No servía por sí sola una inyección de dinero público a los bancos y cajas de ahorro. El rescate financiero que pilotó Luis de Guindos en 2012, en plena resaca de la fiesta del ladrillo, exigía también un gran basurero donde depositar los activos tóxicos de las entidades financieras que había que rescatar. Los préstamos concedidos por bancos quebrados a promotoras y constructoras arruinadas, las hipotecas impagadas de pisos que de repente valían la mitad y otras tantas piedras que hundían los balances anuales. Todo eso había que meterlo debajo de alguna alfombra.

Tejieron una grande y cara, con casi 5.000 millones públicos y privados. La bautizaron como Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), pero decidieron darla a conocer como "el banco malo", quizás para que el ciudadano de a pie fuera consciente de que nada bueno saldría salir de ahí. Con una oleada de desahucios sin precedentes y con un parque de vivienda pública que no llegaba —sigue sin llegar— al 2%, la prioridad fue sanear las cuentas. Nunca se habló de la posibilidad de utilizar esos cientos de miles de viviendas propiedad a medias del Estado para crear un parque de vivienda pública.

"Se hizo un trampantojo para volver a privatizar bienes comprados mediante un rescate público. Y además con mucha opacidad y sin tener que someterse a la ley de contratación pública", apunta Manuel Gabarre, abogado e investigador del Observatorio Contra Delitos Económicos.

El apodo "banco malo" fue su único ataque de sinceridad. Dijeron que "no costaría ni un euro al contribuyente". Incluso De Guindos se atrevió a profetizar unos 13.000 millones de beneficio. Nada era cierto.

Desde hace meses, el pasivo de 34.182 millones de euros de la Sareb computa como deuda pública y elevó el déficit de España casi tres puntos el pasado marzo, hasta el 120% de PIB. "La Sareb ha sido un fracaso y un engaño. Solo ha servido para limpiar la porquería inmobiliaria de los bancos", resume Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y exasesor del Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nunca fue un banco

El banco malo nunca se concibió como un banco, sino como una sociedad anónima (SA), también en el sentido más literal de la palabra. Nadie puede saber los inmuebles, terrenos, trasteros, garajes, solares, fincas rústicas y hoteles a medio hacer que esta empresa acabó adquiriendo. Se calcula que compró alrededor de 250.000 activos que debía vender para recuperar la inversión antes de 2027, fecha marcada para su liquidación y cierre.

Diez años después sigue siendo un misterio el parque de vivienda que atesora, su valor de mercado y sus características, incide Inurrieta. Parte se va desvelando a cuentagotas con cada gran paquete de activos que compra casi a precios de saldo algún fondo buitre extranjero disfrazado de empresa española.

Según recoge en su página web, posee 46.162 viviendas en España, 36.693 anejos, 20.246 obras en curso y 30.016 suelos. No hay más detalles sobre esta propiedades. Tampoco se incluyen ahí los bienes que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión por Sareb.

"A estas alturas ya se ha vendido lo que era más valioso. Quedan los restos, pero todavía se podría poner en marcha un parque de vivienda pública destinada al alquiler. Lo que falta es voluntad política", sentencia Inurrieta. Según los cálculos de Gabarre, la sociedad ya se ha desprendido de dos tercios de su patrimonio, lo que hace difícil que eche cierre mínimante saneada.

"Se puede resumir que la Sareb ha sido y sigue siendo una gran inmobiliaria pública desaprovechada, además de una gran estafa para el ciudadano", añade Gabarre, autor de Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños). En este breve ensayo explica cómo la Sareb ha sido una pieza más en el engranaje que ha inflado la burbuja del alquiler en la última década, a pesar de ser "una herramienta perfecta para hacer justo lo contrario", apostilla.

Unidas Podemos intentó incluir en la atascada ley de vivienda que el 75% de los inmuebles de la Sareb pasaran a ser de gestión pública para alquileres sociales, pero fue de las primeras opciones que el PSOE tumbó de la lista. "La vivienda en un derecho, pero también es un bien de mercado", aseguró el cesado José Luis Ábalos en su momento. Y así pasará a la ley en ciernes, como un bien de mercado en el que solo pueden participar los bancos que provocaron la crisis.

