Este viernes el Gobierno da luz verde al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aspira con esta iniciativa, reclamada originariamente por la formación que lidera Pablo Iglesias, a acabar con un 80% de la pobreza severa en España. Otros, sin embargo, aunque aplauden la medida, temen que no sea suficiente para hacer frente al incremento de la pobreza que se atisba tras la pandemia del coronavirus. 

En cualquier caso, la medida es celebrada por todos: un 84% de los ciudadanos se muestra a favor de esta prestación, según una reciente encuesta del CIS. Incluso la derecha se ha subido al carro, a última hora y a desgana, de una iniciativa que beneficiará a un 5% de la población y cuyo coste rondará los 3.000 millones de euros al año, como ya anunció en su momento el ministro de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, José Luis Escrivá, el encargado de gestionar esta ayuda.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién beneficia?

El Ingreso Mínimo Vital (IVM) es una prestación destinada a familias en riesgo de exclusión social. De esta medida se beneficiarán cerca de 850.000 hogares cuyos ingresos por unidad de consumo es inferior a los 230 euros al mes. La medida alcanza en total a 2,3 millones de personas, la mitad de ellas con hijos.

¿Qué cantidad recibirán los beneficiarios?

Las cantidades a percibir oscilarán entre los 461 y un máximo de 1.015 euros mensuales y serán progresivas en función de la estructura familiar. Un adulto solo percibirá 462 mensuales y una pareja sin hijos llegará a los 600 euros al mes. En caso de que una pareja tenga hijos, la prestación aumenta: 738 euros con un hijo a cargo; 877 sin son dos los menores y 1.015 euros al mes si los hijos son tres o más. A estas cantidades hay que añadir un complemento de 100 euros para las familias monoparentales. 

Es importante recalcar que la prestación no es una cantidad fija que vaya a percibir el ciudadano necesariamente. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. En el caso de que, por ejemplo, una persona que vive sola ingrese solamente 300 euros por un trabajo a tiempo parcial, el IVM completará los ingresos hasta llegar a la cifra estipulada, en este caso 462 euros.

Requisitos para acceder a la prestación

Según el borrador que han adelantado algunos medios, los requisitos fundamentales para acceder al ingreso mínimo vital serán la renta y la búsqueda de empleo. El IMV se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar del demandante, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda que pudiera tener. Se excluye la vivienda habitual del cálculo del patrimonio, pero no podrán acceder a dicha ayuda quienes tengan un piso en propiedad cuyo  valor supere los 100.000 euros. 

También existen unos requisitos de edad, que han ido cambiando a lo largo de los días: los solicitantes deberán ser mayores de 23 años y menores de 65 y deben acreditar que buscan empleo. En cuanto a los migrantes, deberán demostrar un año de residencia legal en España para tener derecho a la prestación.

¿Cuándo empezará a cobrarse?

La idea es que su activación sea inmediata. El IMV comenzará a abonarse de oficio en junio a unos 100.000 hogares. Paulatinamente, en las próximas semanas, se irán incorporando el resto de beneficiarios. El ministro Escrivá aseguró en una entrevista radiofónica la semana pasada que en cuanto se apruebe el Real Decreto, "se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia". Como el Consejo de ministros está previsto para este viernes 29 de mayo y la publicación en el Boletín Oficial del Estado suele realizarse al día siguiente, el 30 de mayo será la fecha de partida para solicitar la prestación IMV.

¿Cómo solicitar la ayuda?

Los potenciales beneficiarios deberán solicitar la prestación a través de la Seguridad Social. Pero como el Gobierno entiende que va a haber beneficiarios difíciles de encontrar por su grado de marginalidad, también trabajará con el tercer sector y con los servicios sociales de los ayuntamientos para llegar al máximo número posible de personas.

¿Será una ayuda permanente?

