BRUSELAS.- Se trata de jóvenes españoles que han tenido que emigrar para buscarse la vida a ciudades como Viena, Dublin, Marsella, Londres o Estrasburgo, entre muchas otras. Son los grandes olvidados de la crisis: emigrantes que han tenido que marchar por la falta de perspectivas de futuro. Exiliados económicos que han denunciado, desde Bruselas, las políticas al dictado de las élites económicas que les han forzado a abandonar sus hogares y a perder, en algunos casos, derechos fundamentales como el acceso a la Sanidad o el derecho al voto.

Unas víctimas, por cierto, que por fin se han puesto cara entre ellas, pese a que ya trabajaban conectadas en red desde hace años. Ha sido en el marco de las jornadas organizadas por Izquierda Unida, Juventud y Exilio, promovidas por la europarlamentaria Marina Albiol. “Es importante traer al Parlamento Europeo la personificación del fracaso de las políticas de la UE, aplicadas sin rechistar por nuestros gobiernos. Entendemos que una buena forma era hacer estas jornadas y traer a jóvenes que han tenido que emigrar por cuestiones económicas”, explica la eurodiputada a Público.

Marina Albiol: "Es importante traer al Parlamento Europeo la personificación del fracaso de las políticas de la UE, aplicadas sin rechistar por nuestros gobiernos"

Estas jornadas tienen dos objetivos claros: denunciar las políticas que han obligado a los jóvenes a abandonar su país y crear un punto de encuentro para la creación de redes entre las diferentes organizaciones invitadas: el Consejo de la Juventud, los Jóvenes de Izquierda Unida y la Marea Granate, un colectivo formado por jóvenes emigrantes españoles que, recogiendo el espíritu del 15-M y de las mareas ciudadanas, luchan por los derechos que les han sido arrebatos y contra aquellos que han forzado su marcha al extranjero. Su color es el granate como el de sus pasaportes.

Tres reivindicaciones clave

Sobre la mesa se han puesto tres reivindicaciones principales. La primera de ellas ha sido la petición de acabar con el voto rogado, que dificulta y en ocasiones imposibilita que muchos españoles emigrantes puedan votar en las elecciones. Se da la circunstancia de que este 2015 es además un año excepcionalmente intenso en cuanto a sufragios se refiere. Además de las pasadas elecciones andaluzas, quedan en el horizonte las próximas municipales y autonómicas, las catalanas y las generales.

El voto rogado es el ruego que el votante en el extranjero debe realizar para poder ejercer su derecho al voto. Un ruego que se traduce en una maraña burocrática que dificulta y en ocasiones impide que se pueda ejercer ese derecho. Con este tipo de sufragio censitario, implantado en 2010 fruto del acuerdo entre PP y PSOE, se han alcanzado cuotas de abstención nunca vistas.

El nuevo sufragio censitario: en las pasadas elecciones europeas votaron sólo el 4,5% de los inscritos en el censo extranjeros. En las andaluzas, sólo un 3,8%

En las pasadas elecciones europeas votaron sólo el 4,5% de los inscritos en el censo de extranjeros. En las andaluzas, sólo un 3,8%. Unos porcentajes que distan enormemente de los que se registraban antes de la implantación de esta traba burocrática. El retraso en la llegada de las papeletas, el cierre excesivamente anticipado de los censos, sin ninguna alerta previa, la dificultad para inscribirse en los consulados o la poca información al respecto son algunas de las claves que explican estos trágicos datos.

Además no hay que olvidar que el censo no recoge la totalidad de los emigrantes españoles reales. Muchos no se inscriben por miedo a perder su derecho a la sanidad en España. Además, si lo hacen, automáticamente dejan de poder votar en las elecciones municipales.

La europarlamentaria Marina Albiol, en una imagen de archivo.