Una empresa en quiebra

Si el banco malo fuera una empresa normal, ya debería haber pasado por un concurso de acreedores. Pero recibe un tratamiento especial que le permite seguir operando, aunque nunca haya cerrado un año sin pérdidas millonarias. Tras años de vista gorda, sus casi 35.000 millones de pasivo computan como déficit público de España. Así lo dice Eurostat y, por tanto, también la Comisión Europea, que fue quien desbloqueó los 50.000 millones de crédito que costó levantar este cementerio de la fiebre especulativa. Todo fue avalado en su momento por el Tesoro Público. Pero eso había que leerlo en los documentos. El Gobierno de Rajoy no lo mencionaba en sus comparecencias.

Y puestos a pagar, una vez más, los platos rotos de la crisis, el Gobierno dio el martes el primer paso para tomar el control de la Sareb. Hasta ahora, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tiene una participación en la Sareb del 45,9%. El resto se reparte entre Santander (22,21%), CaixaBank (12,24%) Sabadell (6,61%) Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%) y Bankinter (37%), entre otros.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros permite ahora que el FROB supere el 50% de la participación y el Gobierno avanza en la compra de la parte de los bancos. Se espera que el precio sea simbólico, de un euro (quién sabe si por llevar la contraria a De Guindos). Pero el texto del Real Decreto mantiene intacto el objetivo de la Sareb: vender activos, liquidar y cerrar. Se contemplan cesiones de pisos a entidades públicas o no lucrativas, habla de la "utilidad social" de las viviendas, pero todo "ponderado dentro del objetivo de maximización del valor", signifique eso lo que signifique.

"Es imposible que todo el dinero público se recupere, principalmente, porque el precio de los activos estaba inflado cuando se compró a los bancos", apunta Inurrieta, que fue de los primeros en vaticinar este fiasco, ya en 2013. Con ese texto, dice el experto, poco cambiará que el Estado controle el 100% de la Sareb. Según Gabarre, lo peor es que su cartera la seguirán comercializando las inmobiliarias de los grandes bancos: Altamira (del Santander), Solvia (del Sabadell), Haya Real Estate (antes de Bankia, ahora del fondo buitre Cerberus) y Serviabitat (de CaixaBank).

Desahucios del banco malo

Tampoco hay datos oficiales, pero la Sareb es una de las entidades que más desahucios está llevando a cabo desde hace años. Según el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, una las zonas de Madrid donde son más habituales, en 2021 el banco malo estuvo detrás de al menos un desahucio en el barrio a la semana. "Hay todo tipo de casos. Hay personas sin recursos que han ocupado un piso vacío y piden un alquiler social. Hay familias con contratos de alquiler previos a Sareb que esta no quiere renovar. Hay inquilinos que se encuentran con que Sareb ha vendido la casa a fondos buitre que quieren aumentar los precioso echarlos...", explica Daniel Vega, uno de los activistas.

El año pasado, más de cien afectados de la Comunidad de Madrid se organizaron para impulsar el Plan Sareb. Actualmente son 230 afectados, también de Euskadi, Catalunya y Comunitat Valenciana. Durante el año pasado, decenas de activistas y afectados por estos desahucios protestaron en la sede del FROB para exigir una negociación. Hubo un compromiso del FROB para estudiar los casos y buscar una solución, aunque Vega asegura que las conversaciones están paralizadas desde hace tiempo.

Lo que sí destaca el banco malo siempre que tiene oportunidad es que 15.000 de sus viviendas están a alquileres sociales o asequibles. Se trata de casas cedidas comunidades autónomas, ayuntamientos y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "para que puedan actuar ante situaciones de emergencia social y facilitar un alquiler asequible". Sin embargo, eso no evita que cientos de personas hayan denunciado "acoso inmobiliario" para que abandonaran sus viviendas en los últimos años.

"15.000 viviendas no son nada para un parque público", considera Inurrieta. "Con lo poco que queda todavía se pueden hacer cosas. La Sareb tiene mucho suelo en el que edificar, inmuebles pendientes de tomar posesión. Pero para eso hace falta inversión pública, gestores expertos en vivienda y, sobre todo, voluntad de intervenir en el mercado de vivienda. El PSOE y, en concreto la Ministra Nadia Calviño no parecen muy dispuestos a ello", concluye. Gabarre insiste: "Es perfectamente legítimo que los ciudadanos exijan que los recursos de Sareb tengan un función social". De momento, las calles siguen tranquilas y los alquileres, sin regular.