La Guardia Civil ha descubierto cerca de tres millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, investigado por recibir pagos del FC Barcelona por la elaboración de informes arbitrales. El ingreso, que se produjo entre 1992 y 2023, no está aparentemente justificado.

Concretamente, son 2.977.557,51 euros los que la Guardia Civil ha descubierto en las cuentas bancarias de Ana Paula R. L., la pareja sentimental de Negreira. Los ingresos "están en proceso de estudio y análisis" a fin de determinar su origen, pero "a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario", explica el informe. 

"Salvo error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes", indica el texto. 

La Guardia Civil duda de la finalidad de los pagos

En el mismo informe, la Guardia Civil duda de que los 7,5 millones de euros que el Barcelona abonó a Negreira correspondieran a informes arbitrales, porque no los utilizó ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico, aunque sigue sin averiguar la finalidad de los pagos.

"Teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de su utilización y valoración por el cuerpo técnico del club ni de ningún otro departamento, se desconoce la utilidad que el Fútbol Club Barcelona llevó a cabo con ellos", señala la Guardia Civil. 

En la investigación del caso, se detalla que el Barça hizo pagos a las empresas vinculadas a Negreira mientras este fue vicepresidente del CTA, y cesaron en 2018, cuando abandonó el cargo. Asimismo, el informe señala que el exvicepresidente del CTA era "afín al presidente, con quien mantenía una relación muy estrecha y contaba con su total confianza". 

Además, Negreira se relacionaba de manera íntegra y directa con el colectivo arbitral de la competición española de fútbol, "su figura no pasaba desapercibida ni era un mero cargo estatutario", añade la Guardia Civil.