El número de oficinas bancarias en España se sitúa en 19.015 al término del 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Esto supone el cierre de 3.288 sucursales en un año y de 4.900 en comparación al año 2019. De esta manera, las entidades bancarias han cerrado una de cada cinco oficinas desde diciembre del 2019, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Precisamente, hace un par de meses se viralizaba la campaña de Carlos San Juan, de 78 años, que pedía bajo el lema "soy mayor, no idiota" un trato más humano y una mayor accesibilidad a los canales digitales para las personas más mayores. 

Este cierre sitúa en mínimos históricos el número de oficinas en España desde 1976. A su vez, esto representa una caída de un 58,8% respecto al máximo histórico de 2008 cuando existían 46.118 sucursales en nuestro país.

Más en detalle, el Banco Santander cerró 992 oficinas, BBVA clausuró 587, CaixaBank cerró 943, Sabadell bajó la persiana a 326 sucursales, Unicaja redujo su red en 156 oficinas, Ibercaja cerró 117 centros y Abanca recortó 18 oficinas.

La razón principal de estos cierres se debe a la inversión tecnológica, la redimensión de la red de oficinas y los procesos de fusión, como las de CaixaBank-Bankia o Unicaja-Liberbank.

Los bancos han aludido al hecho de que los clientes acuden menos a las oficinas y utilizan más los canales digitales, una situación que se ha visto acelerada por la pandemia. Además, la mayoría de medianas y grandes entidades bancarias han llevado a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España durante el 2021.

El Gobierno quiere proteger a los consumidores vulnerables

El pasado marzo el Ejecutivo aprobó la ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a raíz de la campaña de Carlos San Juan. Este cierre masivo de oficinas va en contra de la pretensión del Gobierno de evitar la exclusión financiera de colectivos vulnerables, como personas de tercera edad, con discapacidad funcional o intelectual y menores de edad.

De esta manera, se trata de garantizar la atención presencial de las personas de mayor edad. Además, de evitar que el cierre de las oficinas vaya acompañado del cierre de los cajeros automáticos o acercar los servicios financieros a todas las personas, especialmente en el medio rural para hacerlos más accesibles.