Larry Fink, el consejero delegado del mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, es posiblemente el último gran oráculo de los mercados, con permiso de Warren Buffett -dueño y señor de Berkshire Hathaway-. En los últimos tiempos se ha convertido en ferviente defensor de las carteras de inversión bajo criterios ESG (acrónimo de Environmental Social Governance). Es decir, apuesta por invertir en activos de empresas con proyectos respetuosos con el medio ambiente, la responsabilidad social y el buen gobierno corporativo, así como sellos acreditados de sus logros en estos tres ámbitos de actuación.

Pero Larry Fink no está teniendo un final de 2022 precisamente tranquilo. Si ya en la última de sus tradicionales cartas a los consejeros delegados de grandes compañías advertía sobre las amenazas de un proceso latente de desglobalización y de la instalación de la vieja economía industrial y financiera de los combustibles fósiles en plena escalada de los precios de la energía por el gas y el petróleo, a un mes vista de la misiva de este año ya ha recibido dos embestidas de especial gravedad.

La primera de ellas, de orden corporativo interno, propulsada por un hedge fund minoritario en el accionariado de BlackRock, por la que se le acusa de hipocresía y daño reputacional hacia su firma, la mayor gestora mundial de fondos por su denodada defensa de los activos ESG en tiempos de bonanza de los activos fósiles, que han vuelto a copar decisiones de inversión.

La segunda, revestida de un claro barniz político, se la ha asestado Ron de Santis, flamante vencedor en las midterm como gobernador de Florida e hipotético rival de Donald Trump en las elecciones internas del Grand Old Party (GOP). Y lo ha hecho con la retirada decretada de nada menos que 2.000 millones de dólares del fondo de pensiones de este estado caribeño de EEUU, bajo gestión de BlackRock. Una decisión que se habría debido, supuestamente, a sus constantes pérdidas de rentabilidad en una cartera diseñada con criterios ESG.

Al margen de si ambas decisiones han sido fruto de la casualidad o de alguna acción concertada -los lobbies de la vieja economía no descansan nunca-, a BlackRock se le acusa por activa y pasiva por estar en misa y repicando. Por un lado, por pontificar sobre los criterios ESG -con Fink erigido en apóstol de los activos verdes- y actuar como catalizador de los capitales fósiles. Por otro, por no obtener rentabilidades a corto plazo en una fase en la que las energías sucias han vuelto a dominar las cotizaciones.

Bluebell Capital Partners maneja una cartera de unos 250 millones de dólares. Una cifra que se sitúa muy lejos de los más de 10 billones del portfolio de BlackRock, sus 8.400 empleados y los más de 19.400 millones de ingresos de 2021 o los 100.000 millones que vale la firma de Fink por capitalización bursátil.

Sin embargo, ha reclamado la dimisión del CEO y cofundador de la gran factoría de inversión global. Y lo hace alegando que la estrategia ESG "ha sido inconsistente, alineada a sus clientes con un nivel de atracción indeseado y generado una publicidad negativa".

Desde la cúpula de Bluebell se recalca, además, que "las contradicciones y aparente hipocresía de las actuaciones de BlackRock han politizado el debate sobre los criterios ESG", un asunto "sumamente trascendental porque, desde nuestro punto de vista, ha puesto en cuestión la independencia" de la firma como gestora de fondos.

A su juicio, Fink no ha hecho lo suficiente para "separar" las inversiones fósiles de los objetivos de la estrategia verde de BlackRock, aparentemente, en imagen, nada permisible con los valores de empresas que dejan huella de carbono. Además, en los últimos tiempos Fink ha sido objeto de críticas por parte de movimientos ecologistas y defensores de los derechos humanos.

El fervor negacionista del capitalismo neoliberal

El CEO de BlackRock "tiene claramente una ambición política que ha desarrollado desde su cargo ejecutivo para dictar políticas energéticas", explica Giuseppe Bivona, su homólogo en Bluebell. Añade, además, que "no es su responsabilidad", toda una alusión al supuesto greenwashing o blanqueamiento ecologista que habría practicado la firma. Esto habría sido precisamente lo que habría quebrado la confianza de los clientes, que habían mostrado su total convencimiento de que la línea marcada por Fink no obedecía a más que a un artificio de marketing.

Más en concreto, Bivona alude al apoyo inversor de BlackRock en empresas como Glencore, que mantiene abiertas minas de carbón para su producción energética, o la química belga Solvay y sus vertidos de ceniza de soda al Mediterráneo.

Para el gigante estadounidense, la pequeña firma británica busca campañas de descrédito entre las compañías en las que participa como accionista y que, en este caso, "no resultan acordes ni aconsejables a los intereses económicos de nuestros clientes".

El pasado año, junto a otro fondo -Elliott Management- pidió una investigación sobre la CEO de GlaxoSmithKline, Emma Walmsey, por dudas sobre su capacidad para liderar la multinacional.

Sin embargo, desde el flanco más ultraliberal de EEUU, las acusaciones hacia Fink van en otra dirección. El pasado verano, 19 fiscales de estados conservadores acusaron al CEO de BlackRock de violar sus derechos fiduciarios y de sacrificar sus retornos de inversión por la decisión de esta gestora de invertir exclusivamente en compañías con activos sostenibles y planes de emisiones netas cero.

