Grandes empresas del Ibex, aseguradoras y fondos de capital riesgo dominan ya la gestión de los servicios sociales y de dependencia en Andalucía, que mueve un presupuesto público superior a los 1.240 millones de euros anuales. La administración directa por parte de ayuntamientos y diputaciones es ya prácticamente residual, así como la participación de cooperativas, cuya cuota apenas alcanza el 2%.

La ayuda a domicilio y la atención en residencias concertadas constituyen el grueso del presupuesto de dependencia, generalmente gestionado por empresas privadas a través de concesiones administrativas de corporaciones locales y provinciales. El volumen económico que hoy maneja este sector se disparó de forma exponencial desde que se promulgó la Ley de Dependencia, en 2006, y las comunidades autónomas libraron cuantiosas partidas para desarrollarla.

Más de 200.000 personas se benefician actualmente de alguna de las prestaciones sociales ofrecidas por la Junta de Andalucía, según datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. La ayuda a domicilio da cobertura a unas 75.000 personas, mientras que las plazas residenciales alcanza las 36.500, incluyendo la atención diurna. Ambas acaparan 1.130 millones de euros, más del 90% del gasto, si sumamos las prestaciones económicas directas a otras 68.000 personas. No hay que olvidar que las prestaciones por dependencia en Andalucía representan hasta el 35% de todo el gasto por este concepto en España.

El negocio de la dependencia

Hasta los años noventa, la atención a población dependiente estaba en manos de organizaciones caritativas, especialmente eclesiásticas, o era administrada directamente por las instituciones públicas. Constituía entonces un servicio menguado y de baja calidad, cuyo exiguo presupuesto nada tenía que ver con la inyección de fondos públicos que hoy cubren una amplia cartera de prestaciones sociales.

La crisis económica de 2008 empujó a una buena parte de las constructoras más pujantes del país a buscar nuevas ventanas de negocio en el área de servicios sociales, tras la caída de obra pública. Muchas de ellas crearon filiales de multiservicios. Es el caso de Clece (ACS), Valoriza (Sacyr) e Ingesan (OHL). Su facturación estatal se sitúa ya en los 400 millones de euros en el primer caso, mientras que Valoriza (90 millones) e Ingesan (20 millones) le siguen a distancia, según datos difundidos en diciembre por la revista especializada Alimarket.

Los otros dos grandes grupos que operan en el sector son las aseguradoras y las compañías extranjeras, principalmente francesas y belgas, muchas de ellas en manos de fondos de capital riesgo. Domusvi, con 458 millones de facturación a nivel estatal, lidera este segmento con fuerte presencia en toda Andalucía, cuyo volumen de negocio está cifrado en 52,6 millones, según datos proporcionados por la misma empresa. En esta comunidad autónoma, dispone de 14 centros residenciales y 2.123 plazas, y presta ayuda a domicilio a 5.900 personas. A otras 2.784 las atiende en régimen de teleasistencia.

Externalización frente a la municipalización 

Ahora bien: ¿la gestión de estos grandes grupos mejora la calidad del servicio? ¿Es más barato que la administración pública directa? Las opiniones están divididas. “Nosotros defendemos la municipalización de la ayuda a domicilio”, sostiene Rosa Berges, secretaria de Políticas Sociales de CC.OO. Andalucía. “No creemos que sea más caro que la externalización de este tipo de servicios”, subraya. En su opinión, la lógica mercantil conlleva necesariamente que la empresa adjudicataria extraiga sus beneficios a costa de la calidad del servicio o el salario de los trabajadores.

La realidad es que la mayoría de los ayuntamientos optan por la concesión a empresas especializadas para evitar conflictos derivados de la gestión directa y ante la renuencia de sus propios funcionarios. Contra ese muro se estrelló el ex concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba Rafael del Castillo, que sostuvo la bandera de la municipalización del servicio hasta su dimisión en agosto de 2017. Se fue sin conseguirlo. “Me quisieron convencer de que era más rentable externalizar. Pero yo también sé hacer cuentas”, afirma Del Castillo.

