La vieja máxima neoliberal, de especial raigambre en España, de confiar el comienzo de un nuevo ciclo de negocios, después de episodios de recesión de especial intensidad, a sectores en los que se deja rienda suelta al supuesto factor dinamizador y equilibrador entre la oferta y la demanda, como el inmobiliario, no está entre las recomendaciones de instituciones como el FMI.

Un afán que ya ha salido a relucir en la idea que tiene en mente (como si fuera una novedad) la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. Al frente de otro gobierno de tinte marcadamente liberal ha llegado a decir, en sus escasas comparecencias en la Asamblea madrileña durante la crisis de la Covid-19, que, "para que esto salga adelante y se recupere lo antes posible, hace falta quitarse las vendas y los dogmas ideológicos, y permitir que la colaboración público-privada continúe su desarrollo y liberar suelo, porque parte de la recuperación vendrá por la construcción, por no limitar el precio de la vivienda", como asegura que pretende y persigue el Gobierno español.

En la crisis financiera de hace un decenio, el estallido de la burbuja especulativa surgida al calor de la Ley del Suelo de 1998 que impulsó José María Aznar y que propulsó el combustible generado por el BCE con unos anómalos tipos de interés (demasiado bajos y concebidos más a facilitar la recuperación del PIB alemán, que registró números rojos en 2002 por la turbulencia punto.com, que a contener el sobrecalentamiento de economías como la española, con elevada inflación y crecimiento) fue el factor esencial de que la recesión en España experimentara una virulencia y una prolongación tan inusitada.

De que el sistema bancario hispano colapsara y que tuviera que recapitalizarse mientras se extirpaban de sus balances los ingentes activos tóxicos inmobiliarios. O de que los niveles de deuda se dispararan porque el Estado había absorbido gran parte de la deuda corporativa. Sobre todo, la de las entidades financieras, con el peso de los 65.000 millones de euros del rescate a los bancos: aunque también la empresarial.

Once años después, con la Gran Pandemia haciendo estragos en las economías por todos y cada uno de los rincones del planeta (con datos de tanta relevancia histórica como el hundimiento del PIB de Reino Unido, el más grave de los últimos 300 años, más aún que en las dos guerras mundiales, según el Banco de Inglaterra) el mercado inmobiliario, el fervor constructor que llevó a España a superar en viviendas nuevas a la suma de las cuatro grandes potencias de la UE, entre las que se encontraba entonces la británica, no está precisamente entre los motores productivos que deben impulsar el despegue post-Covid.

Así lo advierte Vitor Gaspar, director del Monitor Fiscal, el informe sobre balances contables estatales del FMI y responsable en la institución de los análisis presupuestarios. Junto a Raphael Lam y Mehdi Raissi, adscritos como altos cargos de este poderoso departamento del Fondo Monetario, insisten en que la herramienta fiscal no sólo ha provisto de salvavidas a empresas y hogares durante la actual pandemia, sino que es también la receta más potente para diseñar la recuperación económica. Y, en ese desafío, el de que "el final de la Gran Pandemia" traiga "beneficios para todos", dicen, resultará determinante que "se mejoren las redes sociales de seguridad sobre bases presupuestarias". Una estrategia que requiere de "inversiones públicas en Sanidad, infraestructura y cambio climático".

A los países con mayor deterioro de las cuentas estatales, como España, y que presentan "altos niveles de endeudamiento", les insta a "manejar con cautela" los recursos que desplieguen "a corto plazo", de forma que su trayectoria de despegue deje una estela de vencimientos de deuda sostenibles en el tiempo. O, dicho de otro modo, “la cautela presupuestaria” debe presidir todos los fondos de protección -enfatiza el Fondo- “con cauces de ejecución fiscal adecuados y políticas discrecionales y bien planificadas que conduzcan a estimular la demanda” y, al mismo tiempo, “a fortalecer la red social de seguridad sobre los ciudadanos y los subsidios por desempleo”.

Reforzar los estados de bienestar

El FMI parece haber incorporado un tratamiento de choque para salir de la pandemia dirigido a las personas más vulnerables. Lo que explica -dice- que EEUU haya decretado salvavidas sociales temporales de mayor dimensión que los europeos, porque los estados de bienestar en el Viejo Continente son notablemente más generosos en la prestación de servicios de protección. Según el FMI, “algunos de estos fondos temporales expirarán en el tiempo”, pero otra parte de estas provisiones “deben convertirse en permanentes y actualizarse dentro del sistema de beneficios ficales para que puedan servir de estabilizadores automáticos que generen ingresos sociales en futuras epidemias o crisis”. Nunca antes el Fondo había establecido una recomendación general a sus socios industrializados, emergentes o en desarrollo con una carga presupuestaria de tanta envergadura. Pero las tasas de desigualdad social registradas en el ciclo de negocios que acaba de expirar y que también surgió con fórceps fiscales y monetarios aconsejan hacer un acopio de recursos públicos.

El Fondo Monetario deja tres áreas de actuación preferencial en la distribución de los caudales públicos destinados a reforzar esa red social de seguridad. En primer lugar, reservar dotaciones específicas para crear “una cobertura adecuada y amplia de beneficios a grupos vulnerables, bajo criterios de progresividad; es decir, de mayores cantidades a los más pobres”. En segundo término, concretar y garantizar “incentivos en las prestaciones por desempleo que ayuden a los beneficiarios a encontrar trabajo, obtener cuidados sanitarios -donde no rijan los principios de universalidad- y acudir a cursos educativos y de formación.