De Santis ha sido el último en tomar una decisión en este sentido con la retirada de la confianza a BlackRock para seguir colocando en los mercados los 2.000 millones de dólares del fondo de pensiones estatal, según informa Business Insider.

"Los accionistas no se mueven por decisiones políticas o por una consigna de defensa de algún tipo de injusticia social, no son movimientos woke, son tan solo capitalistas", explicaba Fink en una reciente conferencia en Nueva York que parecía una respuesta explícita a la maniobra del gobernador de Florida.

Sin embargo, De Santis no ha tenido reparos en vincular el retroceso del fondo de pensiones de su estado con la -en su opinión- falsa y delirante cruzada verde de los criterios ESG.

Esta doble embestida de teóricos defensores (Bluebell) y detractores (políticos y fiscales de perfil republicano) contra las inversiones sostenibles, sociales y de buen gobierno corporativo surgen después de la espectacular eclosión de este tipo de inversiones durante el bienio de la epidemia de la covid-19.

Entonces, hubo una súbita incorporación a carteras de capital de gestoras y fondos de valores de compañías energéticas, bancos y big-techs que decían respetar estos principios en sus planes de inversión y proyectos empresariales. En plena crisis sanitaria, durante los años 2020 y 2021, movilizaron, en cada ejercicio, más de 35 billones de dólares de acciones de firmas con criterios ESG, la suma de los PIB de EEUU y China.

Aunque algunos análisis alertaban entonces de su carácter especulativo, otros -como los de Bloomberg Intelligence- aún mantienen que este negocio saltará hasta los 50 billones de dólares en 2025, más de la mitad del PIB global.

Retroceso de los negocios de gestión de activos

Sin embargo, en año 2023 registrará una seria paralización de los criterios ESG. Al menos lo hará en Europa, ya que el organismo supervisor de estos criterios en los mercados europeos (denominado la ESMA) estima que los nuevos y más exigentes requerimientos de regulación supondrán una corrección de más de cuatro billones de dólares en activos con este sello, un cálculo que corrobora Morningstar, firma de investigación de la industria.

Existe una especie de "gélido realismo" entre gestores de este tipo de carteras, que estiman que las designaciones y certificaciones de inversiones ESG resultan demasiado exigentes para corroborar la trayectoria real de las empresas y sus activos de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno corporativo. Así lo asegura Matt Townsend, socio del despacho de abogados Allen & Overy.

"Es como si se hubiera iniciado un proceso por el que las carteras ESG deben obtener mayores precauciones a la hora de ser clasificados como activos inmersos en estas tres siglas" de alta demanda en los mercados, asevera.

Los cambios que introduce la taxonomía verde europea con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR, según sus siglas en inglés) en sus artículos 8 y 9 parecen dejar pocos resquicios al marketing y escaso recorrido a las estrategias de greenwashing. Y también, tal y como advierte Morningstar, ha dejado temblando las expectativas retributivas de los gestores de fondos por el supuesto retorno de beneficios a sus clientes y que valora en más de 125.000 millones de dólares este año.

Townsend cree que estos dos preceptos de la SFRD están dirigidos a "promover" las adecuadas "características" de criterios ESG, si bien atisba que "pueden generar confusión" y hacer crecer las alegaciones de blanqueamiento ecologista.

Por su parte, la presidenta de la ESMA, Verena Ross, defiende que las reglas europeas "endurecen las pruebas de protección a los inversores en sus demandas de valores de sostenibilidad" y revela su intención de transmitir a las autoridades nacionales unos criterios de certificación "claros y con mediciones fiables" para que la industria de los fondos de inversión se adapte a las auditorías ESG.

La consultora McKinsey también corrobora el complicado año para las firmas de inversión que, en los seis primeros meses de este ejercicio, han marcado el peor semestre del último medio siglo, afirman en una argumentación que va en línea con los históricos retrocesos de indicadores como S&P 500 -de más de un 20%-.

En su informe The Great Reset: North American Asset Management in 2022, valoró en más de 126 billones de dólares -casi un 1,5 veces el PIB global- los activos que maneja la industria, un 23% por encima de hace una década, y con un descenso de rentabilidades del 55% entre enero y junio de 2022 en relación al primer semestre de 2021.

Por otro lado, un sondeo de opinión entre más de 2.500 ejecutivos y expertos en ESG de Infosys (Radar 2023) revela que la mayoría de ellos consideran estos criterios como una necesidad de negocio, como una prioridad para alcanzar mayores beneficios financieros y acometer cambios estructurales en sus organizaciones.

Asimismo, varias firmas de investigación de mercados -entre ellas ADV Ratings- sitúan a BlackRock como la gestora con más activos en sus carteras de inversión, con una cantidad que, a mediados de año, se situó por debajo de los 10 billones de dólares, seguida de Vanguard, Fidelity, que formarían el pódium, y de State Street Global Advisors y Morgan Stanley, que configurarían el top-five.

A estas compañías se unirían JP Morgan Chase, Credit Agricole, Allianz, Capital Group y Goldman Sachs para componer la lista de las diez con unos balances más cuantiosos en sus portfolios, todos ellos con más de 2,3 billones de dólares.