Las comunidades autónomas comienzan a recortar el sueldo de los directivos de sus empresas públicas, que en ocasiones supera al de los políticos que los nombraban para dirigirlas, en una tendencia que no sigue el Gobierno central y que tampoco impide que la masa salarial de los mejor pagados por las administraciones siga subiendo: casi uno de cada cinco empleados públicos –el doble que en el sector privado- cobra más de 3.400 euros brutos al mes.

La última comunidad autónoma en limitar los salarios de sus ejecutivos ha sido Aragón, cuyas Cortes han aprobado por unanimidad este miércoles un proyecto de ley que limita al nivel de los directores generales de la Administración autonómica los salarios de los directivos de las empresas del sector público: ninguno de ellos podrá superar los 64.102 euros brutos –doce pagas de 5.042 y dos extras de 1.798- que establece la actual ley de presupuestos, antigüedad y dietas al margen.

Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles la ley que limitará a 64.102 euros brutos el salario anual de los ejecutivos de su sector público.

Antes que Aragón, adoptaron medidas similares otras autonomías como Navarra, que suprimió a finales de 2015 las retribuciones por objetivos de los directivos de sus empresas públicas –llegaban a suponer el 50% del salario en algunos casos-, mientras la Comunitat Valenciana optaba por limitar el número de ejecutivos aunque reservándose la posibilidad de pagarles por encima de los 56.000 euros de sus directores generales. En Extremadura están sujetos desde 2014 al límite salarial de un director general –en torno a 60.000-, aunque con variables de hasta el 15% y antigüedad al margen.

La tendencia, sin embargo, no es generalizada: Madrid mantiene salarios de entre los 82.491 euros brutos anuales que percibe el gerente del Canal de Isabel II y los 134.325 del director de la televisión autonómica, algunos ejecutivos catalanes superan los 120.000 y los hay que rebasan los 81.000 en Galicia.

Indicaciones de Hacienda

“Existe una indicación del Gobierno central para adoptar medidas de este tipo a todas las comunidades que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica” (FLA), explicaron fuentes del Gobierno de Aragón, que añadieron que alguna de ellas ha recibido instrucciones oficiales del Ministerio de Hacienda para recortar tanto las plantillas como los salarios de sus empresas públicas.

Otra cosa es que el Gobierno central siga al pie de la letra sus propias indicaciones, ya que los salarios de algunos directivos de las empresas públicas estatales llegan a triplicar a los que reciben quienes ocupan puestos del mismo nivel en la mayoría de las comunidades autónomas.

Un decreto de 2012 limitó a 105.000 euros la retribución básica de los directivos del sector público estatal, aunque, en la práctica, los complementos la elevan hasta 210.000 y en la mayoría de los casos la sitúan por encima de los 150.000, tal y como recoge un estudio de la Fundación ¿Hay derecho? ( ) con datos del portal de transparencia del Gobierno central.

Dudas de legalidad y voluntad política

La ley aragonesa, que también equipara los sueldos del personal del sector público al de los funcionarios de su misma categoría profesional –admite variables por objetivos pero no su consolidación en la nómina-, endurece incluso el decálogo de medidas acordado por Podemos y el PSOE para la investidura de Javier Lambán, que proponía que no superaran el de los consejeros -65.253 euros brutos al año-.

La rebaja salarial, que afecta a los ejecutivos de 13 de las 27 entidades y empresas públicas de la comunidad y a 108 de sus 1.405 empleados, será aplicada tras un periodo transitorio de hasta seis meses que incluirá la renegociación de algunos contratos de alta dirección. Diez ejecutivos superan hoy los 80.000 euros y uno de ellos llega a 114.000.

La ley establece un periodo transitorio de seis meses y un plus personal decreciente para adecuar los salarios a las nuevas condiciones, aunque su aplicación puede topar en la práctica con obstáculos legales. “Existen dudas sobre si la homologación de los sueldos puede ser considerada como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, admitió el diputado del PSOE Alfredo Sancho, aunque, según el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, “el 93% de los sueldos de los directivos del sector empresarial institucional ya han sido homologados por voluntad política”.

En cualquier caso, la ley aragonesa será la más estricta en materia de regulación salarial de los altos cargos una vez sea aplicada por completo.

Suben los sueldos más elevados de la Administración

Esa línea de trabajo que algunas comunidades autónoma han iniciado con sus ejecutivos choca con la evolución al alza que están registrando los sueldos más elevados de la Administración, un proceso iniciado en plena crisis y que coincidió con la intensificación de los recortes por el Gobierno del PP a partir de 2012.

El cruce del Decil de Salarios de Empleo Principal del INE (Instituto Nacional de Estadística) con la Encuesta de Población Activa (EPA) revela cómo el porcentaje de empleados del sector público –administraciones y empresas -que cobra más de 3.424 euros brutos mensuales lleva creciendo desde ese año, tras un descenso al comienzo de la crisis, para que a finales de diciembre de 2015 superaran ese sueldo 555.129 trabajadores –el 18,5% de los tres millones de funcionarios y laborales- frente a los 504.523 -16,7 de las plantillas- que lo rebasaba tres años antes.

Al mismo tiempo, los perceptores de los mayores sueldos son el grupo salarial que, con casi dos puntos, más ha crecido desde 2012. Aumenta en general el peso porcentual de quienes cobran más de 1.800 euros mientras se reduce por debajo de esa cifra.

Contraste con el sector privado

Tanto la cifra como la tasa, que duplica con creces a la del sector privado -7,9%-, se encuentra, no obstante, alejada de los registros que seguían manteniéndose en los primeros años de la crisis, ya que en 2010 superaban ese salario 669.551 empleados públicos que suponían el 20,6%, uno de cada cinco.

La tendencia contrasta con la del sector privado, en el que la precarización y la devaluación salarial están situando la renta media en el entorno de los 10.000 euros. En este, la tónica es de congelación por debajo de 1.400 euros, leve repunte hasta 1.800 y ligero retroceso a partir de esa cifra.

Esas cifras no incluían a los empleados y los directivos de las semipúblicas y extintas cajas de ahorro, cuyos salarios limitó el Gobierno por decreto a principios de 2012, en los inicios del rescate bancario, aunque de una manera relativa. El tope se situó en 600.000 euros anuales para las entidades con ayudas, en 300.000 para las intervenidas y en 100.000 para las rescatadas.

El Decil de Salarios del INE revela cómo mientras el sector empresarial público y los ayuntamientos aplican políticas de contención salarial, con subidas globales de menos de 60 euros entre 2012 y 2015 en los sueldos medios, estas son menos restrictivas en las administraciones autonómicas y en la central. De hecho, es en esta última donde, pese a los recortes, más están aumentando -224 en tres años para llegar a 2.603-, aunque las comunidades siguen siendo las que mejor pagan, con una media de 2.738 euros mensuales.