Alrededor del 40% de los trabajadores españoles se jubila antes de alcanzar la edad reglamentaria del retiro, que hoy se sitúa en 65 años y diez meses salvo que se tengan cotizados más de 37 en un mismo régimen laboral, y eso preocupa al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que detecta en esa realidad uno de los factores que desequilibran las cuentas de la Seguridad Social, aunque su ecuación obvia matices como el elevado número de ellos que se ven obligados a anticipar su retiro acuciados por la imposibilidad de emplearse y que, como consecuencia de ello, ven recortada su pensión en un 32%.

El ministro recuperó hace unos días el discurso de las vísperas de la pandemia, el cual, junto con aspectos como cambiar la financiación de los 23.000 millones anuales de "gastos impropios" que asume el Seguro y como la cotización de los autónomos en función de sus ingresos, incluye "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal y desincentivar su anticipo.

Sin embargo, eso no es ahora mismo más que un posicionamiento discursivo. "Se ha hecho una bola con este tema, pero no hay ninguna comunicación formal ni ninguna propuesta", explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, que lanza una pregunta: "¿Cuál es la realidad sangrante de las jubilaciones anticipadas en España? Que es algo forzado: el 81,5% de quienes se acogen a ella vienen del desempleo", algo que, junto con la aplicación de los coeficientes reductores, provoca importantes mermas a más de medio millón de pensionistas que cotizaron durante más de 40 años.

Eso, vistos los datos de los últimos años, supone que un tercio de los trabajadores acaba jubilándose antes de hora para acabar con una situación acuciante, aunque eso no impide que las pensiones de los retirados antes de la edad reglamentaria resulten netamente superiores a las de quienes superan esa barrera ni que los datos de la propia Seguridad Social pongan sobre la mesa la existencia una nueva brecha de desigualdad: quienes más tarde se jubilan reciben los peores pagos.

Carlos Bravo, secretario de Servicios Públicos de CCOO, ratifica el dato de la procedencia del desempleo y apunta que "la gente de más de 50 años que no encuentra empleo tiene que poder acceder a la jubilación". "En España trabaja un tercio de quienes tienen de 20 a 64 años, pero esa tasa baja al 50% a partir de los 52 y al 38% en los 60 -añade-. Con un fenómeno tan claro de expulsión del mercado de trabajo, dificultar el acceso a la jubilación supone dejar a mucha gente sin rentas y obligarles a vivir con subsidios asistenciales".

¿Cuáles son las normas para jubilarse en España?

Básicamente, tener 65 años cumplidos con 37 cotizados o 65 y diez meses más si la carrera laboral no llega a ese nivel, condiciones que se irán modificando hasta que, a partir de 2027, sea necesario haber trabajado con contrato y alta en la Seguridad Social al menos 38 años y medio para retirarse con menos de 67.
Para cobrar pensión, cuya cuantía se calcula sobre las bases de cotización de los últimos 23 años (25 a partir de 2022), es necesario tener cotizados quince años y que dos de ellos se encuentren entre los quince últimos; es decir, que la actividad sea posterior a 2005. (Pulse aquí para acceder al simulador de pensiones de la Seguridad Social).

¿Qué es la jubilación anticipada?

Consiste principalmente, aunque hay varios formatos más, en la posibilidad de retirarse voluntariamente dos años antes de la edad reglamentaria y siempre que haya cotizado 35 o de adelantarla hasta cuatro con 33 cotizados si el cese se produce en contra de la voluntad del trabajador.

¿Eso es una prejubilación?

La prejubilación no existe en la legislación social española. Es un término propio de los ERE y recortes de plantilla de la gran empresa y la banca que, en realidad, consiste en el pago en diferido de despidos como si fueran rentas y en fórmulas que aprovechan resortes del sistema público como el desempleo mientras la Administración hace la vista gorda. La Agencia Tributaria y los tribunales han comenzado a poner coto a estas prácticas tras detectar que en ocasiones enmascaran un fraude fiscal.

¿Qué pasa si alguien anticipa o demora su edad de jubilación?

Prolongar la actividad laboral más allá de la reglamentaria incluye una prima por año de entre el 2% y el 4% de la base reguladora a partir de la que se calcula la prestación, mientras que la jubilación anticipada incluye una penalización de entre un 6,5% y un 8% por cada año que le falte para la edad reglamentaria (se calcula por trimestres).

Ese recorte es menor para quien llega al retiro desde un empleo considerado "de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre", caso de los mineros, los bomberos, los ferroviarios y los policías locales, pero también de los toreros y los banderilleros.

¿Ese recorte es igual para todos?

No, ni de lejos. "Los coeficientes reductores benefician a las rentas más altas" al aplicarse sobre la base reguladora y no sobre la prestación, denuncia Barrera, que alude a los llamados topes de cotización, un recoveco del sistema de previsión social que elimina la progresividad de la aportación a partir de los 4.070 euros brutos mensuales de salario y por cuya eliminación, que aportaría al sistema 7.500 millones de euros al año, llevan décadas clamando los sindicatos.

Las bases reguladoras de ese tipo de sueldos tienen margen suficiente para soportar reducciones. De hecho, la aplicación del coeficiente del -8% reduce en la práctica el recorte al --2% en las pensiones derivadas de ellos, apuntó Escrivá. De 48.840 euros brutos al año hacia abajo la merma sí es del 8%.

¿Y qué es lo que ocurre en la práctica?

Los datos de la Seguridad Social indican que los trabajadores españoles se jubilan a una edad media de 64,6 años cuando la reglamentaria es quince meses superior, de 65,83.

