La denominada auditoría de la sostenibilidad, cuyos informes estelares y más emblemáticos son los que deben otorgar credibilidad plena e independiente a los avances que las empresas logran en sus criterios medioambientales, de responsabilidad social y de buen gobierno corporativo (o ESG, según sus siglas en inglés y por las que se conocen en el mercado) se ha convertido en uno de los focos de mayor tensión profesional en Europa. No por casualidad. Porque está en juego nada menos que 8.000 millones de dólares en retribuciones profesionales.

Un pastel al que las Big Four -KPMG, Deloitte, PwC y EY- no están dispuestas a renunciar. Para molestia de despachos de abogados y firmas de consultoría y, sobre todo, y de forma indirecta, pero inmediata, de las gestoras de fondos, preocupadas por la batalla larvada que se libra en las instituciones de la UE, porque puede repercutir negativamente en su negocio.

Los distintos lobbies de las firmas de servicios profesionales en los que actúan subrepticiamente las Big Four, por mucho que la regulación europea haya incrementado en los últimos años y de forma paulatina la transparencia de estos grupos de presión e influencia que se instalan en los centros de poder institucional y política -Bruselas y las distintas capitales de los socios de la UE y Washington, con la Casa Blanca y el Capitolio como objetivos en EEUU- han intensificado sus tentáculos en los últimos meses.

El desafío no resulta baladí. Porque los criterios ESG se pusieron de moda entre las carteras de capital durante el bienio de la gran pandemia (2020 y 2021) donde forjaron un valor de mercado que superó, cada ejercicio, los 35 billones de dólares.

Antes de que la guerra de Ucrania hiciera emerger con nitidez la batalla de la Vieja Economía, la de los combustibles fósiles, por controlar el ciclo de negocios post-covid -otro más- e imponer sus activos al menos durante los primeros estadios de la carrera hacia la neutralidad energética. Y pese a que, teóricamente, las promesas corporativas de compañías energéticas, bancos o bigtechs, entre otras, en beneficio de activos con denominación ESG, que llegaron a ser consideradas inversiones especulativas próximas a su propia burbuja financiara, hicieran presagiar a los expertos de Bloomberg Intelligence una cifra de negocio superior a los 50 billones de dólares en 2025, más de la mitad del PIB global.

Los presagios de la unidad de inteligencia de Bloomberg anticipaban a comienzos de año que las inversiones ESG, de mayor protagonismo en Europa, se desplazarían a Wall Street, que volvería a ejercer el liderazgo en otro foco de atracción de capitales, capaz de asumir uno de cada tres dólares que se invertirán en la arquitectura financiera internacional este decenio.

No resultaba un escenario de ficción, de no ser por las incertidumbres geopolíticas y económicas supinas que han surgido del conflicto en Ucrania. Porque más de 50.000 empresas europeas, pequeñas y de gran dimensión, demandan los servicios cualificados de las firmas profesionales para evaluar sus informes ESG y su adecuación a los requerimientos y exigencias regulatorias que, en materia de sostenibilidad, ha implantado la UE en su mercado interior.

Las espadas están en alto. KPMG, Ernst & Young (EY), PwC y Deloitte "tienen, de facto, todo el monopolio", reconoce el europarlamentario Pascal Durand, muy activo en la aprobación de nuevas reglas de juego de sectores, empresas y servicios profesionales, pero "desean disponer de un par más de años para capturar los negocios estratégicos y dominar el núcleo duro de los criterios ESG" en Europa.

La valoración de los 8.000 millones de dólares en tarifas corresponde a la propia Comisión Europea. Cálculos del mercado como el de Bloomberg Intelligence elevaban hasta los 5 billones de dólares el volumen de inversiones vinculado a los criterios ESG en 2025 antes del estallido de la guerra en Ucrania y tras el bienio de esplendor de la Gran Pandemia en las plazas bursátiles.

