La Comisión Europea ha sacado a España "del procedimiento del déficit excesivo", y evita un expediente sancionador, basándose en las previsiones económicas tanto del Gobierno como del propio Ejecutivo de la UE que vaticinan que el desequilibrio presupuestario español descenderá hasta el 3% en 2024, por lo que considera que el incumplimiento es de carácter "temporal". España cerró 2023 con un déficit del 3,6%, seis décimas por encima del umbral del 3% que se ha reactivado con las nuevas reglas fiscales tras cuatro años congeladas por la pandemia.

La Comisión, además, ha sacado a España, junto a Francia y Portugal, de la lista de países con desequilibrios macroeconómicos, ya que considera que las vulnerabilidades han disminuido.

La decisión de Bruselas fue adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de controlen el Congreso de los Diputados, que ha calificado de  una "extraordinaria noticia".

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que "es la primera vez desde el año 2011 que España no se encuentra en procedimiento de déficit excesivo", una situación en la que "siempre" ha estado cuando ha gobernado el Partido Popular (PP).Montero ha explicado que la decisión de Bruselas supondrá que el ritmo de saneamiento de las finanzas públicas españolas no tenga que ser "tan brusco" y sea compatible con el Estado del Bienestar.

En todo caso, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha avisado que "la Comisión seguirá observando la evolución presupuestaria en España y volverá a evaluar la situación en otoño".

Con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales el pasado 30 de abril, se tiene en cuenta por primera vez como factor relevante adicional el incremento del gasto en defensa.

Otro de esos factores relevantes a los que mira Bruselas es el ratio de deuda pública respecto al PIB, que debe situarse por debajo del 60% y que a cierre de 2023 alcanzó en España el 107,7%, la cuarta cifra más alta de los países de la UE por detrás de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). Los países cuya deuda se sitúe por encima del 90% del PIB tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año.

Además de España, otros diez Estados miembro superaron también el umbral del 3% del PIB que establecen las reactivadas reglas fiscales: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%).

Francia y seis países más

Sin embargo, Bruselas considera que la apertura de un procedimiento de déficit excesivo sólo está justificada para Francia, Bélgica, Italia, Hungría Malta, Polonia y Eslovaquia, que serán objeto de medidas correctivas por parte de Bruselas y deberán realizar un ajuste anual del 0,5% del PIB.

La Comisión lanzará oficialmente los expedientes en julio con el visto bueno de los Veintisiete mientras que las recomendaciones para corregir los déficits excesivos llegarán en otoño (previsiblemente, en noviembre). Los déficits son principalmente un legado de la pandemia y la crisis de los precios de la energía que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Francia está en el punto de mira, porque es la segunda economía de la UE y se enfrenta a una agitación política después de que el presidente Emmanuel Macron convocara elecciones nacionales anticipadas para el 30 de junio y el 7 de julio, en respuesta a los malos resultados de su partido en las elecciones europeas. 

Francia tenía un déficit presupuestario del 5,5% del PIB en 2023, que se espera que se reduzca sólo ligeramente a una brecha del 5,3% este año. La deuda pública de la segunda economía de la eurozona era del 110,6% del PIB en 2023 y la Comisión prevé que aumente al 112,4% este año y al 113,8% en 2025. Esto supone casi el doble del límite del 60% fijado por la UE.

Las medidas disciplinarias, conocidas como procedimiento de déficit excesivo, serán las primeras de este tipo desde que la Unión Europea suspendió en 2020 sus normas fiscales destinadas a evitar el endeudamiento excesivo. Tras tomar esa medida, reformó el marco para tener en cuenta las nuevas realidades económicas de una elevada deuda pospandémica.

El nuevo sistema fiscal exige a los Estados miembros que preparen planes fiscales y estructurales a medio plazo, que deberán presentar antes del 20 de septiembre. Estos planes establecerán las sendas de gasto para los próximos cuatro años (ampliables a siete), junto con los compromisos de reformas e inversiones que se sustentan en las recomendaciones económicas propuestas por la Comisión.