A CORUÑA.- Rosi acabó su turno de noche en una empresa auxiliar de Citroën en Vigo y se dirigió al hospital Álvaro Cunqueiro para visitar a su madre enferma. Entró en el centro a las 6.25 de la mañana por una de las entradas principales y a los pocos metros se desplomó en el pasillo. Una persona que pasó a su lado, y que no hizo nada por auxiliarla, declaró que tenía “estertores de moribunda”. A las siete de la mañana la encontraron muerta. Tenía 49 años y dos hijos.

Todo esto sucedió hace nueve meses, el 14 de enero. Y el viudo de Rosi, Francisco Javier Barros, denuncia que en todo este tiempo nadie ha hecho nada. “Ni siquiera tenemos los resultados de la autopsia”, asegura. Lo único que ha sabido desde entonces es que las grabaciones de la cámara de seguridad que vigila el pasillo han sido borradas. “Por ley, el hospital tenía que guardar el disco duro de esas horas por que el asunto está sometido a a investigación judicial –lo lleva el juzgado de Instrucción número 5 de Vigo-. ¿Qué se ve en esas grabaciones para que se quiera ocultar su contenido?”, se pregunta.

Barros denuncia la pasividad de las administraciones, de los partidos con representación parlamentaria que no se han interesado por el caso, de la junta de personal del Álvaro Cunqueiro, del Ayuntamiento de Vigo y, sobre todo, de la Xunta y del responsable de la sanidad gallega, el conselleiro José Vázquez Almuiña, a quien acusa de engañarle y de mentirle. “El día del entierro de mi mujer me prometió que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) abriría una investigación y que se aclararían los hechos. Desde entonces, ni una llamada, ni una comunicación. Nada”.

Este redactor ha recabado la opinión de la Consellería de Sanidade, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de Barro, quien pone en duda los sistemas de seguridad del centro: “En la puerta por donde mi mujer accedió al hospital hay un cartel que dice que no se abre hasta las 6.30. ¿Por qué estaba abierta cinco minutos antes? ¿Por qué nadie vigilaba las imágenes de las cámaras de seguridad? El vigilante del párking sí lo hace. ¿Es que cuidan más a los coches que a las personas?”, inquiere. También lamenta que hasta el momento no se haya interrogado a ningún testigo. “Diez meses después, cualquiera puede olvidarse de muchos detalles. ¿Por qué no han llamado a declarar a nadie hasta ahora? ¿Por qué dicen que a mi mujer la atendieron los servicios del 061, cuando en las grabaciones de las otras cámaras se ve que es el propio personal del centro el que lo hace?”.

El juzgado ha decidido declarar la causa como “compleja” para no tener que cerrarla, pues la nueva ley de enjuiciamiento criminal le obligaría a hacerlo a los seis meses de comenzada la instrucción. Pero no parece que el asunto sea tan complejo como para que ni siquiera los resultados de una autopsia realizada hace nueve meses hayan llegado a la familia de la fallecida. “Lo único que me ha llegado hasta ahora del juzgado es una providencia instándome a nombrar procuradora. ¿Es que nueve meses no son suficientes para al menos conocer los resultados de la autopsia?”.

Demasiadas preguntas sin respuesta. Y Barros, que se enteró de la muerte de su mujer cuando la llamó al móvil a las ocho de la mañana, porque nadie se puso en contacto con él cuando la hallaron muerta, necesita tenerlas: “No busco culpables, sólo saber qué le sucedió a Rosi para poder explicárselo a mis hijos”.