El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad en un Consejo extraordinario de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este viernes, un nuevo modelo de gestión de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, a través del cual las autonomías se encargarán de tramitar el 80% de estos fondos y el Estado el 20%.

"Es un acuerdo histórico", ha afirmado la ministra, Dolors Montserrat, en la rueda de prensa posterior al Consejo territorial, en la que ha insistido en que, aunque el Gobierno no gestione el 100% de los fondos como hasta ahora, como consecuencia del mandato del Tribunal Constitucional del pasado enero, "nadie debe desconfiar de la gestión porque son fondos condicionados y finalistas".

La titular de Sanidad ha destacado que este 2017 la cantidad recaudada a través de la 'X' en la casilla 'Actividades de Interés Social' en la declaración de la renta del año 2016 asciende a 240 millones, seis millones más que el año anterior, es decir, que el Gobierno va a encargarse de gestionar 48 millones, mientras que las comunidades autónomas 192. "Animo a todos los españoles a que marquen la 'x'", ha dicho.

Montserrat ha indicado que los consejeros autonómicos han aceptado también de forma unánime "someterse a una justificación de los fondos" transferidos para dotar al sistema de mayor transparencia. Asimismo, ha informado de que se ha creado un grupo de trabajo para mejorar este nuevo modelo que, mientras varios consejeros han calificado de "provisional", la ministra ha asegurado que es 

La ministra ha subrayado que la distribución de los porcentajes 80/20 responde a las competencias del Estado y las comunidades autónomas y que, por ese motivo, no se ha atendido a la petición de la Plataforma del Tercer Sector que reclamaba un 50/50 ni se va a ampliar el margen de gestión de las comunidades. "Esto no es un capricho de nadie, sino el acatamiento de una sentencia del Tribunal Constitucional", ha aseverado.

El sí "condicional" de Catalunya

Precisamente, la consejera Trabajo Asuntos Sociales y Familias catalana, Dolors Bassa, ha afirmado en declaraciones a los medios, a la salida de la reunión con la ministra, de que el sí de Catalunya es "condicional y condicionado" a este año 2017 y que espera que para 2018 y siguientes el grupo de trabajo antes mencionado valore "cómo hay que repartir los fondos", es decir, "qué variables hay que utilizar para ello" (tasa AROPE, índices de pobreza, recaudación del IRPF en la renta). "Aceptamos solo para este año (este modelo) de forma transitoria y excepcional", ha insistido.

Lo mismo han indicado los consejeros socialistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, que, en un comunicado conjunto, y de forma individual a los medios antes del encuentro, han reclamado que este sistema de gestión tenga vigencia "sólo para este año" ante la premura de las entidades del tercer sector y los proyectos pendientes de poner en marcha.

Si no hay consenso en 2018, se prorroga

Varios responsables autonómicos de comunidades gobernadas por el PP han coincidido en la "transitoriedad" del acuerdo, aunque se han mostrado confiados en que el aprobado este lunes siente las bases para un modelo definitivo aplicable a partir de 2018.

No obstante, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha indicado que se ha acordado en el Consejo Territorial que si no hay consenso para el año que viene, se prorroga el sistema de este año. "Este acuerdo da estabilidad al tercer sector en este periodo transitorio y, a partir de ahora, nos pondremos a trabajar para un modelo definitivo", ha añadido.

Izquierdo ha afirmado que el hecho de que el Estado gestione este año el 20% del IRPF social sirve para "garantizar que haya solidaridad entre todos los territorios" y para dar "estabilidad" a las grandes entidades sociales de ámbito nacional. "Lo importante es que hay más de siete millones de personas que dependen de estos fondos y los van a recibir", ha concluido.

El CERMI califica el nuevo modelo como "devastador para lo social"

El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) ha calificado como "devastador para lo social" el nuevo modelo de gestión d, según ha informado la organización.

La ONG critica que este acuerdo provocará el "debilitamiento extremo" del tejido social de ámbito estatal, con la pérdida de programas "coordinados" y "coherentes" de gran alcance para la inclusión y el bienestar de amplias capas de la población con mayores necesidades sociales.

Por ello, el CERMI manifiesta su "rechazo total" a esta decisión, que considera "profundamente perjudicial" para la cohesión social en España, que, en su opinión, ignora las demandas del tercer sector de acción social.

Además, anuncia una estrategia de contestación activa, de presión y de incidencia política para revertirla, y exigir del Gobierno "fuentes alternativas de financiación estables, suficientes y seguras" para la continuidad de los programas sociales de escala estatal.

La Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal, de la que forma parte el CERMI votó este miércoles 14 de junio en contra del nuevo modelo y lo hizo por unanimidad. La Plataforma había pedido al Gobierno un reparto 50/50 de la recaudación.

Además, advierten de que en el 20% estatal se incluirían también los abintestados, es decir, los bienes de las personas que mueren sin dejar testamento, por lo que las ONG consideran que serían un porcentaje incluso aún inferior al 20% de la recaudación.

Por otro lado, el Tercer Sector lamenta que se haya decidido plasmar la decisión en el acuerdo del Consejo Territorial sin redactar un Real Decreto en el que se recoja la regulación del tramo autonómico para dar seguridad jurídica a la decisión. Sí habrá un Real Decreto del tramo estatal en el que las ONG reclaman que se incluyan algunas garantías básicas del tramo autonómico.

Financiación suficiente, segura y estable

En todo caso, tras esta decisión, las ONG reclaman al Gobierno fuentes de financiación alternativas "suficientes, seguras y estables", así como "mantener y hacer eficaz" el proceso de diálogo que "permita robustecer" el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

En definitiva, el Tercer Sector advierte de que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas "no es el que necesitan más de 7,2 millones de personas beneficiarias" para disponer de "garantías de futuro de una correcta y continuada atención".

"No es el acuerdo que permite continuar y robustecer al Tercer Sector de ámbito estatal ni autonómico, y no es el acuerdo que ofrece las debidas garantías, de manera suficiente y plasmada en una norma, sino que abre un frente de incertidumbres e inseguridades sobre si los fondos del 0,7% tendrán una aplicación finalista social hacia las personas de los colectivos que han sido objeto tradicionalmente del 0,7%", señala el escrito.

"Consideramos que debieran establecerse mecanismos de participación e interlocución en la futura revisión del modelo de la subvención 0,7% IRPF, e incluso la culminación, reorientación y mejora de aquellos aspectos del actual proceso sobre los que exista verdadera voluntad por parte del Gobierno de acordarlos con el Tercer Sector", defiende la plataforma en el documento.

Además, solicita participar en el desarrollo de instrumentos complementarios para la financiación de las actividades del tramo estatal.

Por último, el documento reclama "retomar con carácter inmediato" la mesa negociadora del Tercer Sector estatal con el Gobierno, "a fin de que acometa con celeridad los mandatos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social".