Los caseros no se conforman con una subida de precios del 2% este año. Es el límite que puso el Gobierno el pasado marzo a las revisiones anuales del alquiler, que en la mayoría de los contratos estaban vinculadas al IPC (Índice de Precios al Consumo). Ante una inflación disparada, los inquilinos empezaron a recibir serias subidas del alquiler, y aún no había llegado lo peor de la escalada. en el paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo cambió esta referencia por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que en cualquier escenario limita las subidas al 2%.

Sin embargo, son numerosos los casos en los que los propietarios están incumpliendo este límite y tratan de aplicar aumentos superiores, en ocasiones, de más del doble. El problema, según los sindicatos de inquilinos y abogados expertos en vivienda, está en el desconocimiento de la norma por parte de los arrendatarios y la desobediencia deliberada de algunos grandes propietarios, que es a quien más afecta esta medida.

A Clara Marcos, de 31 años, la empresa que gestiona los alquileres de su edificio, en el barrio de Arganzuela de Madrid, le notificó por carta una subida del 4,76%. Lo mismo ha ido haciendo con el resto de inquilinos, llegando a plantear aumentos de más del 5%, explica a Público. La compañía, de la que prefiere no revelar el nombre para evitar posibles problemas con su alquiler, es la propietaria de 42 apartamentos y otros bloques de viviendas en Madrid.

En la carta, la empresa le notifica una revisión basada en el Real Decreto del Gobierno y apunta que el IGC de agosto se situó en el 4,76%, de manera que su alquiler pasaría el mes siguiente de 971 euros a 1.017, es decir, 46 euros más al mes.

Lo que no mencionaba la empresa en su carta es que el IGC tiene varias especificaciones destinadas precisamente a evitar fluctuaciones drásticas. Cuando la tasa de variación de este índice es negativa, su valor es cero. Por el contrario, cuando supera el 2%, que es el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo, se toma como referencia ese 2%. Es una de las razones por las que el Gobierno estableció ese cambio en el Real Decreto, garantizando un tope del 2% en cualquier revisión de la renta hasta al menos final de año.

Marcos y gran parte de los inquilinos respondieron a la empresa con el Real Decreto en la mano, mostrando su desacuerdo con la subida. Pero la empresa respondió que ese límite del 2% que el IGP lleva aparejado no aparece en la norma de forma explícita, por lo que mantiene la subida

"Son subidas ilegales y muchas vecinas hemos decidido pelearlo, aunque otros inquilinos han asumido el aumento por miedo a que no les renueven el contrato, que vence pronto", explica la afectada. En su caso, el contrato finaliza dentro de cuatro años, por lo que acudió al Sindicato Inquilinas de Madrid en busca de asesoramiento junto a más vecinos.

No han sido los únicos. Los activistas convocaron el pasado viernes un asamblea extraordinaria ante el elevado número de consultas que están recibiendo. "Hablamos de más de 60 o 70 casos en el último mes", apunta uno de sus portavoces, que alertan de la cantidad de personas que pueden estar aceptando subidas ilegales por no conocer su derechos.

Al mismo tiempo, el Sindicato de Inquilinas madrileño advierte también de que las empresas propietarias lanzan amenazas en sus respuestas a los inquilinos. No solo con no renovar contratos, sino incluso con cambiar de actividad o con que se trasladen a vivir al apartamento familiares directos, una de las razones para rescindir una contrato de alquiler.

Un claro ejemplo es la última respuesta que recibió Marcos. "La política intervencionista del Gobierno abre el debate sobre el devenir de la actividad. El incremento de los costes directos y de financiación es salvaje y si no hay una contrapartida vía ingresos hace cualquier actividad inviable. Ya son muchos los propietarios que han vendido y otros han pasado a fórmulas más equilibradas como el arrendamiento por temporada, el arrendamiento turístico o arrendamiento a empresas para sus trabajadores", dice textualmente, mencionando modelos de alquiler que han disparado los precios en varias zonas de Madrid, sobre todo en el distrito Centro. 

Caseros que siguen aplicando el IPC

Pero hay propietarios que directamente insisten en hacer una revisión basada en el IPC, que en verano superó el 10% y actualmente roza el 9%. Es el caso de Joaquim Corts García, vigilante de seguridad de Sant Andreu de Llavaneres, localidad próxima a Barcelona. En su caso, el propietario es Caixabank y su alquiler está gestionado por la agencia inmobiliaria Haya Real Estate. 

Directamente le aplicaron una subida el 8,7%, el IPC de junio. "Son 44 euros más. De 511,87 euros a 556,40. He mostrado mi desacuerdo por teléfono y por correo electrónico. Incluso he denunciado el caso ante la oficina del consumidor y ha mediado la Diputación de Barcelona. Pero aún así se niegan a aplicar el 2% que marca la ley", comenta el afectado por teléfono.

Corts ha decidido denunciar a su casero, "aunque eso me va a suponer un gasto económico que me va a costar mucho permitirme", afirma. "Parece que juegan con eso, con que no vas a ir a los tribunales porque careces de medios económicos", considera. Cree el motivo real de esta subida es forzar su marcha. "Yo pago muy poco en comparación con los precios de la ciudad, que no bajan de 850 euros por 60 metros cuadrados", afirma.

De momento, tanto Corts como Marcos y otras decenas de afectados están siguiendo la estrategia de los sindicatos de inquilinos de Catalunya y Madrid. Tras comunicar el desacuerdo a la empresa, rechazan los cargos que les aplican cada mes e ingresan en la cuenta del casero el importe que vienen pagando hasta ahora.

Silvia Beltrán, abogada de la Red Jurídica, confirma que está recibiendo muchas consultas en los últimos meses relacionadas con estas subidas contrarias a la ley. "En mi caso, la mayoría de desacuerdos se están resolviendo favorablemente después de protestar", dice. En su opinión, hay grandes tenedores que están jugando al "a ver si cuela" y confirma que no son raros casos de inquilinos que descubren que están pagando de más cuando acuden a ella para revisar cualquier otra cláusula de sus contratos. "Estoy siendo yo quien les informa a casi todos", concreta.

"Tiene que quedar claro: cualquier subida anual superior al 2% está fuera de la ley hasta el 31 de diciembre. Si los caseros no lo aceptan, los inquilinos deberían pagar como mucho un 2% más. Eso en ningún caso puede suponer un incumplimiento del contrato", asegura.