¿Cuál va a ser el efecto real de la reforma del Impuesto de Sociedades para situar su tipo mínimo en el 15% que este jueves tiene previsto aprobar el Gobierno dentro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado? No está claro, desde el momento en el que no se conoce la letra pequeña de la norma y de que su redacción final está sujeta al resultado de la tramitación parlamentaria, aunque sí se sabe que supondrá un pequeño incremento de la recaudación de en torno a 400 millones de euros anuales y que este procederá de las empresas de mayor tamaño mientras las pymes quedan al margen.

La medida, aparte de volver a dejar en evidencia el fake que sostiene que las empresas pagan a Hacienda en España el 25% de sus beneficios, tiene más calado político que práctico, ya que supone alinear a España con las tesis de las principales potencias económicas occidentales, entre ellas EEUU, Alemania y Francia, partidarias de establecer un impuesto global del 15% ante la creciente elusión fiscal de los emporios multinacionales, especialmente los tecnológicos, y también por la necesidad de recursos para afrontar la reconstrucción de la economía, tanto en el plano local como en el global, tras la pandemia.

¿En qué consiste la medida?

Habrá que esperar a conocer el contenido del proyecto de ley de Presupuestos para obtener concreción, aunque sí se sabe que el planteamiento (ver página 81) es similar al que el primer Gobierno de Pedro Sánchez planteó para 2019: establecer un tipo mínimo del 15% en la base imponible del tributo; es decir, que ninguna empresa pagará menos del 15% de la cifra que resulta de aplicar al beneficio anual las deducciones, reducciones y desgravaciones que contempla la legislación.

¿Eso es mucho o poco?

Depende de cómo se mire. Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas han pagado en España en los últimos cinco ejercicios una media del 20,7% al 21,65% de sus bases imponibles, pero solo entre un 8,26% y un 10,15% de sus beneficios.
La diferencia entre esas dos cifras corresponde a los beneficios fiscales que reducen el número a partir del cual se calcula el impuesto.

En 2019, por ejemplo, los beneficios de las empresas sumaron 286.880 millones de euros pero sus bases imponibles se redujeron a 110.502, con un descuento del 61,5%. La presión fiscal fue solo del 8,26% sobre las ganancias mientras que se disparó al 21,44% una vez descontadas las deducciones.

¿Las empresas pagan más impuestos que las familias?

Ese 8,26% es, según los datos de Hacienda, claramente inferior tanto al 12,9% que soportan las familias en el IRPF como al 15,2 de media que pagan los consumidores a través del IVA, los dos sectores que soportan el grueso de la carga impositiva del país.

A esa peculiaridad se le suma otra que en la jerga tributaria se denomina falta de "elasticidad": la recaudación del Impuesto de Sociedades cayó en números redondos de 44.000 a 25.000 euros con la anterior crisis, cuando el tipo nominal bajó del 35% al 25%, pero sus registros no mejoraron con la recuperación que acabó frenando en seco con la pandemia. Sí han crecido las aportaciones del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales.

¿Lo que viene es una bajada de impuestos?

No, para nada. Eso va a depender de lo que esté pagando ahora cada empresa, algo que, vistos los resultados de las campañas de recaudación, parece directamente relacionado con su tamaño: los tipos efectivos que pagan las sociedades que operan de manera autónoma se sitúan en una horquilla del 15% al 21%, mientras que las integradas en grupos no pasan del 9% e incluso llegan a caer por debajo del 6% en el bloque de las grandes, las de más de 250 trabajadores.

Eso supone que la incidencia de la reforma sería escasa en las primeras y que la obligación de pagar más impuestos se concentraría en las segundas.

¿Hay flecos por recuperar en la propuesta de 2019?

La propuesta de 2019, que no prosperó al retirar ERC el apoyo a los presupuestos y provocar la convocatoria de las primeras elecciones de ese año, tenía otras dos claves: blindaba específicamente a las empresas con una facturación de menos de veinte millones de euros, a las que no se aplicaría ese tipo mínimo, y obligaba a contemplar como beneficio el 5% de las ganancias obtenidas de las filiales que operan en el extranjero y de los negocios realizados en el exterior, algo que, obviamente, afecta a las multinacionales pero no a las pymes.

¿Y hay más aspectos susceptibles de debate?