Ese adelanto, que ha llegado a ser de dieciocho meses en los últimos quince años, se mantiene en el entorno del año y tres meses desde hace cuatro año pese al constante (y programado) retraso de la edad de jubilación reglamentaria.
En esos años se han reducido, tanto en número como en peso porcentual, las jubilaciones anticipadas, que solo en 2019, e incluyendo las vinculadas a los gremios de trabajo con penalidades especiales, pasaron de 141.000 a 120.000 y que este año llevan camino de caer de nuevo.

Paralelamente, y como consecuencia de la dualidad y precarización del mercado laboral, que dificulta cada vez más disponer de una carrera de cotización larga, y junto con la cronificación de medidas de difícil justificación como la pérdida de la cotización por cuenta ajena de quienes llevan más de quince años como autónomos, aumenta año tras año el número de trabajadores que se ven obligados a prolongar su vida laboral para acceder a unas prestaciones dignas.

Así, el número de los nuevos pensionistas de más de 65 años ha pasado en solo cuatro años de 23.155 a 27.444, un crecimiento del 18,5% que todavía resulta más llamativo vista la progresión de sus prestaciones, que en los últimos cinco años subieron de una media de 840 euros mensuales a otra de 980 en el caso de los mayores de 70 y que apenas supera los mil euros en la mayoría de esa franja.

"Hay muchos pensionistas por debajo del umbral de la pobreza", señala Barrera. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística) lo sitúa entre los 9.009 y los 10.579 euros anuales en función de si el afectado debe o no pagar por un techo, lo que supone que se encuentran por debajo de él quienes al cabo del año perciben catorce prestaciones de 643,50 y 755,64.

Por el contrario, y al mismo tiempo el sistema mantiene otros recovecos como el de las llamadas clases pasivas, que garantiza prestaciones de mayor nivel que el régimen general con aportaciones menores que las de los autónomos, la cuantía de las pensiones de los jubilados anticipadamente resulta netamente superior a la de quienes prolongan la vida laboral: la creciente brecha se acerca ahora mismo a los 500 euros mensuales (1.704 por 1.238) y en muchos de sus tramos duplica con creces la pensión media, que el mes pasado se situaba en 1.164,31.

¿Y qué es lo que propone Escrivá?

No está muy claro y, en cualquier caso, tampoco se trata de una propuesta oficial ni formal, aunque, en resumen, aboga por penalizar las jubilaciones anticipadas para evitar que su cuantía lastre las cuentas de la Seguridad Social y al mismo tiempo aliviarlas manteniendo más tiempo los ingresos sociales derivados de las cotizaciones. Con una esperanza de vida por encima de los 86 años, el pago de esas prestaciones se mantiene, con sus revalorizaciones, durante una media de 25 años. Sin embargo, no ha definido la fórmula para equiparar la rebaja del 2% de las rentas altas con la del 8% de las bajas.

Es decir, que el ministro se muestra partidario de intentar reducir el periodo de pago de las pensiones, especialmente de las más cuantiosas, retrasando su inicio para aligerar las cuentas del sistema. La brecha, los escuálidos cobros de quienes ya prolongan cinco años o más su actividad laboral y los motivos que generan esa situación siguen fuera de foco.

¿Por qué en el Ministerio de Trabajo no gustan esos planteamientos?

La ministra, Yolanda Díaz, considera que aplicar las recetas de su colega entorpecería "el rejuvenecimiento de un mercado laboral como el español", que se encuentra "profundamente envejecido"; es decir, que prolongar la vida laboral de los mayores dificultaría la inserción de los más jóvenes.

"Evidentemente, si se alarga la permanencia de las personas en el mercado de trabajo se dificulta el acceso para quienes se encuentran en el desempleo", la respalda la responsable de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, que aboga por reforzar figuras como la del contrato de relevo.

Para Bravo, "no hay una identidad completa entre quienes salen del mercado laboral, normalmente de puestos con experiencia, y quienes llegan, pero hay que tener en cuanta la tasa de paro, y no solo la juvenil, a la hora de abordar este tema". "Incentivar la permanencia en el empleo con tasas de paro elevadas parece conflictivo", añade.

¿Cómo ven los sindicatos la propuesta de Escrivá?

"La edad efectiva de jubilación está alejada de la legal porque en España la legislación permite despedir a cualquier edad. Habría que procurar que la gente llegue a la jubilación trabajando, que pueda transmitir su conocimiento a los jóvenes y que estos accedan a empleo de calidad", defiende Barrera, que le afea a Escrivá que haga "planteamientos teóricos en un tema así. Debería recomponer el mensaje teniendo en cuenta la realidad del país".

La sindicalista considera, sobre la propuesta de incentivar la demora, que "un sistema voluntario no soluciona nada, y menos en un país con tanto paro, y especialmente tanto paro juvenil. Una medida coyuntural no va a solucionar un problema estructural". No obstante, admite que "podemos estar de acuerdo en la inequidad del sistema de reducciones, que favorece a quienes tienen sueldos más altos".

Carlos Bravo, que sostiene que "retrasar la edad de jubilación dificultando la anticipada tiene muchas aristas", considera inadecuados los coeficientes reductores y las primas a la prolongación de la vida laboral que se aplican en España y aboga por bajar los primeros a un 4,7% anual y elevar los segundos a un 4,6%. "Hay margen para hacerlo", indica.

¿Cuál es la situación en Europa?

Según los datos de la Airef, institución que el propio Escrivá dirigió antes de acceder al ministerio, la edad efectiva de jubilación de los españoles es más tardía que en los principales países europeos, ya que mientras aquí supera los 64 se queda en los 63,2 años en Alemania, los 60,2 en Francia, los 61,7 en Italia y los 63,9 en Reino Unido. Sí es más temprana que la de otros como Suecia, donde llega a los 65,2.