Los principales bancos españoles mantienen las condiciones de sus hipotecas coincidiendo con la entrada en vigor de su obligación de asumir el pago del impuesto que grava la constitución, y las asociaciones de consumidores vigilarán para que no concierten subidas que compensen el impacto impositivo.

Este lunes ha entrado en vigor el real decreto ley publicado el viernes pasado en el BOE, que hace recaer el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los bancos para que dejen de pagarlo los clientes y que, además, estipula que no podrán deducirlo en el Impuesto de Sociedades.

Las entidades coinciden en afirmar que mantienen las condiciones de sus préstamos hipotecarios pero muchas de ellas no descartan llevar a cabo cambios próximamente, según han dicho a Efe portavoces de los distintos bancos. Este lunes las sucursales de las entidades financieras operan con normalidad y no han registrado ningún "pico" de peticiones de información por parte de los clientes.

Las asociaciones de consumidores -que valoran la decisión del Gobierno de cambiar el sujeto pasivo del impuesto- siguen cautelosas porque están convencidas de que el asunto terminará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al igual que ha sucedido en los últimos años con otros conflictos en materia hipotecaria.

Es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), partidaria de suprimir esta tasa para evitar que repercuta, "tarde o temprano", en los clientes. La agrupación ha denunciado este lunes ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) indicios de "posibles prácticas colusorias" de los bancos a fin de cargar el coste de este impuesto en el hipotecado.

Para su presidenta, Patricia Suárez, "el anuncio coordinado de las entidades financieras de que repercutirán, incluso de forma indirecta, el pago del impuesto aumentado el precio final del préstamo hipotecario, puede constituir una práctica abusiva" contraria a los derechos de los consumidores.

En la misma línea se ha manifestado Facua, que ha pedido a la CNMC que vigile las "más que previsibles" subidas de las hipotecas, y recuerda que aunque el sector tiene "bastante libertad, no se pueden alcanzar pactos entre entidades para llevarlas a cabo de la misma manera".

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha criticado la precipitación legislativa, se muestra convencida de que los bancos trasladarán a los clientes el coste que les supondrá el impuesto y afirma que se están paralizando muchas operaciones de crédito hipotecario.

Competencia analizará la actuación de las entidades

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará hipotéticos acuerdos entre los bancos sobre la repercusión del impuesto que grava las hipotecas, según ha explicado este lunes a Radio Nacional su presidente, José María Marín Quemada. La CNMC analizará la actuación de las entidades en esta dirección, pero "lo que no vamos a permitir", ha dicho, conductas coordinadas en una misma dirección. "Los mercados funcionan mejor sin acuerdos, sin conductas coordinadas y sin recomendaciones colectivas", ha añadido.

Los notarios, por su lado, seguirán con su labor de informar a las partes en la firma de las hipotecas, y desde ahora explicarán que son las entidades quienes deben pagar el impuesto de AJD. "Es solo una labor de información", han asegurado a Efe desde el Consejo General del Notariado.

Por su parte, el abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido que sí hay lugar para que los titulares de hipotecas reclamen al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

En su opinión, si el reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, "esto va a dar lugar a la retroactividad famosa".