“Detrás de todas las trabas que están poniendo hay una voluntad política de que eso sea así. Esto le viene muy bien a los partidos del régimen porque las personas que a consecuencia de estas políticas han tenido que salir fuera, en principio, tenderían a votar por el cambio”, explica Marina Albiol. “Es una manera de quitarse unos cientos de miles de votos. No es casual. Es la cuadratura del círculo: 'primero hacemos unas políticas que te obligan a emigrar y encima, cuando estás fuera, te impedimos en la práctica ejercer tu derecho al voto para que no puedas echarnos, ni volver'”, prosigue la eurodiputada.

¿Sanidad universal?

La segunda de las reivindicaciones de los jóvenes exiliados tiene ver con el derecho, sin restricciones, a la sanidad pública y gratuita. Actualmente la ley que impulsó el PP limita de facto el acceso a la sanidad de los emigrantes españoles de modo que, los parados que estén 90 días fuera de España, pierden el derecho a la tarjeta sanitaria.

“El PP vinculó con un decreto ley el derecho a la sanidad pública con la tenencia o no de un trabajo. El modelo de ciudadanía se ha sustituido por el de asegurados, donde no todo el mundo está cubierto”, explica Faustina González, de la Marea Granate, que recuerda que existen numerosos casos de exiliados que han perdido, gracias a este decreto ley, el derecho a la atención sanitaria.

Marea Granate:
“El PP vinculó con un
decreto ley el derecho a la sanidad pública con la tenencia o no de un trabajo"

González añade además que la Tarjeta Sanitaria Europea, que antes se expedía para aquellos ciudadanos desplazados en Europa, ahora sólo se puede adquirir si obtienes un contrato indefinido en tu país de acogida, algo que sólo sucede en casos muy excepcionales. El mismo Gobierno fue el que lo restringió y propuso a su vez un parche ilegal para subsanar el recorte: expedir un certificado provisional susstitutorio de manera masiva para dar cobertura a los emigrantes españoles, cuando en realidad, este tipo de certificados van dirigidos a casos muy puntuales. Un tema por el que Izquierda Unida ya ha preguntado en el Parlamento Europeo, constatando la irregularidad de este uso y tratando de que Europa dé un toque de atención a España al respecto.

Expulsiones de europeos... en Europa

Por último, está el tema de las expulsiones de ciudadanos europeos en sus países de acogida cuando estos consideran que el inmigrante supone una carga excesiva para el sistema. Bélgica – el caso más flagrante-, Reino Unido, Alemania o Francia son algunos de los países que están llevando a cabo estas prácticas acogiéndose a la directiva 2004/38, que se ha traducido en 7.000 expulsiones entre 2011 y 2013, según los datos que maneja Marea Granate.

Según Ernest Urtasun, de Izquierda Plural (ICV), uno de los europarlamentarios españoles que ha participado en las jornadas, se trata de una vulneración clara de los tratados, un incumplimiento de la legislación comunitaria. “Esta reclamación me parece crucial porque, con la ley en la mano, tenemos razón”, ha sentenciado, a la vez que ponía de manifiesto el peligro de este tipo de comportamientos con el auge de la extrema derecha en Europa. “Por ejemplo Bélgica, el año pasado, expulsó a más de 4.812 personas, entre ellas 290 españolas. Lo permite esta directiva que va en contra de los principios de la UE”, incide Marina Albiol.

La Marea Granate, que ha demostrado durante las jornadas haber realizado un arduo trabajo en los últimos años tratando de suplir la pasividad política respecto a este tema, ya se ha convertido por mérito propio en una referencia en cuanto a la problemática de los exiliados económicos, como podría ser la PAH en los desahucios o las mareas ciudadanas en Sanidad o Educación.

De hecho, este colectivo presentó el año pasado una petición en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para tratar de denunciar la vulneración de la legislación con los expulsados. Por ello, el colectivo ha pedido a todos los europarlamentarios españoles, incluidos a los del PP, que no han hecho acto de presencia en ninguna de las jornadas sobre esta problemática, que apoyen la iniciativa para conseguir una mayor presión en Europa.