"Yo pensé que me había tocado la lotería, pero ya ves", dice Ana Isabel Aranda, de 39 años, en la acera del bloque de pisos en el que vive desde 2012. De las ventanas cuelgan pancartas contra las subidas abusivas de los alquileres, contra la empresa que los gestiona, Fidere; y contra la propietaria de Fidere, Blackstone, el fondo de inversión estadounidense considerado el mayor casero de España. El contrato de Aranda, como el de todos, expiró el lunes después de tres años de una prórroga que ya les costó conseguir. También acabó ese día el periodo de protección pública de las 240 viviendas de esta promoción, en el barrio de Buenavista, en Getafe (Madrid).

El fondo buitre, como lleva haciendo desde hace años, se niega a renovar los contratos y exige nuevas condiciones que los vecinos consideran abusivas. Estas implican subidas de precio de entre el 30% y el 70%. Para Aranda y su pareja, que ahora tienen un hijo dos años y empleos en la ciudad, supondría pasar de 615 euros al mes a 715 los próximos dos años. Después habría que añadir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un 10% más en concepto de IVA. "Hablamos de casi 800 euros en dos años. Eso es uno de los dos sueldos que entra en mi casa", comenta indignada.

Su piso, de 55 metros, está en el extrarradio del extrarradio, frente a un enorme solar y cercada por la M50. Si quisiera comprarla, a lo que tenía derecho hasta hace tres años, costaría unos 170.000 euros, "un disparate", dice. Antes tampoco compró porque su situación financiera no se lo permitía. Ahora teme que  tenga que dejar su barrio y la vida que ha construido en esta década que puede ser perdida.

Bloques en lucha

Por eso ella y otros 30 vecinos ha decidido declararse "bloque en lucha" con el apoyo del Sindicato de Inquilinos de Madrid, que ya suma alrededor de 300 inquilinos en la región afectados por subidas disparadas de los alquileres por parte de Blackstone y sus múltiples filiales. Quieren negociar con el fondo de inversión una renovación de contratos con condiciones similares. Aunque saben que no es fácil, los activistas y los vecinos organizados han logrado algunas victorias en el pasado.

Eso también lo sabe Blackstone, que el lunes envió a personal de seguridad para impedir que los afectados dieran una rueda de prensa en el patio común de los edificios.

Calculan que hay alrededor de 80 personas afectadas por este vencimiento de contratos. Unos 30 ya se han visto obligados a marcharse, otros han aceptado las nuevas condiciones y algunos (muy pocos) habían ejercido su derecho a compra. Pero en pocos años, el resto de los inquilinos se enfrentarán a una situación similar si la nueva ley de vivienda, que sigue atascada en el Congreso,  no contempla limitar los precios de los alquileres, insisten los activistas.

La de Aranda no es la mayor de las subidas. "Todos llevamos aquí siete años o más. Las nuevas condiciones hacen imposible mantener la vida que tenemos", lamenta Ramón Bultó, informático de 54 años. Él llego en 2016, cuando el fondo buitre ya era propietario de las viviendas protegidas. Paga 751 euros al mes por un piso de 59 metros útiles. "Con las subidas pagaría 1.041 euros. El precio de compra que me dan es de 268.000 euros. Una vergüenza", apunta.

Ecos de la política de vivienda de Esperanza Aguirre

Más aún cuando piensa que esta promoción, finalizada en 2012, era una más de las miles de viviendas protegidas impulsadas por Esperanza Aguirre y su Plan Vivienda Joven. Gran parte de esas casas, para las que la Comunidad y varios ayuntamientos madrileños cedieron suelo público a promotoras privadas, acabaron en manos de Blackstone a precios de saldo tras la crisis de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En este caso, la promotora, Egicam Plan Joven, acabó absorbida por Fidere en 2014, solo dos años después de la construcción. Fidere fue haciéndose con el control de varias de las promotoras de las viviendas protegidas y adquiriendo activos y préstamos de la Sareb, el llamado banco malo, tanto en Madrid como en otros territorios. Los efectos de esos movimientos han empezado a notarse ahora, cuando la protección pública ya no obliga al gigante inmobiliario a ofrecer precios asequibles. Aunque ya empezaron a generar problemas antes en Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Aranjuez y barrios de la capital, como Vallecas o Carabanchel.

La práctica es siempre la misma: no renovación de contratos, aumento de precios y cláusulas que, si no son abusivas por ley, a los inquilinos se lo parecen. La compañía asegura que ofrece precios acorde al mercado, pero los activistas critican que precisamente este es uno de los agentes que tensiona y dirige el mercado, al acumular cientos de miles de viviendas en alquiler.

Puede que la promoción fuera para jóvenes recién emancipados, pero allí llegaron personas a punto de jubilarse, como María Antonia, que alquiló con derecho a compra en 2014. "Empecé pagando 305 euros al mes. Ahora pago 424 y quieren subirme a 680 euros mensuales más el IBI, más un 10% de IVA. Además de 650 euros por una nueva fianza", explica. Tiene 75 años y, si eligió esta vivienda, además de por el precio, fue porque su hija y su nieta viven en Getafe.

"Cuando quise comprar me pusieron problemas. Egicam lo valoraba en 92.000 euros, pero no me lo vendieron porque decían que el suelo aún no era de Fidere", recuerda. Ahora que ya no es vivienda protegida, Fidere le pide 264.000 euros. "Por este piso de 54 metros, una plaza de garaje y un pequeño trastero. Cuando lo cuento la gente no se lo cree", sonríe resignada.

Ella cree que el fondo de inversión acabará cediendo, pero por si acaso sigue buscando un piso a un alquiler razonable en Getafe. "No está siendo fácil", sentencia. Su estrategia ahora es resistir y seguir pagando el alquiler, como el resto de afectados.

"Haremos una transferencia como cada mes. Si no lo aceptan probaremos con giros postales. Y si no, lo depositaremos en el juzgado. No queremos dejar de pagar, simplemente que negocian con nosotros algo razonable", explica Aranda.

El año pasado, los afectados lograron que Blackstone renovara durante siete años los contratos a 84 familias que también dieron la batalla junto al Sindicato de Inquilinos. Pero no está siendo tan sencillo para otros afectados de Alcorcón o Móstoles, donde el fondo buitre ya ha empezado a interponer demandas de desahucio para las familias. "Blackstone no es un casero. Le da igual invertir en viviendas que en residencia de ancianos, solo busca aumentar sus beneficios, aunque seas una buena inquilina que nuca ha dejado de pagar su alquiler", sentenciaba una de las afectadas durante la rueda de prensa.