Cláusulas sueloEl CGPJ organiza un plan de urgencia ante la avalancha de demandas de cláusulas suelo

MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un plan de urgencia ante la avalancha de demandas de cláusulas suelo que se interponen en los juzgados de tal manera que habría un solo juzgado por provincia dedicado en exclusiva a resolver estos litigios.

El acuerdo ha sido adoptado cincuenta días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó la jurisprudencia del Supremo en la que establecía que una cláusula suelo, cuando es abusiva, es nula desde que se firmó y no desde mayo de 2013, como fijó el alto tribunal español.

Con su propuesta, el CGPJ acoge una demanda a voces entre los jueces de primera instancia, que resuelven los litigios civiles y que pedían soluciones ante la avalancha que se registra en los juzgados y que ha aumentado en los últimos días sobre las cláusulas suelo y otras cláusulas supuestamente abusivas que figuran en las condiciones generales de los contratos.

El plan de urgencia es consensuado con el Ministerio de Justicia –que es el encargado de destinar el dinero para los jueces y letrados de refuerzo necesarios-, al tiempo que se planteará a los presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces decanos. También debe contar con el apoyo de las autonomías que tienen transferidas las competencias de los recursos humanos y materiales de justicia.

Comenzaría el 1 de junio

La idea es que este plan de urgencia esté en marcha el próximo 1 de junio. La propuesta del CGPJ es especializar en esta materia un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, al igual que ocurrió con las demandas de Preferentes y otros productos financieros complejos.

Estos juzgados resolverían los casos de toda la provincia, lo que permitiría dar una respuesta idéntica a todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan. Además, contarían con uno o varios Jueces de Adscripción Territorial como refuerzo, según ha anunciado el CGPJ en un comunicado.

No hay cifras oficiales a fecha actual, ni el CGPJ los ha facilitado. Pero sólo en el primer mes y medio transcurrido desde la sentencia del tribunal europeo se presentaron 20.000 demandas, según fuentes judiciales, a las que hay que sumar otros 4.000-5.000 casos que los jueces tenían en espera de esta resolución y que comenzaron a resolver el mismo día de conocerse la sentencia.

Además, crecen las demandas presentadas por consumidores contra entidades, aseguradoras y otras empresas por supuestas cláusulas abusivas que figuraban en las condiciones generales de los contratos, como son los gastos de inscripción de una hipoteca o el vencimiento anticipado, según fuente judiciales.

Pendientes del Supremo

Esta avalancha puede aumentar en función de lo que resuelva el Tribunal Supremo el próximo día 16 de enero, cuando su Sala de lo Civil aborde dos recursos, en especial sobre las cláusulas suelo del BBVA.

El BBVA, junto con Novacaixa Galicia, fueron las beneficiadas con la jurisprudencia del alto tribunal que fijaba la frontera de la devolución de las cantidades cobradas de manera indebida a mayo de 2013. Jurisprudencia que fue anulada por el TJUE el 21 de diciembre al tiempo que daba un severo tirón de orejas al Tribunal Supremo porque no tiene la competencia de limitar las leyes europeas, como son los derechos de los consumidores protegidos por la Directiva de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos.

Si el Tribunal Supremo falla a favor del BBVA, crecerá aún más la avalancha porque aumentarán las demandas en los juzgados contra esta entidad financiera. En este caso, el alto tribunal habrá considerado como “cosa juzgada” –no revisable- las sentencias dictadas al amparado de su jurisprudencia anulada y el consumidor no perjudicado no tendrá otra opción que recurrir a los tribunales.

En el caso de que el Supremo falle en contra del BBVA, entonces esta entidad entrará en el mecanismo de devolución del dinero establecido por decreto el pasado enero.

Un aumento que "puede producirse"

En su comunicado, el CGPJ sostiene que, aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo “solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios”.

“Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza –explica-, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas -sostiene la nota-, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos”.

La solución que contempla el CGPJ, continúa la nota de prensa, “consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios”.

Dicha especialización se haría al amparo del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye al CGPJ la competencia para acordar “de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.

Los presidentes de los TSJ han sido convocados a una reunión el próximo 15 de febrero, mientras que los decanos han sido citados para el día 21 de febrero ya que debe ser trasladar la propuesta a las juntas de los jueces y magistrados.

La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se adoptarán, según el CGPJ, “en estrecha colaboración” con los TSJ y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.

Estos juzgados continuarán recibiendo los asuntos ordinarios, por lo que para evitar su sobrecarga contarán con el refuerzo de otros jueces, los llamados de adscripción territorial y que son destinados por las salas de gobierno de los TSJ allí donde se requieran.Estos Jueces de Adscripción Territorial (JATs) recibirían “formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta” en estas demandas.

También habrá refuerzos en el ámbito de los antiguos secretarios judiciales (ahora letrados de la Administración de Justicia) y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, “de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial”.