“Es evidente que carezco de capacidad física y moral para comparecer en tantos juicios”, sostiene el expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho, en el escrito por el que solicita a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona que le exima de declarar como testigo por el fiasco de la entidad en la vista señalada para el 22 de mayo, tras haber recibido citaciones de al menos otras cinco ciudades: Madrid, Zaragoza, Granada, Sevilla y Oviedo, y alguna más de la capital catalana.

“Mi comparecencia como testigo en la vista (…) puede sentar un precedente que puede ser emulado por otros juzgados de todo el territorio nacional”, señala el exejecutivo de Popular, que asegura haber “recibido multitud de citaciones para comparecer” y reclama a la jueza “que me libere de la obligación de declarar”.

El expresidente de Popular, que figura como investigado en la causa por los presuntos delitos de falsedad, apropiación indebida y administración desleal que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, trata así de evitar la cadena de comparecencias por juzgados de media España para explicar, bajo juramento, que sabe del fiasco de Popular, que se llevó por delante el dinero de las decenas de miles de ahorradores que acudieron a su ampliación de capital de 2.505 millones en 2016.

Emilio Saracho asegura que “mi desconocimiento es absoluto” en un epígrafe de su escrito de doce folios titulado “de la desproporcionalidad e inutilidad de la prueba”, en el que alega que “mi antigua condición de presidente” del banco “no implica en modo alguno que conozca a los demandantes, ni por supuesto que participase en la comercialización o la adquisición de acciones por estos”, además de desconocer “todas las circunstancias particulares” de la operación en la que compraron unos títulos cuyo valor se esfumó con la resolución del banco y su compra por Santander por un euro.

La sombra de la Audiencia Nacional

En realidad, lo que los demandantes de todo el país pretenden que aclare es si Popular quebró solo por un problema de liquidez sobrevenida o arrastraba uno de insolvencia, y, en su caso, si esta era anterior a la ampliación de capital, ya que se trata de esclarecer si los pequeños inversores fueron o no engañados, tal y como sostiene la Fiscalía de Barcelona.

La documentación interna que va trascendiendo revela indicios de un caos contable que nadie detectó, con bailes de hasta 5.500 millones de euros en el agujero del banco, mientras la JUR (Junta Única de Resolución, de la UE) y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, del Gobierno español) tomaban sus decisiones a partir de un informe en el que la horquilla alcanzaba los 9.500 millones.

Sin embargo, la sospecha de incapacidad física y moral para afrontar el periplo judicial que manifiesta Saracho no es el único motivo para intentar eludirlo.

El propio expresidente de Popular apunta en el escrito que esas declaraciones como testigo, que en todos los casos se producirían bajo promesa juramento de decir la verdad, algo a lo que no están sujetos un imputado ni un acusado, podrían tener consecuencias en su horizonte penal y “afectra a mi derecho de defensa”.
“Resulta de gran relevancia el hecho de que ostento la condición de investigado” por el juez Andreu en una causa que “versa sobre hechos sustancialmente iguales”, señala, antes de sugerir que, de mantenerse la citación, “el contenido de las preguntas (…) ha de respetar el derecho de defensa que me asiste en dicho procedimiento penal”.

Videoconferencia, pernoctación o tren

En su escrito, de doce folios, Saracho insiste en que “no mantengo ningún tipo de vinculación” con Popular, apunta que “mi declaración testifical resulta totalmente desproporcionada e inútil” en una causa civil y propone que, en todo caso, esta se produzca por videoconferencia.

Saracho, que lleva décadas como alto ejecutivo de banca y que en Popular tenía un sueldo anual de casi dos millones de euros (aunque solo estuvo cuatro meses en la entidad) y derecho a una prima de cese de cuatro, alega que desplazarse a Barcelona la víspera y hacer noche fuera de casa “supone, consecuentemente, un perjuicio económico por la necesidad de alojarme en un hotel”.

“No existen medios de transporte que permitan mi desplazamiento entre la ciudad de Madrid y Barcelona el mismo día del juicio”, argumenta. En realidad hay dos trenes que, por 80,15 y por 66,75 euros, salen de la capital entre las seis y las seis y media de la mañana y que llegan a la estación de Sants con casi dos y más de una hora de margen para el juicio.

El abogado del pequeño inversor, Felipe Izquierdo, ha solicitado a la jueza que desestime la petición de Saracho. “No existe incompatibilidad alguna”, entre las causas, señala, ya que “a día de hoy ni ha sido citado a declarar en el procedimiento penal”.

“Afirmar que su testimonio es inútil, debe ser tildado como mínimo de frívolo”, añade el letrado, a quien le produce “sonrojo ajeno” la alusión del expresidente de Banco Popular “a lo gravoso que puede significarle un desplazamiento a Barcelona”.