Cuarenta municipios, entre ellos Málaga, Bilbao, Sevilla, Barcelona y Valencia, Madrid, han pedido que los ayuntamientos tengan más autonomía para luchar contra la violencia machista y que se cree, de una vez, la comisión de seguimiento del pacto de Estado en un foro organizado por el Ayuntamiento de Madrid.

El 'Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género', que se ha reunido en el centro cultural Matadero de Madrid este fin de semana, ha pedido "mayor claridad y autonomía" en las competencias y financiación de las políticas municipales contra la violencia machista.

Todos los participantes del evento, que se había convocado con anterioridad a la presentación del borrador de presupuestos por el Gobierno, han criticado duramente la decisión del Gobierno de no incluir en ellos los 200 millones de euros comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia machista. Veinte de esos millones debían estar destinados a financiar las acciones y políticas municipales en materia de prevención y atención a las víctimas de ese tipo de violencias.

Este encuentro, donde A Coruña, Málaga, Bilbao, Salobreña, Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid han sido las ponentes, ha reclamado como municipal esta competencia para lo que es preciso "una reforma urgente de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)". Esta ley, modificada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, y conocida popularmente también como Ley Montoro, supuso una pérdida de competencias de los Ayuntamientos y entes locales en materia de violencia de género. 

Las responsables municipales, unas 200 representando a 40 municipios de toda España, han defendido la importancia clave que tienen los ayuntamientos y entes locales en la prevención y acompañamiento de las víctimas y en la lucha contra la violencia de género, por su cercanía a la población. Se han comprometido a apoyar desde los ayuntamientos la lucha y actuaciones contra todas las violencias machistas, tal como establece el pacto de Estado y el Convenio de Estambul, no sólo a la que se produce entre la pareja o expareja. 

Entre las conclusiones alcanzadas en el foro se apuesta también por un enfoque interseccional que permita atender a "necesidades concretas y discriminaciones múltiples de las mujeres para su salida de la violencia" y se propone crear "unidades de apoyo locales o mesas locales de coordinación" previstos en el Pacto de Estado.

Además se exige la "creación inmediata" de la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto y se propone alcanzar un acuerdo de "estándares mínimos de servicios de respuesta a la violencia" para que "una mujer, viva donde viva, tenga garantizados sus derechos tanto en disponibilidad de recursos como en calidad y accesibilidad".

Estos municipios, que elaborarán un manifiesto, también piden que el personal encargado de atender los recursos contra la violencia no sea precario sino "suficiente y estable", para lo que exigen al Gobierno central proyectos de ley que así lo garanticen, según detalla el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

Durante el encuentro, la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, ha exigido que el Gobierno cumpla sus compromisos y financie el Pacto con 200 millones de euros como prometió y no con 80 como ha presupuestado, pidiendo el resto a las comunidades autónomas (100 millones) y a la administración local (20 millones).

Para Mayer, el menor presupuesto es "terriblemente grave" y los 80 millones asignados suponen una cifra "irrisoria" (el 0,02% de los Presupuestos Generales del Estado) que, en su opinión, muestra un "problema de voluntad política en el Gobierno de España" y deja en la "precariedad absoluta" a los ayuntamientos, que no podrán "abrir recursos ni prestar la atención integral" que se merecen las mujeres