Cada ciudadano europeo perdió una media de 3.000 euros anuales debido a las medidas de austeridad que los Gobiernos europeos implementaron tras la crisis financiera de 2008, según un informe publicado esta semana. Tras la mano de hierro y los hombres de negro de la Troika que dejaron a países como Grecia hundidos en un lastre económico por décadas, los líderes europeos aseguran con frecuencia que han aprendido de esos errores. Pero en plena crisis socioeconómica y energética, la apuesta del Banco Central Europeo (BCE), el organismo que fija la política monetaria de la zona euro, vuelve a llamar a los fantasmas de antaño en su intento de lidiar con el equilibrio cuasi imposible de contener la inflación y de evitar, en paralelo, la recesión.

En su última reunión, celebrada a finales de octubre, la institución que dirige la francesa Christine Lagarde anunció la tercera subida consecutiva de los precios de interés. Se fijó en un aumento de 0,75 puntos básicos dejándolos en el 2%, el nivel más alto de la última década. Y los de Frankfurt despejaron el camino de los próximos encuentros: la estrategia es continuar por este sendero los próximos meses, incluso en un escenario de recesión suave.

El impacto de esta política monetaria, azuzada por los halcones, no ha servido de momento para rebajar la inflación de la Eurozona, que con el 10,7% pulverizó un nuevo récord el pasado mes de octubre. Para la institución monetaria el objetivo es que se mantenga en torno al 2%, cinco veces por debajo de la actual.

"La subida de los tipos puede acabar lastrando la creación de empleo y generando una recesión. Lo cierto es que asistimos con incredulidad a esta política monetaria del BCE, y nos preguntamos si no vamos a aprender nada de las anteriores crisis. ¿Qué ocurrirá con el sufrimiento y las consecuencias que están generando cuando acaben reculando y reconociendo que incidir en este camino de subidas de interés no es la dirección correcta? ¿Quién se hará responsable de sus negligencias?", denuncia la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva, en declaraciones a este medio.

Poco después de anunciar la subida de los tipos, el BCE envió a España un informe no vinculante advirtiéndole contra el impuesto a la banca que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé aplicar a las entidades financieras en 2023 y 2024. La entidad monetaria aludía posibles "consecuencias negativas" para el sector bancario, su resiliencia y la concesión de créditos abogando en su lugar a trasladar este gravamen a los clientes.

Desde la familia de La Izquierda en el Parlamento Europeo advierten de que estas medidas orquestadas en la ciudad germana merman la capacidad de liquidez de las familias, dificultan el acceso a las líneas de créditos y endurecen los regímenes hipotecarios, sacudiendo con más dureza a los más vulnerables y a las personas más expuestas a esta alza de precios de la luz, los alimentos o los combustibles que no toca techo. Por ello, insisten en la necesidad de "actuar con firmeza" a la hora de poner un tope al precio de la energía, una medida que genera grandes divisiones entre los Veintisiete y a la que se opone con firmeza Alemania. Tras varios intentos, la UE ha sido incapaz de acordar un tope al precio de la luz, como piden una mayoría de países, entre los que se encuentra España.

Pasos hacia la austeridad

La política agresiva de Frankfurt expulsará a muchas familias del mercado hipotecario, algo que para Villanueva "es un error que retrae al mantra neoliberal que tanto daño hizo en la crisis de 2008". Todo ella llega en un momento en el que la subida generalizada del coste de vida no se está traduciendo en un aumento de los salarios, lo que ha llevado a miles de personas a alzar la voz en París, Berlín, Madrid o Bruselas. En ciudades como la capital española o la ciudad condal ya se destina de media la mitad del sueldo para comprar una vivienda, muy por encima del 35% máximo recomendado.
La incertidumbre energética, los cuellos de botella en la cadena de suministro de las materias primas o la inflación disparada dibujan un escenario sombrío en el que la subida de tipos amenaza con más fuerza a países con deudas públicas elevadas como España e Italia. Y en consecuencia, a sus ciudadanos más vulnerables.

Tras las decisiones de mano dura del BCE, los países sureños pagarán más por su deuda y verán, por tanto, su capacidad financiera para fortalecer las ayudas sociales más reducida. Mientras, otros como Alemania han aprobado un polémico plan de choque que con 200.000 millones de euros -más de lo que recibirá España en el marco del plan de recuperación europeo- que protegerá a sus empresas y consumidores.

"Parece que volvemos a estar en manos de quienes han practicado una austeridad económica que nos ha dejado una situación tan complicada en la actualidad. Repetir la misma fórmula sería un error y una irresponsabilidad, sobre todo en tiempos en los que se necesitan muchos servicios públicos y mucho estado social. Un momento en el que necesitamos muchos recursos públicos para hacer frente, fundamentalmente, al cambio climático y sus consecuencias", afea Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, en declaraciones a Público.

Con estos nubarrones de fondo, la Comisión Europea ha presentado este miércoles su esperada nueva estrategia sobre reglas fiscales en la UE. Así, se ha confirmado que los umbrales que fijan un máximo del 3% de déficit y del 60% de deuda pública se mantrienen otorgando más margen de flexibilidad dependiendo de las circunstancias de cada país, pero al precio de que el proceso de sanciones –que nunca se ha llevado a cabo hasta la fecha– se agilice.

"Todo parece indicar que las instituciones europeas parecen estar volviendo a caer en las políticas de austeridad. La subida de tipos de interés por parte del BCE es especialmente grave: no son pocas las instituciones y los expertos en economía que están señalando que las subidas de los tipos de interés solo van a asfixiar a las familias y nos va a llevar a la recesión. Lo dice hasta el FMI, una entidad poco sospechosa de ser progresista", afea Rego.