"Los costes debidos al envejecimiento de la población tendrán un impacto en la sostenibilidad fiscal", advierte la Comisión Europea en la actualización de su diagnóstico sobre España que ha difundido este lunes, en el que apunta que, tras una década de apuesta por la "disminución del gasto" con los Gobiernos de Mariano Rajoy, ahora debe plantearse, "cuidadosamente" y en el marco de las reformas vinculadas al Plan de Reconstrucción y Resiliencia por la pandemia, un nuevo plan "consistente" cuyas medidas "contribuyan positivamente a mitigar riesgos a medio y largo plazo" para el mantenimiento de ese sistema público de previsión social.

El documento, publicado el mismo día que otro de recomendaciones sobre las cuentas públicas y que va en la línea de otros posicionamientos como los del Banco de España, considera necesaria "la introducción de medidas compensatorias a adoptar en 2022" para "mitigar los riesgos para el sostenibilidad fiscal a largo plazo" del sistema de pensiones tras una "revinculación" a la inflación que "aumentará los gastos".

La posición de la UE, que también realiza advertencias similares sobre la sostenibilidad del sistema sanitario por los costes que supone una población envejecida, tampoco es tan nueva; ni tan sorprendente: el análisis, firmado por la Comisión, procede de algunos de los reductos del austericidio que se mantienen en la burocracia comunitaria y que, siempre con el rechazo al déficit como eje central, marcaron las pautas que llevaron a la desacertada respuesta a la anterior crisis, la iniciada en 2008, que en países como España hundió la actividad al estrangular las rentas y, con ella, una demanda interna que genera casi el 60% de la actividad del país.

Esos mismos documentos, que pronostican que "el crecimiento económico se acelerará a partir del tercer trimestre de 2022" tras el gripado del consumo que están provocando "la alta inflación y una reducción de los salarios reales", y que confirman que las limitaciones vinculadas al déficit seguirán suspendidas al menos un año más aunque al mismo tiempo reclama contención en el gasto público, obvia otros aspectos del sistema de pensiones, como sus efectos en las rentas familiares, ya que sus autores se centran en la cuenta de resultados del sistema de pensiones mientras eluden evaluar sus consecuencias sociales.

Ese análisis pone sobre la mesa una serie de brechas como la que, según los datos del Informe Económico Financiero (de la Seguridad Social para los últimos Presupuestos Generales del Estado, supone que el 55,4% de los pensionistas, 4,96 millones de ellos, pase el mes con menos de mil euros, que algo más del 40%, 3,7 millones no alcance los 803 mensuales en los que, según el INE  (Instituto Nacional de Estadística), se sitúa el umbral de la pobreza o, también, que algo más de un millón subsista con menos de 600, que son las 100.000 pesetas del siglo pasado.

A esos datos, que conviven con otros como que el 22,8% de las prestaciones (35% en Castilla y León, 42,5% en Extremadura), entre uno de cada cinco y uno de cada cuatro, requieran un complemento para llegar a los mínimos legales, hay que añadirles los efectos de la inflación, que en términos interanuales está restando un 8,3% a esas rentas. Si se habla de salarios reales, que son los nominales tras descontarles los efectos de la inflación, algo más del 60% de los pensionistas viven actualmente por debajo del mileurismo en España.

Esos niveles de disponibilidad de renta se dan pese al claro aumento que las pensiones han experimentado en los últimos quince años, en los que las de jubilación, las más numerosas, han estado cerca de duplicarse al pasar la prestación media de 688 euros en 2006 a 1.198 en 2021. Eso la sitúa en un nivel similar al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), aunque con las brechas anteriores en su distribución.

El sistema público de pensiones, cuya revisión se ha indexado a la media de la inflación interanual de los doce meses del año anterior, afronta ahora dos horizontes simultáneos y paradójicos de aumento de gastos y de ingresos, el primero por la jubilación del baby boom y el segundo por las reformas iniciadas este año, las mismas para las que Bruselas pide celeridad y tiento al mismo tiempo, y por el récord de ocupación que se viene dando en los últimos meses, que ha supuesto un notable incremento de la aportación de las cotizaciones.

Esta ha resultado algunos meses superior hasta en un 10% a las de un año antes, aunque el aumento medio ronda el 6%, con hitos como el saldo positivo entre cotizaciones y prestaciones del primer trimestre de este año.

"Las cotizaciones están en niveles históricos, y siguen aumentando", explican fuentes del Ministerio de Inclusión, que destacan cómo el paquete de reformas comprometido con Bruselas sigue adelante.

"Hemos adelantado algunos hitos, como la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional", anotan. Sería, junto con la indexación a la media del IPC y las trabas a la jubilación anticipada, uno de los tres hitos del primer año de reformas.

Entre las novedades que el Gobierno va a intentar implementar en los próximos meses se encuentran la cotización por tramos adaptados a los ingresos para los autónomos, la eliminación de las limitaciones (o destope) en las aportaciones de los salarios más elevados y la revisión al alza de sus prestaciones, la ampliación del periodo de cotización a partir del que se calcula la pensión, probablemente hasta los 35 años, una revisión de las bonificaciones de la Seguridad Social y la puesta en marcha de los planes de pensiones de empresa y de ramo.

"Se trata de gestionar los tiempos"

"A Europa le preocupa la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, entre 2030 y 2050, y para eso se está planteando una reforma en sentido opuesto a la anterior: el gasto en pensiones tiene que aumentar algo si se quiere mantener el nivel de vida de los pensionistas, y eso requiere un sistema de financiación alternativo", explica Antonio González, de Economistas Frete a la Crisis.

Ese sistema incluye mecanismos como la compensación de 22.576 millones de euros de la Administración General a la Seguridad Social por los gastos extraordinarios que tuvo que asumir en los últimos quince años, además de la sustitución del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de la etapa de Rajoy, que ya estaba mermando el crecimiento de las pensiones, junto con la batería de medidas pactada con Bruselas.

"Se trata de gestionar los tiempos para superar el escenario demográfico y temporal de la jubilación de la generación del baby boom, tras la que llegaran a la edad de retiro cohortes menos numerosas. Es un proceso en curso", anota González, que llama la atención sobre la necesidad de fomentar el empleo en los mayores de 55 años como medida clave para, de manera simultánea, aumentar los ingresos y reducir los gastos del sistema público de pensiones.