En un nuevo episodio de la guerra abierta entre Ryanair y Rumbo tras el accidente de tren del pasado 24 de julio en Santiago de Compostela, la agencia de viajes online ha respondido a las amenazas vertidas el viernes por la aerolínea a través de una carta en la que se reafirma en sus posiciones: insiste en que sólo la compañía irlandesa pudo inflar los precios de sus vuelos a la capital gallega tras el siniestro, como denunciaron algunos familiares de las víctimas que quisieron volar desde Madrid a Santiago, y además le acusa de haber emprendido una campaña contra Rumbo, plataforma en la que esos afectados dijeron haber realizado su reserva. 

En una carta fechada el lunes, que la agencia de viajes ha remitido al bufete de abogados de la aerolínea (ver PDF) y a la que ha Público ha tenido acceso, Rumbo considera 'inaceptable' que Ryanair 'esté utilizando el contexto del trágico accidente de Santiago para insistir en su estrategia de acoso a las agencias de viaje online y a Rumbo en particular'. Contestaba así a la misiva que la compañía aérea le había hecho llegar a través de sus abogados el pasado viernes y en la que instaba a desmentir sus afirmaciones acerca de que fue la aerolínea irlandesa la que incrementó el coste de los pasajes apenas 24 horas después del siniestro del Alvia.

Ryanair le lanzaba así un ultimátum: si antes de ayer, lunes, Rumbo no atendía a sus exigencias, iría a los tribunales. La empresa que preside Michael O'Leary consideraba en su carta que las declaraciones de la agencia insinuando que fue la aerolínea la que subió los precios suponen unas 'manifestaciones difamatorias', por lo que afirmaba que enunciaría a Rumbo 'por dañar la reputación, honor e imagen de Ryanair'. Apurando el plazo de ese ultimátum la agencia de viajes respondió, pero ni mucho menos atiende las peticiones de la aerolínea. 

En su texto, Rumbo insiste en que se limita 'a facilitar una herramienta que permite al cliente buscar y comparar precios'. Y remacha que la empesa 'no vende ni fija las tarifas de los vuelos'. En referencia al caso concreto de los familiares de las víctimas del accidente de Santiago que en declaraciones a El Mundo denunciaron esa subida de los precios de la noche a la mañana, la agencia de viajes online recalca que 'si esas personas o cualquier otra no han concluido finalmente una reserva o compra de billetes de avión es porque no han aceptado las tarifas de los vuelos que Ryanair, y no Rumbo, ha fijado'. 

Ante la reacción de la agencia de viajes, lo más probable es que la aerolínea de bajo coste emprenda sus anunciadas 'acciones legales' en los próximos días, ya que la respuesta de Rumbo ahonda en las afirmaciones para las que Ryanair exigía un desmentido.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores Usuarios (Ceaccu) ha denunciado ante las autoridades gallegas de consumo tanto a Ryanair como a Rumbo por la polémica subida de los precios de los billetes de avión con destino a Santiago respecto al ofertado inicialmente tras el accidente de tren del pasado 25 de julio, tal y como denunciaron algunos familiares de las víctimas del siniestro.

En la denuncia, presentada ayer, Ceaccu sostiene que de haberse producido, las dos compañías estarían incurriendo en una 'práctica desleal sancionable en vía administrativa'. 'Los hechos denunciados pudieran constituir infracción grave de consumo a tenor de lo dispuesto en el artículo 82.23 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias, por realización de práctica comercial desleal, en su modalidad agresiva, con relación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal', según la denuncia, informa Europa Press.

En caso de haberse procedido a la emisión de localizador del vuelo, con confirmación del precio inicialmente ofertado y de haberse exigido un importe superior con posterioridad, 'ello supondría infracción del artículo 61 del vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios'. Además, si se verifican los hechos 'cabría su consideración como infracción muy grave por valerse la empresa responsable de situación de necesidad, conforme a lo establecido en el artículo 84.c) de la Ley 2/2012, de 28 de marzo', según reza la denuncia.

De esta manera, las dos empresas podrían enfrentarse a la imposición de una sanción muy grave en grado máximo de hasta 600.000 euros o subsidiariamente como grave en grado máximo de hasta 15.000 euros.