El pasado 8 de marzo, coincidiendo con las masivas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciaba la puesta en marcha del "primer curso de formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces que quieran acceder a cualquier especialidad". Esta institución comenzaba a cumplir así con lo establecido en la reforma de la ley del Poder Judicial, acordada en el Congreso de los diputados el pasado diciembre en cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia de género.

Se trata de una medida largamente esperada y postergada durante demasiados años. Ya en la ley de integral contra la violencia de género de 2004, algunos de los puntos clave que figuraban en su articulado hacían referencia a la necesidad de formación de jueces y otros operadores jurídicos (secretarios judiciales, equipos psicosociales, fiscales, etc.) en perspectiva de género. Se trataba de garantizar que las mujeres y las niñas accedieran a la justicia en condiciones de igualdad y libres de prejuicios y estereotipos, porque sin este enfoque, explican muchas expertas, la justicia se convierte en un arma de discriminación institucional.

Debido al amplio incumplimiento de esta ley que está por cumplir 15 años de vida, el pacto de Estado contra este tipo de violencias, aprobado por el Congreso de los Diputados en Septiembre de 2017, volvía a la carga con esta medida. Su punto número 160, hace hincapié en la necesidad de "introducir más temas de derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad, en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial, y formación continua anual, impartida por el Consejo General del Poder Judicial, pasando esta materia a ser obligatoria y evaluable. Asimismo introducir pruebas especificas en violencia de género, como requisito para concursar a órganos judiciales especializados". El pacto, además, pedía poner en marcha "planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable" para el sistema judicial.

Sin embargo, a pesar de las recientes reformas legislativas y los pasos dados por el CGPJ, estos cambios tardarán años, tal vez décadas en comenzar a hacerse patentes en la impartición de justicia. Tal como explican fuentes del CGPJ, el curso sobre perspectiva de género en la justicia que esta institución ha comenzado a ofertar y que se pondrá en marcha probablemente en el próximo mes de mayo, va dirigido a jueces, juezas y fiscales que quieran acceder a cualquier tipo de especialidad dentro de la carrera judicial.

Para hacerlo, será obligatorio que presenten un certificado que acredite haber completado una formación en perspectiva de género. Sin embargo, aún no está elaborado ni el currículum de esta formación, ni su duración. Lo que sí parece que está claro es que se tratará de un curso online. Fuentes del CGPJ explican a Público que, debido a que el cambio en la Ley del Poder Judicial en este aspecto se introdujo en una enmienda en el Senado durante el proceso de tramitación, y que esta norma recién se entró en vigor en enero pasado, "no ha habido tiempo material para poner elaborar el contenido", que éste será diseñado internamente por expertos en formación de esta institución y posteriormente recabará el visto bueno del Observatorio de Igualdad del CGPJ. Esta institución está obligado a poner este curso a disposición de los jueces que deseen hacerlo, pero no hay obligación de hacerlo allí, tal como resaltan fuentes del gobierno de los jueces.

Sin este requisito, es decir, sin presentar un certificado que acredite la realización del curso sobre perspectiva de género, podrán seguir ejerciendo como jueces, pero se le cerrarán las puertas a acceder a una promociones o a una especialidad. 

Una formación sin retroactividad

Distinto es el caso de los jueces o juezas quieren acceder a partir de ahora a un puesto en un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Según la reforma de la Ley de Poder Judicial, a partir de este año deberán cursar una especialidad que impartirá el propio CGPJ a través de la Escuela Judicial, de la misma forma que hoy ocurre con otras especialidades como el derecho mercantil. 

Sin embargo, tal como explican fuentes del CGPJ, ninguna de estas medidas recogidas en la ley son de carácter retroactivo. Es decir, que los jueces y juezas que ya tengan plaza en  juzgados especializados en violencia de género, no están obligados a realizar la especialización sobre esta materia, y que los que ya hayan accedido a alguna especialidad convocada antes de la entrada en vigor de la ley, no tendrán que acreditar haber cumplido con un currículum básico sobre perspectiva de género. "Los cambios se irán haciendo paulatinamente, según vayan quedando plazas vacantes en los juzgados de violencia contra la mujer" y aclaran que esta institución no puede obligar a los jueces y juezas a formarse.

Para algunas expertas juristas feministas consultadas por este diario, lo que se pone sobre la mesa es lo deficiente que es el sistema de actualización de conocimientos de jueces y juezas en este país en términos generales. Resaltan que, tras pasar por un sistema de selección muy exigente al comenzar su carrera, una vez que terminan el año de formación obligatorio antes de comenzar a ejercer, pueden no realizar ningún curso de especialización. Es decir, no están obligados a formarse en los avances legales ni existe ningún plan de evaluación de contenidos.

Según una experta que prefiere mantener el anonimato, "un juez que haya aprobado las oposiciones en 1985, a fecha de hoy no tiene porqué haberse estudiado las reformas del código civil. Se supone que lo hará, pero no hay ninguna medida prevista de evaluación de los conocimientos".

