El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por Ferrovial contra una resolución de Hacienda que le reclamaba 119,2 millones de euros por el Impuesto de Sociedades de 2006, año en el que la empresa se dedujo ciertos importes por la compra del aeropuerto londinense de Heathrow.

De esta forma, la sentencia 3639/2023 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, fechada el pasado 12 de septiembre, ha anulado tanto la liquidación solicitada por la Agencia Tributaria en 2012 como la sentencia que la Audiencia Nacional emitió en 2019 en la que desestimaba un recurso de Ferrovial.

El principal concepto debatido era la aplicación de la deducción por actividades exportadoras en relación con la inversión realizada en 2006 para la adquisición de la participación en la antigua BAA (Heathrow), un importe que Ferrovial cifra en 119,2 millones de euros en sus cuentas de 2022 y que tenía totalmente provisionado.

La compañía denunció en sus recursos que la inspección no dio respuesta, en dos ocasiones sucesivas, a las alegaciones presentadas contra ese pago, y que la Administración actuó "de manera precipitada y prematura", sin dar tiempo a tener en su poder las alegaciones.

De hecho, Ferrovial argumentaba que de ello podría interpretarse que la Administración "no se esperó a recibir tales alegaciones porque había dudas sobre la normal duración del procedimiento y se podría correr el riesgo de prescribir el derecho de la Administración a liquidar".

El abogado del Estado, por su parte, reconoce que la sala de instancia denunció un cierto apresuramiento en la forma de proceder de la Administración, en cuanto que no esperó a tener en su poder las alegaciones, aunque matiza que no se dio por probado que la única motivación de la Administración tributaria fuese la de evitar el riesgo de prescripción por exceso de duración del plazo.

En cualquier caso, la última sentencia del Alto Tribunal considera que es nula de pleno derecho la liquidación practicada sin valorar las alegaciones previas del contribuyente, presentadas en tiempo y forma, por lo que debe presumirse la existencia de una "indefensión material".

Otros litigios

En sus últimas cuentas anuales, Ferrovial recoge unas provisiones de carácter fiscal por un importe total de 200 millones de euros, correspondientes a litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España, cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones de euros, siendo los más significativos las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017.

El litigio más importante era el que el Tribunal Supremo acaba de dirimir, aunque la compañía destaca también el de 44,3 millones vinculado al fondo de comercio financiero derivado de las adquisiciones de Amey y Swissport. Ferrovial ya ha presentado un recurso contra la decisión de la Comisión Europea de 2014, en el que declara que esta medida fiscal es una ayuda de Estado.