Una cruzada profesional con manos invisibles

Mientras, en la Eurocámara se busca poner coto a este conflicto de intereses. Por ejemplo, dando legalidad a la incompatibilidad de que un auditor financiero de una compañía concreta -en este caso, cualquiera de las Big Four-, sea también el autor del informe sobre el avance de una firma en materia de sostenibilidad. Una norma que, además, abriría el mercado a consultoras menores y les daría opciones reales de acceder a clientes multinacionales en una multiplicidad de sectores e industrias.

Algunas voces de admitida capacidad de influencia en Bruselas han empezado a dar pábulo a las críticas sobre un supuesto déficit de calidad de los servicios en caso de que las Big-Four pierdan cuotas de mercado notables.

Una de ellas es la de Olivier Boutellis-Taft, CEO en Accountancy Europe, una de las asociaciones de contabilidad y auditoría de cuentas de la UE a la que se considera un grupo de poder bajo los auspicios de las Cuatro Grandes. A su juicio, sería un error no establecer vínculos claros entre las auditorías financieras y sostenibles para que los riesgos sobre los criterios ESG "no puedan ser ignorados o pasados por alto".

En parecidos términos se manifiesta Alexia Femia, asesora de políticas financieras sostenibles en la Federación Bancaria Europea, se declara abiertamente contraria a la separación estatutaria de ambas auditorías, ya que daría la sensación de que sus respectivos informes "no estarían debidamente interconectados", además de que generaría "un encarecimiento inevitable de sus costes".

Fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), asociación profesional mayoritaria, por facturación, del sector auditor y a la que pertenecen las Big Four, hacen hincapié en que la batalla abierta en Europa apunta al "interés de las firmas de servicios de certificación" por adentrarse en un negocio para el que se requieren "unos estándares y capacidades" y en el que desean competir. Para lo cual, estas firmas de asesoramiento también han activado sus pertinentes lobbies, explican, muy "próximos al grupo liberal francés".

Obviamente, desde las firmas se profundiza en estas tesis. Steve Varley, vicepresidente global de Sostenibilidad en EY, lo atestigua a Bloomberg: la intención de los europarlamentarios es la de "restringir la capacidad de elección de las compañías" porque existen normas éticas que se convierten en actuaciones de obligado cumplimiento en la profesión auditora.

Varley se refiere a la Corporate Sustenability Reporting Directive (CSRD) que, de obtener la luz verde legislativa, eleva el grado de información y análisis que se considera financieramente relevante y estimula la aparición e instalación de firmas auditoras ajenas a las Big Four en aras de mayores grados de competitividad en el sector.

En el ICJCE se enfatiza que España es de los pocos socios de la UE que recomienda verificar el estado de sostenibilidad junto al financiero. Incluso antes de la entrada en vigor de la CSRD, pese a la "ausencia de norma" europea en un ámbito de "elevada sofisticación como el de la auditoría que preocupa -dicen- a las pequeñas firmas certificadoras".

Durand, no obstante, deja otra lectura paralela, con un aviso a navegantes y una visión de fondo. El europarlamentario liberal galo defiende la iniciativa legal de Estrasburgo como herramienta para combatir los informes de auditoría favorables con salvedades que superan la prueba con el compromiso de que la compañía supere las alegaciones del auditor, generalmente a través de la contratación de servicios de consultoría o asesoramiento jurídico o fiscal de área de negocios propias de la firma profesional.

Como los de DWS Group, la unidad de gestión de activos unida a la estructura de Deutsche Bank, e investigada desde hace un mes por la policía por inflar sus carteras ESG. O Orpea, un operador de residencia de ancianos francés, sospechoso de maltratos a pacientes y también bajo vigilancia policial. Son dos botones de muestra -alerta Durand- que "nos deben hacer plantearnos si resulta apropiado que se confunda sistemáticamente dos tests de auditoría distintos firmados por la misma persona de una única firma de auditoría".