¿Y qué pasa con la necesidad de formar a todos los operadores jurídicos en perspectiva de género? Tanto la ley integral contra la violencia de género, como el pacto de Estado contra estas violencias, incluyen en su articulado la necesidad de que todos los operadores jurídicos tengan formación en perspectiva de género para evitar prejuicios y revictimización de las víctimas de esta violencia. Además, Naciones Unidas condenó al Estado español en 2014 por el asesinato de la hija de Ángela González Carreño y recomendó a nuestro país poner en marcha una serie de medidas urgente, como la formación de todo el estamento judicial que participara de  una u otra forma en un procedimiento de violencia de género.

Sin embargo, fuentes del CGPJ afirman que esta institución sólo tiene competencias sobre los jueces y las juezas y que en ocasiones oferta formación a otros colectivos, pero de forma puntual.

"Lo triste es que muchos años después de la entrada en vigor de la ley de violencia, que ya había identificando que podía haber algún tipo de problema relacionado con la comprensión por parte de jueces y juezas del fenómeno de la violencia de género, estemos todavía con que la formación no es obligatoria, no está definida, no sabemos muy bien que requisitos se van a fijar, no se evalúa y no se actualiza", afirma Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres.

"Estamos viendo que, más allá de la necesidad de formación, hay otro problema al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual o de violencia de género, que no tiene que ver exclusivamente con el conocimiento de sus señorías, sino con su posición ideológica", afirma Soleto. Un ejemplo muy claro, señala, es el voto particular del juez de La Manada (Ricardo González), que vio jolgorio en la violación de la joven por parte de cinco hombres. "¿Lo identificamos como un problema de formación?", se pregunta Soleto, para responderse: "En absoluto. Lo identificamos con un problema de creencias y valores que está afectado severamente a la calidad de la justicia que reciben las mujeres".

"Nos pasa con la formación de jueces y juezas, lo mismo que nos pasa
con la sociedad en su conjunto. Cada vez que nos enfrentamos un
problema sin solución le pegamos una patada hacia el futuro diciendo
que se arregla con formación, cuando en realidad la formación es sólo
uno de los mecanismos para asegurar la calidad de la atención jurídica
que reciben las mujeres victimas de violencia de género, pero que dependen también de otros factores", explica Soleto.

Por ello, desde su organización y desde otras que se dedican a dar soporte y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia machista, "hemos pedido no sólo que se desarrollen los sistemas de formación, sino que se establezca un sistema de supervisión y garantía de calidad de la Justicia, que tiene que estar activo y que tiene que poner en marcha el propio CGPJ", añade Soleto.

"Y así estamos, década y media después de la aprobación de la ley de 2004, sin que los pilares de la calidad de la atención a las mujeres en el sistema judicial esté consolidados y sabiendo que aún tardaremos varios años en ver si tiene efectos positivos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dispuestas a esperar y cómo se medirá la eficacia de este tipo de medidas?", concluye Soleto.

Manuela Torres Calzada, abogada experta en violencia de género y menores de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera positivos los pasos adelante, pero resalta también que vamos a tardar mucho tiempo en comenzar a ver los resultados. La no retroactividad de la ley y la ausencia de sistemas de control en la calidad de las decisiones judiciales, será para esta experta un nuevo retraso en medidas que se habían considerado imprescindibles ya cuando se aprobó la ley contra la violencia de género hace ahora casi 15 años.

"Los titulares de los juzgados de violencia contra la mujer tardarán muchos años en ser sustituidos por otros que se vayan a formar a partir de ahora, por lo que estamos en una espiral. Estos profesionales deberían acreditar una capacitación, un reciclaje, igual que ocurre con médicos cirujanos, por ejemplo, que tienen que ponerse al día en nuevas técnicas", explica Torres. "Tampoco sabemos a día de hoy cuál es el alcance esa formación, ni quiénes son los expertos o expertas que van a dar esos cursos, ni a qué se considera un experto, ni el contenido de los cursos, ni si habrá alguna forma de evaluación de los mismos", añade.

Para ejemplificar la necesidad de control sobre las decisiones judiciales, Torres pone como ejemplo la concesión de las ordenes de protección a mujeres víctimas de violencia de género, "donde hay juzgados que sólo conceden un 20% de las solicitadas, en cambio otros llegan a dar el 80 o 90%. ¿Qué pasa, que en unos juzgados unas mujeres acreditan la necesidad de protección y en otros no?. No, esto va en función del juez o la jueza que esté en esos juzgados y las cifras así lo acreditan a lo largo del tiempo y de forma sistemática. Lo que provoca esto es que las mujeres estén más o menos protegidas dependiendo de qué juzgado te toque".

Para Torres, "tiene que haber un reciclaje, porque todo lo demás es parchear. No podemos estar a la suerte de qué juzgado te toca, eso no vale. Porque la independencia judicial está muy bien, pero ¿donde queda la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos de las víctimas? Tendrán que estar en la misma balanza, ni por encima ni por debajo", concluye Torres.