la reunión, también se han acordado los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal y como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cumpliendo así con los plazos de ejecución de los fondos. El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.

Los fondos serán destinado también, al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral. 

La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo.

Asimismo, tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población. La Conferencia Sectorial ha dispuesto 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Del total, 6,5 se destinan a programas para la asistencia social   integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.