Silvia Torres lleva casi seis años viviendo en un piso en Granollers (Barcelona) que al principio le costaba 385 euros mensuales. El propietario era Banco Sabadell, pero cuando faltaba poco para acabar el contrato, el banco lo vendió al fondo buitre Azora. Si quería renovar y quedarse en su casa, la empresa notificó a Silvia que su alquiler subiría a 690 euros en los siguientes tres años, y a 897 euros los cuatro que quedarían hasta su finalización. "Yo era consciente de que habría una subida, pero triplicar el alquiler es otra cosa. Este piso no lo vale", explica Silvia por teléfono a Público.

Todo el proceso de renovación estuvo marcado por la "poca transparencia" del fondo. Silvia no pudo ver el contrato hasta el día de la firma, y tampoco podía sacarlo de la oficina si no era firmado. Ya sellado, lo llevó a un abogado, que constató que había una serie de "cláusulas abusivas" y estaba "totalmente desequilibrado" en cuanto a las obligaciones de arrendador y arrendatario.

Por eso Silvia, junto con el Col·lectiu Ronda y el Sindicat de Llogateres, ha sentado a Azora en el banquillo de los acusados en un juicio pionero que se llevó a cabo en noviembre y que ha quedado visto por sentencia. "Coger las maletas y marcharse sería lo más fácil, y es lo que tuvieron que hacer otros vecinos. Pero pensé que esto era una injusticia y que había que denunciarlo", explica la demandante.

Hace más de dos años que interpusieron la demanda, pero el proceso se ha alargado más de lo habitual debido a la pandemia. El juicio ha llegado en un momento en el que los precios de los alquileres están en máximos históricos mientras el Gobierno debate si regularlos o no.

Este juicio podría marcar un precedente ante unos abusos inmobiliarios que no afectan sólo a Silvia, sino también a miles de arrendatarios de Azora y otros fondos buitre, propietarios de buena parte de los pisos de alquiler a raíz de su entrada en el mercado de la vivienda posterior a la crisis de 2008. "Son muchos los contratos de arrendamiento en manos de estos fondos, y si no se paran estas prácticas, se pueden ir generalizando", advierte en una llamada con Público Montse Serrano, abogada del Col·lectiu Ronda. De este juicio esperan que salga una sentencia que pueda disuadirles a la hora de incluir este tipo de cláusulas.

Hasta diez cláusulas "abusivas" y "fraudulentas"

No se trata sólo de la subida del alquiler. Los colectivos han denunciado hasta diez cláusulas "abusivas y fraudulentas" incluidas en el contrato de Silvia que denuncian que atentan contra los derechos de los inquilinos. Una de ellas es, por ejemplo, que el inquilino deba asumir el seguro de impago.

También que se declare que el contrato ha sido negociado libremente entre ambas partes, cuando Silvia no pudo siquiera acceder al texto antes de su firma. La posibilidad de que se queden la fianza, el cobro de una penalización muy alta por la demora en el retorno de las llaves o la autorización para incluir al inquilino en el registro de morosos son otras de las cuestiones.

"Se trata de cláusulas que pueden ser nulas, y sucede en mayor medida en fondos buitre porque no hay capacidad de negociación", sostiene Serrano. "No tuve opción de negociar nada ni hablar con ningún interlocutor", confirma Silvia.

Se trata de unas prácticas que normalmente no se denuncian por los costes que supone, a distintos niveles, y el sector inmobiliario lo sabe: "Si son abusos que no tienen gran relevancia económica, piensan que habrá arrendatarios que no lo tirarán por la vía judicial". Esto hace que se sigan aplicando: "Animamos a que se denuncien estas prácticas porque es la manera de erradicarlas", afirma Serrano.

Ronda está preparando ya otras demandas similares. No saben cuándo saldrá la sentencia, pero están satisfechas con el desarrollo del juicio: "Las sensaciones son buenas, porque estoy convencida de que tenemos razón", dice la abogada.

Si se gana el juicio, se anularán las cláusulas abusivas de Silvia y no se podrá efectuar la subida de enero, debiendo también devolverle la cuota del seguro de impago. Pero lo importante es la posibilidad de que genere un precedente de cara a la firma de nuevos contratos. "Estas empresas juegan con el desconocimiento de miles de personas sin recursos, pero yo no quiero pasar por el aro. No pido un regalo, reclamo un precio coherente y según el precio por metro cuadrado", concluye la inquilina.