El informe de la Agencia Tributaria que ha dado lugar a la pieza separada del "Caso Malaya" en la que se imputa un delito fiscal al ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca establece que el primero dejó de abonar a Hacienda casi seis millones de euros.

Además de Román y Roca, por esta causa han prestado hoy declaración como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el abogado Juan German Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, refleja que Román dejó de ingresar una cuota en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de 2001 en relación con la sociedad Lispag, de nacionalidad suiza, de casi 1,6 millones de euros.

En el ejercicio 2002, Lispag, en la que están presentes los cuatro imputados, vendió el 90 por ciento de las participaciones de Yambali 2000, sociedad adquirida un año antes, lo que supuso un beneficio para Román de más de 4 millones de euros, de los que dejó de ingresar casi dos millones en concepto de IRPF.

La Agencia Tributaria establece además que entre 2003 y 2005, el ex primer teniente de alcalde de Marbella debió de llevar a cabo unas liquidaciones tributarias que suman más de 2,4 millones de euros referentes a las sociedades Mola 15, Fink 2010, Marbella Airways y Nuevos Aires 2002.

Sobre la venta de Yambali 2000, el informe señala que la cuota dejada de ingresar en el ejercicio 2002 por Roca superaría los 465.000 euros, mientras que en el caso de Hoffmann y de San Agapito sería de casi 233.000 euros y de más de 191.000 euros.

El documento por el que el juez instructor del "Caso Malaya" abrió pieza separada el pasado mes de abril estudia el patrimonio familiar de Pedro Román y su participación en sociedades mercantiles radicadas en España y en el extranjero.

Según la Agencia Tributaria, el ex teniente de alcalde actúa de administrador de todas las sociedades, que funcionarían "bajo una única caja", hecho que "es más evidente en las entidades constituidas en el extranjero, en las que los movimientos financieros entre las sociedades no guardan relación con las inversiones y beneficios de éstas".

Por su parte, fuentes de las defensas de los imputados han negado la existencia de un delito fiscal y han anunciado que presentarán informes periciales que demostrarán que no ha tenido lugar ningún tipo de infracción tributaria.