José Luis Escrivá siempre ha defendido el carácter permanente de la medida. "España es uno de los países con peor distribución de las rentas y es necesaria una red permanente para solventar este problema", afirmó el ministro en una reciente entrevista. Podemos, la otra pata del Gobierno, también ha insistido  reiteradamente en la necesidad de que esta prestación no tenga vuelta atrás. El amplio respaldo de la ciudadanía a la medida certificado por la última encuesta del CIS y la rectificación a última hora de la derecha, en un principio reacia a la medida –PP, Vox y Ciudadanos calificaban al principio la prestación como "broma", "regalo" o "sueldo Nescafé para toda la vida"– pero ahora favorable, son otros factores que invitan a pensar en la irreversibilidad de la misma.

¿Es compatible con otros ingresos?

Sí, el IMV será compatible con otros ingresos, incluso aunque se tenga un trabajo: de forma temporal, el beneficiario podrá percibir un salario superior al IMV. También es compatible con las rentas de inserción que reparten las diferentes comunidades autónomas, aunque en este aspecto hay que concretar su encaje en un sistema de ayudas tan descentralizado y heterogéneo como es el español.

¿Es una medida efectiva y suficiente?

Este es el gran debate en torno al cual gira el Ingreso Mínimo Vital. Nadie, salvo los partidos de la derecha, duda de que la actual situación económica y social del país, con el 21,5% de la población española, unos 12 millones de personas, en riesgo de pobreza y un 5,4% de los ciudadanos, unos 2,5 millones, en pobreza severa, reclama una medida de este tipo. Lo ha dicho hasta el propio ministro Escrivá hace escasos días: "Es una solución estructural a un problema muy agudo que existe en España, donde la pobreza extrema y la falta de distribución de la renta está muy concentrada en las rentas muy bajas". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también dijo el pasado sábado que el IMV servirá para "amparar a cuatro de cada cinco personas que en España sufren pobreza severa" y acercar así al país a la media de la pobreza existente en la Unión Europea. 

Todo eso es cierto, pero aún así no todo es de color de rosa. Todos los expertos coinciden en señalar que las cifras de pobreza se han disparado ya con la pandemia y que las cifras que maneja el Gobierno en cuanto a coste y número de beneficiarios pueden quedar desfasadas muy pronto. 

Eso es lo que señala Daniel Raventós, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y uno de los expertos que comparecerá en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados para acelerar la recuperación de España tras la crisis del coronavirus, quien recuerda que esta prestación no deja de ser "una renta para pobres" que deja fuera al 75% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. "El ingreso mínimo vital todavía no se ha concretado pero por las declaraciones del ministro Escrivá, ya sabemos que va a ser, no insuficiente, sino extremadamente insuficiente", apunta el experto.

Interrogantes a despejar

En este sentido, aunque consideran que es "una magnífica noticia", los expertos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan a la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo la gestación del IMV: cuestionan el hecho de que el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios se vaya a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos, lo que hace que la prestación quede obsoleta y "no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia".

Estos expertos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que la capacidad económica del potencial beneficiario de la prestación se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud y advierten de que los ayuntamientos "se verán obligados a asumir un aluvión de solicitudes".

Otro de estos aspectos a clarificar es cómo llegar al mayor número de beneficiarios. "El Gobierno deja sin aclarar cómo piensa afrontar el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por, precisamente, las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión", se queja la asociación de gerentes. El Gobierno ya ha dicho que implicará a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque es verdad que aún no ha precisado cómo.

Además, estos mismos expertos temen que la implantación del IMV, aunque es compatible en principio con otras prestaciones sociales, provoque "un indeseable efecto perverso": que las comunidades autónomas "caigan en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en ayudas sociales a otras políticas". En este punto, el Gobierno aún debe especificar cómo encajará el IMV con las distintas rentas de inserción de las comunidades autónomas.

La trampa de la pobreza: por qué es mejor la renta básica universal que el IMV

Al IMV también se le llama renta mínima, alentando así una cierta confusión con la renta básica universal. La diferencia entre el IMV y la Renta Básica Universal (RBU) reside en el hecho de que, mientras en el primer caso la persona perceptora tiene que acreditar que no llega a un determinado nivel de renta, en el segundo caso la ayuda sería incondicional para todos los habitantes del país sin excepción.

