Las energéticas disparan sus beneficios hasta los 11.000 millones mientras intensifican su oposición al nuevo impuesto

Las contradicciones llevan camino de cortocircuitar, por acumulación, las lógicas del mercado energético: las grandes compañías ven cómo la rentabilidad de su negocio, que no deja de ser la gestión de una actividad privatizada por los Estados, se dispara a un desconocido ritmo de crecimiento de casi el 50% para sumar casi 11.000 millones de euros en nueve meses mientras aspiran a ingentes inyecciones de dinero público a través de los fondos europeos (13.800 millones Naturgy, 30.000 Iberdrola, 412 Endesa, 6.000 Repsol) y sin que ello sea un obstáculo para oponerse a pagar un impuesto de nueva creación que se llevaría menos de la mitad de ese beneficio extraordinario.

El escenario se completa con una clientela cautiva que ve cómo sus bolsillos se vacían a un ritmo vertiginoso como consecuencia de la misma coyuntura económica, y de las prácticas especulativas desatadas a su socaire, que está disparando los beneficios de esas compañías, y con un Estado, el mismo que privatizó el negocio y que ahora impulsa el nuevo tributo 'paliativo', al que las acciones de socorro a los ciudadanos le están costando casi cuatro veces más de lo que ingresará con ese impuesto.

Y nada apunta, sino más bien al contrario, a que esas tendencias vayan a atenuarse a corto plazo, al menos por la parte de las compañías energéticas, cuyo grupo de operadores principales cerró este viernes el ciclo de presentación de resultados de los tres primeros trimestres del año.

Los datos presentados a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y los difundidos por las propias compañías suman unos beneficios de 10.970 millones de euros de enero a septiembre que superan en un 49,53% los acumulados en el mismo periodo del año pasado, cuando se estaba consolidando la escalada de precios de la energía que lleva meses minando la economía de familias y empresas en una endiablada coyuntura a la que se suman factores como el encarecimiento de los alimentos y de las materias primas y otros como las subidas de los tipos de interés de créditos e hipotecas. Un cuadro que pronto puede verse agravado por nuevas decisiones del BCE (Banco Central Europeo) que afectarán directamente a los bolsillos de los particulares.

En ese escenario, las ganancias netas de los tres primeros trimestres del año se disparaban por encima del 80% en el caso de Cepsa y del 60% en el de Repsol, operadores principales en España en los sectores del gas natural y del licuado y en el de los carburantes. Mientras, los de Endesa e Iberdrola, que también tienen esa catalogación en electricidad y gas natural, aumentaban un 13% y un 28%, y los de Naturgy, que comparte calificación con estas últimas con el añadido del gas licuado, mejoraban un 22%.

Las estimaciones están hechas a la baja, ya que les falta incluir los resultados del tercer trimestre de Acciona Energía y EDP, operadores principales en electricidad que todavía no los han hecho públicos, y los de Galp, BP y DISA, los tres en carburantes y los dos últimos también en gas licuado, que solo difunden cuentas anuales.

¿Cuánto supondría el futuro impuesto?

La proposición de ley del PSOE y de Podemos "para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito", para el que este jueves terminaba el plazo de presentación de enmiendas previo a su tramitación parlamentaria en el Congreso, contempla un gravamen del 1,2% de la facturación para los grupos declarados 'operador principal' por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cuyo volumen de negocio supere los 1.000 millones de euros y siempre que la energía genere más de la mitad de los ingresos del emporio, lo que reduce la lista a los diez señalados.

Sobre el papel, y a falta de conocer la configuración definitiva del tributo, comienzan a perfilarse dos rasgos de este: un reducido impacto sobre los beneficios netos que declaran los grandes grupos energéticos una vez liquidados los impuestos ya vigentes y descontadas las provisiones, que no dejan de ser ganancias que se quedan en las cuentas de la empresa, y una expectativa de recaudación bastante superior a la inicialmente prevista por el Gobierno, que la cifraba en 2.000 millones de euros anuales durante los dos ejercicios de vigencia del gravamen.

La facturación de las siete energéticas principales que operan en España y que realizan declaraciones intermedias de resultados suma 157.540 millones de euros, cantidad de la que se derivaría una recaudación de 1.888 a falta de incluir las cifras del tercer trimestre de Acciona y de EDP, el cuarto de todas ellas y el anual de BP, Galp y DISA.

