La organización de consumidores españoles OCU se ha sumado al listado de querellantes en Bruselas en contra de la resolución de Banco Popular y su venta a Santander por el precio simbólico de un euro, en una operación en los que accionistas y algunos bonistas perdieron toda su inversión. La asociación anunció el martes que ha presentado un recurso de anulación ante el Tribunal General de la UE contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).

Tras una serie de iniciativas presentadas en España, tanto en el ámbito penal como en el administrativo (incluyendo una querella contra la cúpula del Popular) la OCU dijo que con la extensión de sus demandas busca la indemnización de los afectados.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) también presentó recientemente un recurso ante el mismo tribunal solicitando la impugnación de una intervención que considera "injustificada". AEMEC, que como otros demandantes asegura que la situación de liquidez y solvencia del banco no justificaba la resolución, pide una compensación a los accionistas de 1,85 euros por título.

El grupo de accionistas mexicanos encabezados por Antonio del Valle, que controlaba algo más de un 4% del banco, también anunció la semana pasada una demanda ante el tribunal europeo considerando "ilegal" una intervención que ha disparado múltiples acciones legales colectivas de antiguos accionistas que buscan indemnizaciones.

A mediados de junio, Banco Santander anunció que ofrecerá un bono de fidelización perpetuo como compensación a una parte de los inversores minoristas que perdieron todo su dinero en la resolución del Banco Popular a cambio de renunciar a potenciales demandas.

Entre los grandes accionistas, falta por ver si el grupo de la familia chilena Luksik secunda la batería de demandas tras perder en solo un mes los 90 millones de euros que destinó a comprar un 3% de la entidad resuelta. "En los negocios hay que saber aguantar. Aunque en este caso sí nos sorprende mucho la inédita decisión del Banco Central Europeo", dijo el multimillonario Andrónico Luksic en su cuenta de Twitter el 7 de junio tras perder su inversión en el banco.

Un mes antes de su resolución, Popular declaraba un valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención se elaboró un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios.

Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y también el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.

La autoridad europea de Competencia dio el martes el último visto bueno a la operación al considerar que la compra de Popular por parte de Santander no atentaba a los principios de competencia.