La presión fiscal a las empresas es la mitad de intensa que la que soportan los ciudadanos en España. Según se desprende de los datos de la Estadística de los Declarantes del IRPF de 2015 que este martes ha hecho pública la Agencia Tributaria, la parte de las rentas que se dedica a pagar impuestos supera el 17% en el caso de asalariados y autónomos mientras que, en la práctica, se sitúa por debajo del 9% en el caso de las sociedades.

Los datos de la Agencia Tributaria cifran en 392.219,5 millones de euros los ingresos de los 18,9 millones de declarantes del IRPF. El grueso de esa cifra, casi 350.000 millones procede del trabajo, ya sea vía salario (320.211 de 15,8 millones de trabajadores) o por actividades económicas (26.515,7 de 2,88 de autónomos), mientras los algo más de 40.000 millones restantes salen del ahorro y la inversión (15.417), de alquileres (11.808) y de los llamados regímenes especiales (4,787,9).

Esos ingresos dan lugar a una cuota de impuesto de 71.040,5 millones de euros que, una vez aplicadas las distintas deducciones por situaciones familiares o económicas, genera una cifra “a pagar” de 67.290,8 que implica una presión fiscal del 17,15% (18,11% sin deducciones). El 7,5% de esos 71.040 millones de la cuota inicial (5.424,5) grava el ahorro, en el que la presión fiscal alcanza el 35%.

Presiones fiscales

Por su parte, el Informe Anual de Recaudación de 2015 de la Agencia Tributaria sitúa en el 24,1% la presión fiscal a las empresas a través del Impuesto de Sociedades en 2015, que sería la más elevada de la década en España. Sin embargo, esa estimación es matizable: los 19.414 millones de la cuota final suponen, en efecto, casi una cuarta parte de los 80.581 en los que se situó la base imponible (la cifra sobre la que se calcula el impuesto tras las deducciones), pero representan solo un 11,53% de los 168.285 de resultado bruto de explotación (el llamado ebitda: ganancias antes de amortizaciones, impuestos y gastos financieros) y únicamente un 8,79% de los 209.361 de resultado contable positivo de esas mismas entidades.

El propio Banco de España sostiene que la presión fiscal a las empresas es en realidad mucho menor de lo que oficialmente indica Hacienda. Su estudio Estructura impositiva y capacidad recaudatoria en España recuerda cómo, en realidad, una vez aplicadas las deducciones y beneficios fiscales, pymes y grandes empresas independientes tributan poco más del 20% de su base imponible, mientras la presión fiscal de los grandes grupos empresariales que consolidan los balances de sus sociedades se queda por debajo del 18%.

Imagen de la delegación de la Agencia Tributaria en Guzmán el Bueno, en Madrid / EFE

El cálculo de la presión fiscal, por otro lado, depende de la manera de calcularla. En el caso de las empresas, la base imponible del Impuesto de Sociedades, a la que se llega tras aplicar deducciones por gastos, inversiones y otros conceptos, se sitúa muy por debajo de la mitad del resultado contable (80.581 millones de 209.361). En el de los autónomos, lo que Hacienda considera rendimiento neto supone más del 75% de la facturación: 19.901,7 millones de euros de una cifra inicial de 25.850 en 2015.

Tributar en tiempos de crisis

El cruce de los datos de ese estudio con los que contiene el Informe Anual de Recaudación de 2015, de la Agencia Tributaria, permite hacerse una idea acerca de sobre qué sectores del país ha recaído la presión fiscal durante la crisis.

La recaudación del Impuesto de Sociedades pasó de suponer 50.179 millones de euros en 2007 a solo 19.945 en 2013 y quedarse en 20.649 en 2015, mientras el IRPF caía ligeramente de 79.731 a 69.951 (con un bache de 71.480 en 2009) para situarse en el último ejercicio declarado en 72.346. Es decir, que mientras la aportación del primero caía un 60%, la del segundo solo se reducía un 10,5%.

En ese escenario, en el que el desplome de los beneficios empresariales y la modificación de su tratamiento fiscal reducían de manera espectacular la tributación de las sociedades al mismo tiempo que la aportación de asalariados, autónomos y ahorradores a las arcas públicas apenas variaba a pesar de la caída de sus rentas, el Gobierno se encomendaba al principal de sus impuestos indirectos, el IVA, para cuadrar las cuentas.

Crecen los impuestos indirectos

Entre 2011 y 2015, en la primera legislatura de Rajoy y del equipo económico Luis de Guindos-Cristóbal Montoro, los ingresos tributarios totales del Estado pasaron de 161.760 millones de euros a 182.009.

Algo más de la mitad de ese aumento de 20.249 la aportó el IVA, cuya recaudación pasó de 49.302 a 60.305, mientras el IRPF asumía 2.543, el Impuesto de Sociedades 4.308 y otros indirectos como el que grava los hidrocarburos crecían en casi 500 (de 9.289 a 9.783).

El peso porcentual de los impuestos indirectos en los ingresos tributarios del Estado creció en ese cuatrienio al pasar del 44,04% al 45,4%, mientras el de los directos se reducía del 54,75% al 53,15%. La diferencia entre unos y otros la cubren “otros” impuestos y tasas.