Y, finalmente, con el reto de evitar nuevas fragmentaciones sociales, diseñar una “compleja red de programas de protección social que no sólo establezca nuevos métodos y salvaguardias, sino que corrija los gastos innecesarios de los actuales modelos”; aquéllos que “ni benefician ni resultan consistentes” para perpetuarse en presupuestos futuros. En las potencias de rentas altas este tránsito supondría ampliar a más personas sus actuales redes de cobertura y mejorar el impacto que estos beneficios acarrean a los niveles de vida de sus receptores.

Mientras que en la órbita emergente y en las naciones en vías de desarrollo, la forma de suturar esta brecha y dar resguardo social a millones de personas que carecen de programas sociales exige el uso de instrumentos digitales. Aplicaciones capaces de prestar servicios sanitarios, de transporte o de manutención y que estén en condiciones de abordar a un número mayor de los actuales beneficiarios. “Las redes sociales podrían mejorar la redistribución de la riqueza”, enfatiza el Fondo, “a poco que el 20% de la población más pobre reciba mayores beneficios relativos que el 20% más rico”.

En este sentido, el FMI aconseja a los gobiernos “incentivos temporales” en el pago de impuesto y contribuciones sociales para ayudar en los primeros estadios de la recuperación a las empresas en materia de contratación laboral. Al igual que rebajas en el IVA que espoleen el consumo, pero deja este recetario a la discrecionalidad de cada gobierno, en función de “la habilidad fiscal que provoque la instauración de estas medidas”.

Porque “las inversiones de calidad deben dirigirse a la Sanidad, con vistas a minimizar los riesgos de futuras epidemias o crisis económicas” y a la incentivación de otras dos prioridades: proyectos de infraestructuras y de tecnología verde que conduzcan hacia la neutralidad energética, con la fuentes solar y eólica como las más idóneas en el camino hacia la consumación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de otros retos como el acceso a agua potable, educación y sanidad entre los países en desarrollo. Todo ello “demanda unos flujos de capital superiores a los 20 billones de dólares, a precios actuales de mercado, durante las próximas dos décadas.

Inversiones verdes y en infraestructuras

La Gran Pandemia debe ser la catapulta de estas inversiones verdes. Al igual que de proyectos de renovación de autovías, puentes, trazados ferroviarios y de redes de servicios esenciales de luz y agua. Con suficientes fondos de inversión y con mecanismos para evitar ineficiencias y casos de corrupción. En especial en el mundo en desarrollo. Aunque también en economías avanzadas con “amplios márgenes de maniobra como Alemania u Holanda”, que deben emplear “mayores cantidades de inversiones públicas” en un momento de bajos tipos de interés que redunda en un incremento del valor de los activos utilizados. Y en las que, como Italia y España, no disponen de colchón presupuestario, pero que “pueden redirigir sus ingresos y gastos a aumentos de las inversiones”. En mercados emergentes como Brasil o Sudáfrica, con elevadas tasas de deuda e intereses de pagos altos la salida es acudir a proyectos de desarrollo de financiación multilateral con devoluciones cómodas y sostenibles en el tiempo. “Son países que deberían tratar de lograr más por menos”. Una sugerencia que enfoca a naciones como Nigeria, que “debería elevar sus ingresos tributarios a largo plazo para abordar los bajos ingresos de su población desfavorecida”.

Las herramientas fiscales -convienen los expertos del FMI- son imprescindibles en la reactivación y en la posterior corrección de los espectaculares déficits y niveles de endeudamiento soberano. “Cuando la pandemia se abata, los gobiernos deberán estabilizar estos fuertes desequilibrios y tendrán que disponer de programas presupuestarios adecuados para reconducir las dinámicas de consolidación fiscal y de endeudamientos a medio y largo plazo”. Pero hasta entonces, hasta ver en qué momento se produce el despegue y las ratios de desorden fiscal y de exceso de deuda “los subsidios son el mejor de los combustibles para espolear el crecimiento, confeccionar un adecuado ciclo de negocios y emprender una agenda de reformas que consoliden la estabilidad futura”.

En otro apéndice de la primera revisión del Fiscal Monitor, apenas un mes después de su informe primaveral, Gaspar ensalza también el papel protector de las empresas estatales. “El creciente estatus del sector público está salvando vidas, restaurando la capacidad adquisitiva de familias y realizando suministro y servicios esenciales” para combatir la Covid-19. Así como la provisión de préstamos, a través de bancos con participación estatal, para pequeños negocios. Aunque en un amplio porcentaje, partes substanciales de estos programas de estímulos vayan a empresas de gran dimensión como las aerolíneas o las petroleras, asoladas por el desplome del precio del crudo, admite Gaspar. En algunos casos, el tamaño de las ayudas, antesala de nacionalizaciones futuras, puede llegar a crear emporios estatales capaces de rivalizar con estructuras corporativas privadas. Y recuerda que firmas con participaciones mayoritarias o estratégicas de patrimonio público existen en todos los países. “En China, Alemania, India o Rusia se cuentas por miles”. E, incluso, suponen el 55% del total de inversiones en infraestructuras de los mercados emergentes y en vías de desarrollo.