El sector agrario y ganadero mantendrá las movilizaciones previstas durante el mes de febrero y marzo por toda España, después de que las tres principales organizaciones del sector –Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)– hayan mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto.

Aunque el diálogo ha sido calificado de "positivo" por ambas partes, la reunión no parece satisfacer al sector. Planas, en declaraciones a los medios, ha dejado claro que la mayor parte de las reivindicaciones del campo en España tienen que ver con medidas que competen directamente a Bruselas. "Estamos de su lado y nos comprometemos a resolver los problemas. Europa tiene algo que ver aquí. Si estamos aquí hoy es porque la Comisión Europea y la Unión Europea no han sido capaces de dialogar con el mundo rural", ha dicho en rueda de prensa.

Las organizaciones han apuntado a medidas que vengan desde Europa y permitan flexibilizar la burocracia que "asfixia" al sector. Además, han reclamado políticas que frenen y cambien los acuerdos comerciales con terceros países para que no lleguen a la UE productos de otras partes del mundo que, cultivados con peores estándares ambientales y sociales, compiten con ventaja con los alimentos españoles.

"No es cuestión de que la balanza sea positiva o no, es cuestión de que recibimos un impacto por productos de terceros países", ha dicho Miguel Padilla Campoy, secretario general de COAG, tras la reunión, para exigir al ministro que, como interlocutor en Europa, exija que los productos que llegan desde fuera del continente "cumplan los requisitos exhaustivos que cumplimos dentro de la UE".

Los agricultores ya mencionaron este asunto en la convocatoria de las movilizaciones y mencionaron la paralización de los acuerdos con el MERCOSUR o la ratificación de tratados que permiten la llegada de productos agrícolas desde Marruecos o Mauritania. El sector considera que Bruselas debería exigir a terceros países que envíen productos con unos mínimos estándares ambientales, con las mismas restricciones ambientales y respetando el derecho laboral comunitario.

Ante esta petición, el ministro se ha mostrado comprensivo y ha recordado que él, junto a un pequeño minoritario de países, ya ha pedido a Bruselas que se incluyan "clausulas espejo" para obligar a estos países a cumplir con las normativas europeas en los productos que importa la UE. 

ASAJA, la organización más conservadora, ha pedido una flexibilidad en los denominados eco-esquemas y ha exigido al ministerio que se flexibilicen las normas. "No vamos a poder seguir adelante por culpa del absurdo ambientalismo que no podemos resistir", ha dicho el representante de la organización tras el encuentro. "¿Cómo puede ser que un agricultor tenga que dejar el 7% de su tierra sin cultivar para cobrar la PAC?", ha manifestado.

"El ministro ha sido sincero, y se lo agradecemos", ha reconocido Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, en relación a la franqueza con la que Planas ha reconocido que hay muchas medidas dependientes de Bruselas que serán difíciles de aprobar. "Pero es el momento de defender el modelo de producción español y trasladar a Europa que los agricultores y ganaderos españoles son los principales perjudicados por el cambio climático. Aunque hacen un esfuerzo enorme por adaptarse y mitigarlo, sienten una asfixia normativa. Necesitamos poder abrir un diálogo con la Comisión Europa", ha agregado.

Peticiones para el Gobierno

Aunque buena parte de las demandas dependen de la capacidad que tenga Planas para generar consensos en Bruselas, los agricultores también han reclamado medidas que dependen del Gobierno, como la exigencia del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria que impide que los distribuidores compren alimentos por debajo del valor de producción.

Planas, ante esta cuestión, ha recalcado que la legislación española es pionera y que va a ser tomada como referencia por parte del Gobierno de Francia. Asimismo, ha emplazado a las organizaciones y al sector a denunciar siempre que detecten contratos que vayan en contra de la ley y ha asegurado que, en el último año, el Gobierno ha "reforzado los medios materiales y humanos" de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y los planes de inspección. 

Sobre la crisis de precios y la sequía, el ministro ha  tendido su mano a las organizaciones para seguir dialogando y conseguir nuevas ayudas. Además, ha recordado que el Gobierno ya ha aprobado ayudas, entre 2022 y 2023, por valor de 4.000 millones de euros. De esta cifra, 1.300 millones de euros son ayudas directas para el el campo. Además, el ministro ha remarcado que, desde su llegada en 2018, el apoyo público a los seguros agrarios ha crecido un 34%.