La economía catalana continúa creciendo con independencia de la tormenta política desatada hace ya más de cinco años por el soberanismo y a pesar de los mensajes catastrofistas sobre la evolución de las magnitudes macroeconómicas de esta comunidad, la cual, tras un lustro de crecimiento, encadena seis años como la principal locomotora del país tanto por volumen de negocio como por su peso en el PIB nacional.

Los datos de la Contabilidad Regional hechos públicos este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística) sitúan a Catalunya como la comunidad con mayor volumen de negocio del país, con un PIB regional de 231.277 millones de euros tras cinco años seguidos de crecimiento en los que este ha aumentado en 38.151 millones de euros.

Ese crecimiento, que coincide con la mejora general de las variables macroeconómicas españolas pero también con la tormenta política, judicial y mediática desatada en torno al proceso soberanista, supera al PIB total de comunidades como Aragón (37.691) o Baleares (31.490) y prácticamente duplica al de otras como Extremadura (19.396) o Navarra (20.554).

Este proceso de mejora de la economía catalana deja en evidencia las catastrofistas previsiones que lanzaron antes del 1-O algunas instituciones oficiales como la AIref, que llegó a pronosticar que la incertidumbre política en torno a Catalunya podía llegar a mermar hasta en 12.000 millones el PIB estatal. Sin embargo, lo cierto es que este creció en 47.576 millones en 2017 y en 41.929 el año pasado, con sendas aportaciones catalanas de 10.057 y de 7.290, es decir, casi un 20% del total.

Y también deja en entredicho los efectos reales en la estructura económica, más allá del impacto mediático, del traslado de sedes sociales de empresas en vísperas del 1-O, que en realidad, y como comenzó a constatarse el año pasado, consistió en le deslocalización registral de algunas de gran tamaño mientras la llegada de otras mucho menores dejaba saldos positivos en los que se refiere al volumen de negocio.

Aumentan los depósitos bancarios

Por otra parte, parece haber comenzado a revertirse uno de los fenómenos que se dieron coincidiendo con el 1-O: la salida de depósitos bancarios de las entidades financieras catalanas al trasladar miles de ciudadanos sus cuentas a bancos y cajas de otras comunidades ante la eventualidad de que la convocatoria del referéndum pudiera derivar en un corralito.

Los datos del Banco de España, que recogen como solo en el último trimestre de 2017 salieron de los bancos y cajas de ahorro catalanes más de 31.000 millones de euros, indican cómo a partir de la primavera de 2018 esa tendencia cambió de sentido para comenzar un aumento que en nueve meses supera los 12.700 millones, más de un tercio de la merma registrada en la fase crítica del proceso soberanista.

El cambio se enmarca, no obstante, en un aumento generalizado de los depósitos bancarios en el conjunto del país que alcanza los 38.777 millones de euros. Casi un tercio de ese volumen se concentra en Catalunya.

Mientras tanto, los registros de los territorios beneficiarios de la fuga de hace año y medio siguen mejorando: levemente en el caso de Aragón, que gana 590, y de manera notable tanto en Baleares, donde aumentan en 2.048, como en la Comunitat Valenciana, en la que crecen en 1.982. El mayor incremento tras el de la banca catalana se da en la andaluza (5.081), mientras la madrileña únicamente avanza 290 en esos tres trimestres.

Desequilibrios territoriales

Pese a esa mejora en términos generales, Madrid, a la que Catalunya adelantó en potencia económica en 2013, le sigue de cerca y ha estrechado hasta los 1.259 millones de euros una distancia que hace dos años llegó a los 3.963 tras un crecimiento de casi 10.000 en el último ejercicio que ha situado su PIB global en 230.118.

Ambas comunidades concentran un 38,1% del PIB estatal, con una ligera ventaja de una décima a favor de Catalunya, que ya superó la participación del 19% de ese indicador en 2014. Madrid lo hizo el año pasado.

Esos datos reflejan la concentración territorial de la riqueza española en los dos principales focos productivos, que sacan casi un 50% de ventaja a Andalucía (13,3%), prácticamente duplican a la Comunitat Valenciana (9,3%) y están cerca de triplicar a Euskadi (6,1%). Entre las cinco suman un 66,8% del volumen de negocio del país, más de dos terceras partes, mientras el resto, un 21,9% se reparte por el resto de la España vaciada: de las otras doce comunidades, únicamente Galicia supera el 5% del total nacional, en este caso por una décima, y Castilla y León se acerca con un 4,9%.

La economía por un lado y la política por otro

Y también apuntan a que la evolución política del país no discurre precisamente en paralelo a la de las variables macroeconómicas.

En este sentido, resulta revelador lo sucedido en Andalucía, donde la coalición PSOE-C’s fue descabalgada del Gobierno de la Junta por otra formada por PP y C’s con el apoyo de Vox tras una legislatura en la que el PIB experimentó un crecimiento superior al 15% en cuatro años, ya que pasó de los 139.084 millones del cierre de 2014 a los 160.811 del pasado ejercicio.

El cambio de Gobierno se produjo cuando Andalucía llevaba camino de ser, tras Baleares y Canarias, la primera comunidad del país en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis.

Algo similar ocurre en la otra locomotora de segundo nivel, la Comunitat Valenciana, que este fin de semana cerró, con unas elecciones que sitúan al socialista Ximó Puig en el camino de la reelección, una legislatura en la que las tensiones políticas discurrían paralelas a una mejora del PIB cercana al 12% en tres años, ya que cerró 2015 con 100.851 millones y 2018 con 112.127.