Desde el ámbito auditor se incide en que el conflicto está generado por las firmas de certificación, que quieren entrar en un negocio de alta capacidad competitiva y que el desglose del informe financiero y del de sostenibilidad incurrirá en mayore gastos a las empresas

El retorno de antiguos conflictos deontológicos

El debate también apunta al viejo dilema de si la información corporativa puede sobrevivir sin el triunvirato de agencias de calificación (S&P, Moody’s y Fitch Ratings) y sin el póker de grandes auditoras: KPMG, EY, PwC y Deloitte.

Con el manido argumento de que ninguna otra firma puede tener acceso a la información relevante y la experiencia acumulada de la que disponen en tantos sectores productivos y empresas globales. Y rememora la división de sus negocios, obligada tras la quiebra de Enron, la eléctrica estadounidense que se llevó por delante a Arthur Andersen, su auditora, que no evitó un fraude masivo con aportaciones urgentes de los planes de pensiones de sus trabajadores para salvar un default histórico e inevitable del que sus directivos tenían pleno conocimiento, para evitar el tráfico de influencias entre sus áreas de auditoría, consultoría y de asesoramiento jurídico y fiscal.

A día de hoy, y pese a la desintegración en distintas firmas de estos servicios, en algunos casos, la frontera sigue siendo tenue y borrosa. Entre los fondos de inversión la preocupación también es mayúscula. Cualquier retraso "dañaría la actividad de las gestoras de requerir información ESG y financiera para satisfacer las ofertas de las carteras de capitales que manejamos", explica Hortense Bioy, analista de Sostenibilidad en Morningstar, que coincide con el parecer de Eric Pedersen, de Nordea, para quien "el retardo en este sentido sería tremendamente decepcionante".

También las autoridades de supervisión contable de Reino Unido y EEUU están tomando cartas en este asunto. En el caso británico, con reformas dirigidas a la industria de la contabilidad y la auditoría de cuentas y nuevos poderes de vigilancia y regulación hacia el organismo de control. En EEUU, los cambios legislativos en ciernes se dirigen precisamente a delimitar potenciales conflictos de intereses.

Mientras, las negociaciones en Europa sobre las auditorías ESG y la norma CSRD podrían trasladarse desde la actual presidencia rotativa semestral francesa a la checa que se inicia en julio, dado que los progresos "siguen siendo mínimos" y alguno de los preceptos de mayor calado "continúan bloqueados", explica Durand. Aunque desde el mandato galo de la UE se incide en que acabará pasando los trámites legislativos a tiempo.

Este frente corporativo se suma a la huelga convocada contra las consultoras tecnológicas por sus intentos de recabar excepcionalidades normativas en el orden laboral que les permita poder ampliar el horario de sus trabajadores, especialmente, los considerados juniors, y mantener tarifas que, en numerosos supuestos, resultan inferiores a los precios del mercado.

El lema de la protesta de estas firmas tecnológicas, con una plantilla de medio millón de trabajadores, es elocuente -"ni jornadas de 12 horas, ni quitar los trienios"- al igual que la reivindicación sindical de que "existen al menos diez categorías profesionales por debajo del salario mínimo que son inasumibles en un sector de alta cualificación y con empresas que obtienen grandes beneficios", alertan las centrales sindicales a la patronal, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).

En los Censores Jurados (ICJCE) se especifica a este respecto que la conflictividad laboral "no existe en las Big Four", donde sí acontecen, sin embargo, "problemas para cubrir ofertas de talento profesional".

En ICJCE se admite que es una actividad con tres meses de alta intensidad laboral, pero que "están al corriente de pago de todas las horas extraordinarias que se realizan" y que la contratación de juniors, suelen oscilar, de promedio, en los 25.000 euros anuales, "por encima claramente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Fuentes de esta institución que acoge al 86% de los auditores que ejercen en España resaltan también la "formación constante" de masters y cursos de especialización que realizan y reconocen la "notable movilidad" que les exige su actividad profesional.

En Reino Unido y EEUU se han impulsado reformas legislativas que conceden a sus organismos reguladores y de supervisión mayores poderes para vigilar conflictos de intereses en el negocio auditor y mayores requerimientos sobre las firmas de servicios profesionales.