Raventós, quizá el mayor experto en renta básica que hay en España, advierte de que el IMV es "una variante más de los miles de subsidios para pobres que se conocen", y que como tal presenta ciertas carencias, en lo que se conoce como "la trampa de la pobreza".

Entre esas carencias, Raventós señala la incompatibilidad de estas ayudas condicionadas con otras fuentes de renta. Así lo explica: "Existe un fuerte desincentivo a buscar trabajo remunerado, si recibes un subsidio de 600 euros y te ofrecen un trabajo de mierda, 700 euros al mes por trabajar 45 ó 50 horas a la semana, no vale la pena que lo cojas, pues no sabes si el empleo va a durar tres meses, y luego vas a tener que volver a pedir el subsidio y a lo mejor tardan tres o cuatro meses en volver a dártelo y mientras, tienes que seguir pagando el alquiler y otras facturas".

Además, Raventós plantea otros problemas añadidos: este tipo de subsidios para personas en situación de pobreza implican "unos costes administrativos inmensos" –la condicionalidad de los mismos supone que se controle que los beneficiarios cumplen con los requisitos legales en todo momento–, provocan una "estigmatización" –los candidatos tienen que "significarse como pobres en las ventanillas de la Administración"– y, finalmente, "la cobertura es insuficiente, pues estos subsidios no llegan a todos los que teóricamente deberían ser usuarios": el porcentaje de las personas que no solicitan estas prestaciones a pesar de cumplir todos los requisitos llega "hasta el 60%" a nivel global, según apunta Raventós.

Raventós también tira de estadística para señalar que sólo en España, sumando todos los subsidios de este tipo que ya existen en todas las comunidades autónomas, sólo un 7% de la población pobre recibe estas ayudas. 

Todos estos problemas, puntualiza Raventós, los supera la renta básica universal: es compatible con otras fuentes de renta, no tiene "ningún coste administrativo", tampoco hay estigmatización, ni tan siquiera problemas de cobertura" pues la recibe todo el mundo. 

El experto indica que esta renta básica universal ya era "necesaria antes de la pandemia y ahora lo es más", pero reconoce que no es suficiente para sacar a las personas de la pobreza y que, por lo tanto, esta medida de política económica debería ir acompañada de otras en otros ámbitos. 

Ayudas similares en otros países europeos

Un reciente y exitoso experimento llevado a cabo en Finlandia ha demostrado que una renta básica universal e incondicional no sólo no desincentiva la búsqueda de empleo, sino que, además, proporciona mayor felicidad y bienestar a sus beneficiarios. Pese a ello, ningún país europeo la ha adoptado aún: una renta universal hace necesaria una reforma fiscal en profundidad para que el Estado recaude mucho más en impuestos. Todavía son escasos los países que se atreven a dar el paso. 

Sí existen, en cambio, ayudas iguales o similares al IMV. El modelo nórdico, como siempre, va por delante: Dinamarca, por ejemplo, cuenta desde hace tiempo con un ingreso mínimo que varía en función de la edad del beneficiario, si se ha emancipado, si tiene hijos a su cargo o si sufre alguna enfermedad. La cuantía varía entre los 476 euros mensuales hasta los 2.035 euros para menores de 30 años con hijos a cargo.

Otros países más cercanos a España también van por delante. En Portugal, la ayuda puede llegar a los 300 euros para los que tienen un hijo a cargo y dura 12 meses aunque aunque puede durar más; a cambio se exige al beneficiario una búsqueda activa de empleo. Francia ofrece una ayuda aunque se esté trabajando: hay que ser mayor de 25 años y como poco se reciben 550 euros, una cifra que va aumentando en función de los hijos que tengan a cargo. En Italia, la prestación puede llegar hasta los 780 euros.