Guindos defiende un sistema "rápido" y "directo" al margen de los tribunales para recomprar las acciones de Bankia

BRUSELAS.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha defendido este viernes la puesta en marcha de un sistema "rápido, directo y no judicializado" de devolución para inversores minoristas que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia en 2011, tras la sentencia del Tribunal Supremo que respalda a estos pequeños inversores.

"Es lo que se está explorando, creo que es la mejor solución desde distintos puntos de vista, ya que tenemos la certidumbre del Supremo", ha expresado el ministro en rueda de prensa tras el encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), en la que también ha destacado que supondría un "ahorro importante" tanto para inversores individuales como para los contribuyentes.

"Dada la sentencia que tuvimos el otro día del Supremo y los detalles de la misma, sale mucho más barato para la institución y para los contribuyentes" el ministro en rueda de prensa, en la que ha cifrado en "entre 400 y 500 millones de euros" en costas "si efectivamente se establece un sistema rápido, directo y no judicializado de devolución para inversores al por menor".

Bankia podría ahorrar 400 millones en costas y con un sistema "directo" de compensación a minoristas

La sentencia del Tribunal Supremo asegura que los minoritarios no habrían entrado en Bankia si el folleto de la OPS de acciones de Bankia no tuviera "graves inexactitudes" y que la información difundida a través de su publicación y los comentarios que hubiera suscitado "habrían disuadido de realizar la inversión a pequeños inversores".

La entidad ha desvelado este mismo viernes en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las cuentas de 2015 que hasta 31 de diciembre del año pasado había recibido 76.564 demandas civiles de inversores particulares y 27.448 reclamaciones extrajudiciales.

Así, el titular en funciones de la cartera económica se ha reconocido preocupado ante esta situación y ha recordado que "todos los españoles" tienen un 64% de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En este sentido, ha subrayado que lo que suceda con Bankia "es importante" puesto que es "un jugador importante en el mercado de crédito" y ha recordado que "España tiene que recuperar las ayudas que se inyectaron en el sistema bancario español" a través de sus desinversiones.

Por su parte, la Asociación de Defensa de los Accionistas de Bankia (Adabankia) ha solicitado en una queja presentada al Defensor del Pueblo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ordene y gestione la "recompra universal de las acciones" procedentes de la OPS de Bankia, de manera que se proceda al reembolso íntegro del dinero invertido por los clientes minoristas en la salida a Bolsa de la entidad.

De acuerdo con estos accionistas, esta medida supondrá un ahorro para los contribuyentes de más de 500 millones de euros, ya que estiman que el coste para Bankia de proceder a la devolución íntegra a todos los afectados sería de 1.600 millones de euros, mientras que el coste para la entidad de enfrentarse a la reclamación judicial de todos los afectados ascendería a más de 2.100 millones de euros, correspondientes al principal más los intereses legales y costas.

Por otra parte, esta medida "favorecería el buen funcionamiento de la Justicia", ya que reduciría el "colapso judicial" que provocarían "más de 300.000 demandas por la salida a Bolsa de la entidad", ha señalado en su escrito la asociación, que ha añadido que esta medida "garantiza la igualdad de trato de todos los inversores minoristas" y "contribuye a restaurar la confianza entre los ahorradores y las entidades financieras".

En relación con la posibilidad de realizar un arbitraje similar al que se puso en marcha con las preferentes en 2012, el asesor jurídico de Adabankia, Fernando Zunzunegui, ha señalado que el arbitraje es "innecesario", ya que existe jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, "además de suponer un gasto para el contribuyente de millones de euros, a cobrar por la entidad que gestione el arbitraje".