La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló con carácter retroactivo las cláusulas suelo cumple mañana un año. Desde entonces, las entidades financieras afectadas han tenido que devolver a sus clientes cientos de millones de euros. Pero, de momento, no se ha cumplido el augurio de que la resolución traería una subida de los tipos de interés de las hipotecas.

El pronunciamiento judicial, conocido el 21 de diciembre de 2016, corrigió un fallo previo del Tribunal Supremo que reconocía el carácter abusivo de las cláusulas suelo, pero limitaba su alcance temporal para reducir las “consecuencias macroeconómicas asociadas”. Aquello fue un auténtico regalo a la banca, que algunos jueces disconformes recurrieron ante el Tribunal de Luxemburgo.

Éste les dio la razón y dispuso que las entidades devolvieran todo el dinero cobrado de más, con independencia del momento en que se hubiera firmado la hipoteca. Según cálculos realizados entonces, el coste de la sentencia para los bancos rondaría los 4.500 millones de euros, la mayor parte de ellos correspondientes al BBVA, que había hecho un uso masivo de las cláusulas suelo.

Para ordenar y agilizar las devoluciones, el Gobierno impuso por decreto un procedimiento específico el 20 de enero de 2017, aunque no todas las entidades mostraron la misma diligencia a la hora de cumplirlo. Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), ambos controlados por el Estado, no ofrecieron ninguna resistencia; pero del Sabadell o del Popular no puede decirse lo mismo.

Este último banco, ahora en manos del Santander, guardó en el cajón miles de reclamaciones sin resolver, que sus nuevos propietarios se encontraron después comprarlo en junio de 2017 por el precio simbólico de un euro. El Sabadell, por su parte, fue denunciado ante el Banco de España, junto a otra docena de entidades por obstruir las devoluciones con incontables trabas.

En cualquier caso, a día de hoy, se desconoce cuántos clientes han recuperado su dinero y cuántos no ha podido hacerlo aún, a pesar de que el procedimiento impuesto por el Gobierno venció hace meses. El PSOE, a través de una proposición no de ley presentada en el Congreso, pidió a finales de verano una información detallada al respecto, que aún no se ha obtenido.

Una de las consecuencias esperadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la banca y numerosos expertos, era un encarecimiento inmediato de las hipotecas. Pero, un año después, los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) no apunta precisamente a que los acontecimientos hayan discurrido, al menos hasta ahora, en esa dirección.

El precio medio de las nuevas hipotecas, tomando en consideración tanto las de tipo fijo como las de tipo variable, no sólo no ha subido, sino que ha bajado de forma significativa. En septiembre de 2017 era del 2,67%, frente al 3,13% registrado en diciembre de 2016. El número de créditos con garantía inmobiliaria firmado durante ese periodo superó la cifra de 350.000.

Tampoco se ha producido el anunciado aumento del peso de las hipotecas a tipo fijo, en detrimento de las variables, que eran a las que afectaban las cláusulas suelo ya desaparecidas. Ahora, como antes, estas últimas representan aproximadamente un tercio del total, siempre según los datos del INE, que sólo se refiere a las hipotecas de nueva constitución.