El ex edil cordobés se apoyó en un informe que cifraba el ahorro económico en 2,5 millones de euros si municipalizaba las prestaciones. En Córdoba, el servicio de ayuda a domicilio atiende a más de 2.000 beneficiarios, a lo que hay que añadir las 60 plazas en la casa de acogida, el servicio de comidas y otras prestaciones menores. En total, un presupuesto de más de 14 millones y unos 850 empleados. “Estas empresas gestionan un negocio que busca una rentabilidad económica. No social. Eso sí: tengo que decir que son gente amable y educada”, matiza Rafael del Castillo.

Hay otros operadores que defienden las ventajas de las cooperativas en la gestión de servicios humanitarios de este tipo. Es el caso de Macrosad, la mayor cooperativa andaluza y segunda de España, con un presupuesto de 38 millones de euros para 2019. “Nuestros principios rectores coinciden con los de la protección social. El eje es la persona”, argumenta Andrés Rodríguez, socio y director de la cooperativa. Ese representa, a su juicio, un argumento de peso para defender este tipo de gestión frente a otros modelos.

Los datos, sin embargo, indican todo lo contrario. La decena de cooperativas que trabajan en Andalucía apenas suponen el 2% del total de empresas concesionarias, cuando en los años noventa su cuota rondaba el 60%. En aquellos años, eso sí, el volumen presupuestario era sustancialmente inferior. Domusvi, por su parte, declinó ofrecer su versión sobre las ventajas de la gestión externalizada.

La invencibilidad de los gigantes

¿Y por qué las grandes compañías han logrado controlar todo el sector? Por tres razones: al disponer de enormes recursos económicos y materiales, sus propuestas son muy competitivas, ofrecen mejoras difíciles de igualar y pueden hacer frente a avales muy cuantiosos para garantizar el pago de los empleados. Además de que su capacidad de presión ante la administración es, a menudo, irresistible. “Nosotros tiramos con arco y ellos tienen lanzagranadas”, explica de forma gráfica Andrés Rodríguez. Otra cosa es que luego los ayuntamientos tengan capacidad técnica suficiente para fiscalizar la calidad y verificar las mejoras comprometidas en el contrato.

“Las empresas aspirantes necesitan un pulmón económico muy grande y es muy difícil competir con las ofertas de las compañías gigantes”, admite Rosa Berges. La representante de CC.OO., no obstante, sugiere que la calidad del servicio “no necesariamente se ve degradada” cuando es gestionada por las firmas multinacionales. Lo que los usuarios exigen es que la atención sea personalizada y a una determinada hora. “Eso es muy difícil porque hay que encajar el horario de la plantilla disponible con los festivos y las vacaciones”, precisa.

Hay ayuntamientos que se esfuerzan por evitar que las grandes compañías monopolicen todo el servicio. Es el caso de Sevilla, donde la corporación local ha dividido la gestión en cuatro lotes distintos para adjudicarlos a empresas diferentes. La capital hispalense es, con diferencia, el núcleo urbano de Andalucía con mayor número de beneficiarios.

En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es en la deficitaria financiación de las prestaciones. La Junta de Andalucía desembolsa 13 euros por hora y con esa cantidad se tiene que hacer frente a la remuneración del empleado y al margen empresarial. Los costes, además, han crecido un 25% en los últimos 14 años mientras la tarifa se mantiene inalterada. El Ayuntamiento de Córdoba quiso mejorar las condiciones laborales de los auxiliares y aportó otro euro más por hora trabajada. “Luego la empresa no repercutió la mejora a los trabajadores”, lamenta Rafael del Castillo. Sobre este punto, la cooperativa Macrosad, que también trabaja en Córdoba, quiere hacer una precisión. “En nuestra oferta hay un 7% de incremento salarial. De hecho, pagamos a 8,24 euros la hora”, puntualiza Andrés Rodríguez.

La pregunta cae por su propio peso. ¿Las condiciones laborales son mejores? Depende. En muchos casos, los empleados cobran 5,5 euros la hora. Incluso menos. Lo cual es origen de frecuentes conflictos laborales. El sector se está precarizando, ante la pasividad de muchas corporaciones locales. “Las cooperativas sí se ajustan al convenio y son más flexibles”, afirma Andrés Rodríguez. “Nosotros miramos personas y no números, porque además de socios también somos trabajadores”, argumenta.