Cuando Telefónica anunció su intención de recortar 6.000 empleos en España (ahora ampliados a 8.500), el Gobierno se apresuró a buscar una fórmula para salvar la imagen que iba a generar la aprobación del expediente. Pocas opciones de rechazarlo va a tener, puesto que se espera que haya pacto entre empresa y sindicatos. Nació entonces la enmienda al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo que quiere obligar a las grandes compañías en beneficios a asumir el coste de las prestaciones por desempleo de un ERE.

Telefónica presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo el borrador de solicitud de expediente, que ha empezado a negociar con los sindicatos, y de repente saltaron las alarmas. La negociación, que Telefónica ha vinculado al convenio colectivo tal y como le pedían los sindicatos, tiene un plazo previsto de un mes. La enmienda está siendo tramitada en el Parlamento y podría ser que, para cuando entre en vigor, el ERE ya haya sido aprobado.

El coste de la prestación más la Seguridad Social es de 430 millones

¿Qué ocurriría entonces? El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que ha transmitido a Telefónica su 'preferencia' de que asuma el coste, ya que, al contrario que otros parados, los afectados no tienen intención de buscar otro empleo, informa Efe. Gómez aseguró que la compañía ha comunicado 'verbalmente en alguna ocasión su disposición' a aceptar pero aún así va a 'negociar con Telefónica' para asegurarse de que así sea, al tiempo que se 'agilizan los trámites para la entrada en vigor de la norma'.

CCOO difundió ayer un comunicado tras la reunión mantenida con la empresa en el que especificaba su exigencia de que el ERE 'no debe costar dinero al Fondo de Desempleo'. UGT, por su parte, planteó la posibilidad de que Telefónica destine a crear empleo el equivalente a lo que le costaría a las arcas públicas el paro si no está en vigor la norma. La fórmula más esperada, según fuentes sindicales, es que los afectados renuncien a la prestación y Telefónica les pague durante dos años tanto esta como el Convenio Especial con la Seguridad Social, tal y como hizo la banca durante años. En total, el ahorro para las arcas públicas ronda los 430 millones. Telefónica, por su parte, ha optado por no dar nada por hecho y vincular también este punto a la negociación. Fuentes de la compañía consultadas por Público manifestaron ayer: 'No hacemos ningún comentario hasta que nos sentemos a negociar el ERE'.

Trabajo aseguró ayer que la enmienda, aun cuando esté en vigor, no afectará al sector de las cajas de ahorros.