El expresidente de Kutxabank Mario Fernández y el abogado Rafael Alcorta han sido condenados cada uno a medio año de prisión y al pago de 4.500 euros de multa por un delito de apropiación indebida, mientras que al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, se le ha impuesto un año de cárcel y el pago de 9.000 euros por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares que el banco habría realizado a éste último tras haber cesado en su cargo.

A Fernández se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño causado, al pagar los 243.592 euros en los que se cifró el perjuicio, y el Tribunal ha tenido en cuenta "la prontitud" con la que abonó esta cantidad, y que lo hiciera a pesar de que él no se había "enriquecido".

Los tres condenados fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Buzkaia entre el 14 y 17 del pasado mes de febrero por los supuestos pagos irregulares por importe de 243.592 euros del banco vasco a Cabieces, cuando Mario Fernández estaba al frente de la entidad. Estos se realizaron a través del bufete de abogados de Alcorta. La sentencia les condena por apropiación indebida, pero les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba.

La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de cárcel y el pago de 6.000 euros, mientras que la acusación popular reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno y Rafael Alcorta, y tres dos años y tres meses para Mario Fernández. A Fernández le solicitó el pago de 27.000 euros, mientras que a Alcorta y Cabieces les reclamó 36.000 euros.

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína considera probado que los hechos sucedieron cuando Fernández era presidente de Kutxabank (había sido nombrado el 2 de enero de 2012)-- y el despacho Rafael Alcorta y Abogados prestaba servicios jurídicos (labor que desarrolló desde el 2 de enero de ese año). En la misma fecha en la que Kutxabank comenzó su andadura, tras la fusión de las cajas vascas, Mikel Cabieces había cesado recientemente en su cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Un salida para Cabiedes

La resolución judicial señala que, por esas fechas, en el mes de enero o febrero, el entonces presidente de Kutxabank recibió "una comunicación procedente de una personalidad relevante del mundo político solicitando su colaboración para proporcionar" a Cabieces "una salida u ocupación laboral en el ámbito privado".

Además, apunta que, "atendiendo a este requerimiento, siendo consciente y aceptando el perjuicio económico que iba a suponer para la entidad de la que era presidente", Mario Fernández "dio orden" al director de Recursos Humanos de la entidad para que, "con ánimo de procurarle un beneficio económico", se hiciera entrega al exdelegado del Gobierno de la cantidad mensual de 5.783 euros durante un período de tres años, con cargo a las cuentas de Kutxabank, así como de la cantidad de 900 euros en concepto de gastos de viaje.

La sentencia manifiesta que, entre las instrucciones transmitidas al Director de Recursos Humanos, se encontraba también la de dar "cobertura formal" a las entregas mensuales de dinero.

De esta forma, se puso en contacto a Mikel Cabieces con el despacho del acusado Rafael Alcorta, con el objetivo de que, "bajo su tutela y supervisión, y sin incorporarse a su despacho, durante ese plazo de tres años", el exdelegado del Gobierno "adquiriera los conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio de la profesión de abogado laboralista".

El Tribunal indica que el encargo de Fernández se materializó a partir del mes de marzo de 2012. Ese mes Mikel Cabieces se dio de alta en el Censo de Empresarios y Profesionales, y concertó un contrato de arrendamiento de un despacho en el que desarrollar su actividad.

A partir de entonces y hasta el mes de octubre de 2014, Rafael Alcorta y Abogados emitió, en nombre de Kutxabank, facturas mensuales, en las que se adicionó, al importe mensual de los servicios prestados por el despacho en virtud del contrato mencionado, la cantidad de 5.783 euros.

El director de Recursos Humanos del banco archivó todas estas facturas. A su vez, Alcorta extendió mensualmente un cheque nominativo correlativo por el importe de 5.783 euros que cobraba Cabieces, y presentó al cobro a la sociedad de Rafael Alcorta otras tantas facturas mensuales por el concepto "prestación de servicios profesionales de colaboración y asesoramiento y en materia, prioritariamente, jurídico-laboral".

La resolución judicial destaca que, durante todo este periodo, el exdelegado del Gobierno permaneció en contacto habitual con el abogado, "acudiendo esporádicamente a su despacho, sin que conste la frecuencia, volumen e intensidad de la actuación desarrollada conjuntamente con él".

Cobrar sin trabajar para el banco

En este sentido, explica que Mikel Cabieces cobró mensualmente las cantidades, ingresando en su cuenta los cheques que le entregaba Rafael Alcorta, "sabiendo que procedían de Kutxabank, a pesar de no haber suscrito ningún acuerdo o compromiso con dicha entidad y a pesar de no trabajar para ésta".

La Audiencia Provincial de Bizkaia subraya que "de todo esto era conocedor" el letrado, que participó en el pago de las cantidades procedentes del banco, y asegura que estos dos acusados sabían que estos pagos "se debían a una decisión personal" de Mario Fernández.

Una factura del despacho de 24.000 euros

Con fecha 10 de noviembre de 2014, Rafael Alcorta y Abogados emitió, para pago por Kutxabank, siéndole abonado su importe, una factura por importe total de 24.032 euros más IVA, que se justificaba en "la minuta de honorarios correspondiente a las actividades de asesoramiento" relativas al proceso de negociación sobre la transacción judicial de una sentencia de la Audiencia Nacional ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La factura se emitió en estos términos, de común acuerdo con el Director de Recursos Humanos de Kutxabank, y el destino del dinero abonado por esta factura era el de pago a favor de Cabieces de las cuatro mensualidades que restaban para completar el periodo de tres años de retribuciones previsto, más la cantidad fija de 900 euros igualmente prevista en concepto de gastos para viajes.

Rafael Alkorta extendió un nuevo cheque a favor del exdelegado del Gobierno por esa cantidad. La sentencia añade que "no ha quedado acreditado" que esta factura, de fecha 10 de noviembre de 2014, hubiese sido redactada y emitida por el acusado Alkorta, "en connivencia o de común acuerdo" con Mario Fernández y Mikel Cabieces "con la intención de alterar la realidad del destino de la cantidad que en ella figuraba".

El Tribunal indica que el 13 de enero de 2015, después de haber cesado en su cargo de presidente, Fernández fue informado por la nueva dirección del banco "de la constancia de toda la documentación relativa" a los pagos a Cabieces.

Entonces, el expresidente de la entidad bancaria extendió un cheque a favor de Kutxabank por el importe de 243.592,02 euros, cantidad en la que la entidad estimó el perjuicio que se le había causado. El banco no reclamó cantidad alguna en el procedimiento. La sentencia ha tenido en cuenta que en el acusado concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño causado.

La Audiencia vizcaína hace hincapié en "la prontitud" con la que devolvió el dinero el expresidente del banco, y destaca que procedió al pago de la cantidad indicada "a pesar de no haberse enriquecido con el importe de las cantidades procedentes de Kutxabank". "En un supuesto de delito patrimonial, se trata de una circunstancia relevante, pues revela con nitidez la voluntad de reparación", concluye. La resolución podrá ser recurrida en casación en cinco días

Mario Fernández recurrirá la sentencia

El expresidente de Kutxabank ha anunciado que recurrirá la sentencia que le condena y ha denunciado que "desde el principio" se produjo "una situación de indefensión" que "alteró todo el proceso".

Además, ha criticado que no se ha atendido "ninguna de las pruebas presentadas" en el juicio, por lo que, pese a ser consciente de que "será un proceso largo", presentará recurso a la resolución con el objetivo de "limpiar" su "honor profesional".