Catalunya se hará cargo del alquiler de personas con fecha de desahucio

El Govern de la Generalitat se hará cargo por un periodo de entre cinco y siete años del alquiler de aquellas personas que estén en riesgo de desahucio con fecha estipulada y dispongan de un informe favorable de la Mesa de emergencias.

Lo ha explicado este miércoles la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, acompañada del secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala, durante la presentación de la ampliación del programa 'Reallotgem', que busca parar y minimizar el impacto de los desahucios.

Cervera ha detallado que cuando haya un desahucio con una fecha señalada la Agència de l'Habitatge de Catalunya se pondrá en contacto con los propietarios para ofrecerles pagarles un alquiler de dos o tres meses. Durante ese periodo de tiempo evaluarán los casos de las personas que están en riesgo de ser desalojadas para averiguar si cumplen los requisitos para estar en la Mesa de emergencias y negociarán con los propietarios.

Si los propietarios aceptan que estas personas puedan seguir en la vivienda, la agencia asumirá la deuda pendiente con la propiedad de los últimos seis meses y se hará cargo del pago de un contrato de alquiler durante cinco o siete años.

La familia deberá aportar entre el 12  18% de sus ingresos para contribuir al alquiler

En función de la normativa vigente y de acuerdo con lo establecido por la ley 24/2015, la familia deberá aportar el 12, 13 o 18% de sus ingresos ponderados para contribuir al alquiler, una cifra que el departamento de Derechos Sociales estima que sea de una media de 70 euros mensuales y el resto lo cubrirá la Generalitat, explica el Ayuntamiento.

Medida preventiva

"Queremos evitar la angustia que sienten estas personas al ver que pueden perder inminentemente su vivienda y que tengan al menos este margen de dos o tres meses para poder negociar estas medidas", ha dicho Cervera.

Sala ha especificado que la medida pretende actuar de forma preventiva ante los desahucios y que uno de los requerimientos para poderse acoger a ella es que quien tenga la titularidad de la vivienda no esté obligado a ofrecer un alquiler social.

Asimismo, ha explicado que ya tienen los datos de 185 familias con quienes se pondrán a trabajar inmediatamente para que no pierdan la vivienda donde están, así como que la medida también contempla avanzar la renta de 18 meses si el piso necesita obras.

Alternativa

Si tras las negociaciones con el propietario no se ha logrado que este ofrezca el piso en alquiler, mediante otros mecanismos del programa 'Reallotgem' y con la colaboración de los ayuntamientos se buscará una alternativa de vivienda para estas personas.

El próximo 9 de agosto acaba la moratoria que prohíbe el desahucio de familias vulnerables decretado por el Gobierno español durante la pandemia y prorrogado tres meses en mayo, al acabar el estado de alarma.

"Tenemos una situación de gran incertidumbre sobre si habrá o no una prórroga de la moratoria de los desahucios por parte del Estado y nos sorprende que el Gobierno más progresista de la historia a estas alturas no haya decidido cómo resolverla", ha expresado Sala ante esta circunstancia. Ha añadido que no puede ocurrir que como en la crisis del 2008 se prorroguen medidas en lugar de ofrecer una solución estructural y ha asegurado que la Generalitat sí está ofreciendo un programa estructural.

La nueva medida del programa 'Reallotgem' es aplicable a cualquier tipología de desahucio, cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros y entrará en vigor de forma inmediata.