Por grupos, la mayor aportación le correspondería a Repsol, que ya tendría acumulada una factura de 743 millones de enero a septiembre, en este caso frente a un beneficio neto de 3.222 y una mejora de 1.238 con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, las tres grandes eléctricas sumarían un recibo de 1.073 contra unas ganancias limpias de 5.815 y un avance de 1.083 en esos mismos nueve meses.

Empresas de participación estatal como los operadores de las redes de transporte de electricidad y de gas, Red Eléctrica y Enagás, cuya facturación de 2.237 millones de enero a septiembre habría devengado otros 26 millones, quedan fuera del perímetro de paganos del futuro impuesto.

"Hay un rescate permanente a las grandes compañías"

"Los impuestos a la banca y las energéticas son una buena medida, pero parecen más de lo que son; y más todavía si se ponen al lado de otras ayudas que se dan a estas compañías", explica Pedro Ramiro, del OMAL (Observatorio de las Multinacionales de América Latina), quien considera que tanto esta fórmula como la que valora aplicar Bruselas "marca la senda de lo que va ser la salida de la crisis".

Esa ruta, anota, vendrá a consistir en "una alianza entre el Estado y las grandes corporaciones, aunque pidiéndoles a estas algunas cosas que antes no se habían atrevido a pedirles; y, ahora sí, partiendo del aprendizaje de la anterior crisis".

Eso supone, añade, que "no van a poner en riesgo la rentabilidad, pero sí a pedirles algunas contrapartidas, y se va a vender a la opinión pública como un cambio de paradigma".

"En el marco de esta crisis cualquier solución pasa por el fortalecimiento del Estado, pero al mismo tiempo cualquier expectativa de obtener rentabilidades para estas grandes compañías pasa por ir de la mano del Estado", señala, con "un rescate permanente en el hay medidas de apoyo como los fondos Next Generation y en el que también van a tener algunas contrapartidas como estos impuestos, que, aunque no son nada extraordinario, hace que se revuelvan y se hagan las ofendidas cuando se les exige el pago".

Efectivamente, la contestación al futuro tributo es generalizada, y en la mayoría de los casos incluye el anuncio de demandas y recursos para tratar de tumbarlo, tal y como este viernes hizo el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, que lo calificó de "desproporcionado" y de "mal diseñado", informa la agencia Reuters.

Una ofensiva contra el Gobierno echando un ojo al accionista

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró hace unos días que la propuesta del impuesto "crea un margen de dudas" sobre las oportunidades para seguir invirtiendo en el negocio energético en España frente a la posibilidad de hacerlo en otros países, mientras su homónimo de Endesa, José Bogas, sostuvo que su planteamiento "va en contra del espíritu" de la Unión Europea.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, adoptó una pose drástica en su intervención en el ‘día del inversor’ que la compañía celebró el jueves: "no es justo y recurriremos a los tribunales", dijo, para añadir que "vamos a ayudar cuando sea necesario siempre que se retire el tema de los beneficios extraordinarios".

El frente común de los jefes de las energéticas contra el Gobierno y sus aliados parlamentarios por la tramitación del impuesto tiene, no obstante, lecturas en otras coordenadas y desde otras perspectivas como las que incluyen en la ecuación a los accionistas, no tanto a los de base, sino a unos fondos de inversión y pensiones y a unos bancos internacionales con una presencia creciente en esos accionariados y que reclaman a los gestores elevadas remuneraciones para mantener sus participaciones.

"Ahora mismo hay un estado de opinión bastante generalizado favorable a la necesidad de gravar los impuestos sobre los extraordinarios beneficios de las grandes compañías energética, y el Gobierno está remando ahí con el viento a favor, porque quienes más están ganando en el marco de esta crisis son quienes más tienen que aportar. Y nunca se les ha gravado con impuestos en este contexto", anota Ramiro.

"Las grandes compañías se resisten, anuncian demandas y aseguran que el impuesto impacta en sus líneas de flotación, pero la realidad es otra", añade, ya que "hasta ahora no han sufrido una merma en los ingresos. Por primera vez se grava el negocio de las compañías en lugar de subvencionar a los consumidores para que su negocio siga boyante. Es un mordisquito, un primer paso que es urgente y que seguramente tiene que completarse con otras medidas".