La lista es amplia, según los expertos en materia tributaria consultados por Público, que destacan entre otros la posibilidad de acotar el periodo en el que las empresas pueden compensar resultados negativos de años anteriores, es decir, de presentarlos como pérdidas de ese año para rebajar la base imponible sobre la que se aplica el tipo, o la eventual rebaja de otro 5% (del 95% actual al 90%) en la exención de los beneficios recibidos por las empresas desde otros países, un factor que entraña el riesgo de generar situaciones de doble imposición denunciables ante los tribunales.

Otros aspectos de la actual reglamentación susceptibles de ser modificados serían las deducciones por operaciones de reestructuración empresarial y las bonificaciones del 50% que se siguen aplicando en Ceuta y en Melilla.

¿Va a haber más reformas fiscales?

Todo apunta a que sí, ya que el comité de expertos nombrado para analizar la situación tributaria del país y para proponer ajustes tiene que entregar el informe con las conclusiones de sus trabajos en febrero, tras lo que se abrirá un periodo de revisión del sistema.

¿Qué tiene que ver esta reforma con los planes de la OCDE y el G-7?

Lo que este viernes van a tratar los ministros de finanzas de los 144 países que integran el llamado Marco Inclusivo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa), y que se prevé que el 13 de octubre ratifique el G-20 en su reunión de Italia, es la aplicación de un tipo global mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, lo que supone que las haciendas de los países en los que tienen sus sedes las multinacionales podrán cobrarles la diferencia entre ese porcentaje y el que hayan tributado en los territorios en los que obtienen ganancias.

La OCDE recomienda aplicar ese impuesto sobre el beneficio contable, es decir, sobre las ganancias y no sobre la base imponible que queda tras restarles las deducciones.
Esta medida tiene como impulsor al Gobierno de EEUU, que inicialmente promovía un tipo mínimo del 21%, y cuenta con el respaldo de países como Alemania y Francia, además de España, cuya recaudación aumentaría en alrededor de 2.000 millones de euros. Reino Unido lo apoya a regañadientes mientras otros como China, Singapur y Hungría lo rechazan frontalmente.

¿Se trata de planteamientos coincidentes?

La iniciativa española, "que se aplica en algunos países, difiere del plan de la OCDE", explica el catedrático de Economía Aplicada de la universidad de Zaragoza y miembro del grupo de expertos Julio López Laborda, que indica que la propuesta de ámbito global pretende "garantizar una tributación mínima de cada multinacional de gran dimensión en todos los países donde opera, de tal forma que, si no lo hace, se le pueda pedir el impuesto dejado de pagar hasta el mínimo que se acuerde".

La que este jueves aprueba el Gobierno de coalición, anota, "obligará a tributar a las sociedades residentes en España en el Impuesto sobre Sociedades español al tipo mínimo, con independencia de si obtienen sus beneficios solo en nuestro país o también fuera, y aunque la reducción de la tributación efectiva se haya debido a la aplicación de las normas vigentes del propio Impuesto sobre Sociedades".

¿Puede afectar la decisión de la OCDE y el G-20 a la iniciativa española?

Cabe esa posibilidad, aunque, vistos los tiempos, la decisión sobre el impuesto global llegaría mientras el Congreso esté tramitando los Presupuestos, lo que daría margen para adecuarlos al marco mundial. No obstante, es posible que la aplicación de este último se aplace al menos hasta 2023.

¿Qué opinan los expertos?

"Va a afectar a pocas empresas y no mucho a la recaudación. Va a tener poca importancia en términos de justicia fiscal", señala Alberto del Pozo, de Economistas Frente a la Crisis, que sostiene que "para tener impacto ese 15% mínimo debería aplicarse sobre los beneficios". "La música de la medida suena bien, pero no parece que sea lo que se viene reclamando desde muchos foros y desde los sindicatos, que es un tipo fijo sobre los resultados contables", anota, al tiempo que apunta que "nunca ha sido tan necesario como ahora tomar medidas valientes. Necesitamos muchos recursos para la reconstrucción".

Para José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, "se trata de una reforma poco ambiciosa pero que al mismo tiempo supone un primer paso ineludible para que la tributación se acabe realizando sobre el resultado contable en lugar de sobre la base imponible". "El anuncio es más simbólico que significativo, porque es la primera vez que se habla de esto en un Gobierno de España", añade.

Coinciden con Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam-Intermon, que considera que el anuncio supone "un mensaje importante, pero va a suponer muy poco aumento de la recaudación. Es una buena iniciativa, pero con un resultado menor del que podría tener". Ruiz llama la atención sobre una de las perturbaciones del debate en torno a la reforma fiscal: "Nos fijamos en el tipo, pero no tanto en a qué se le aplica ese tipo. Es una cuestión de matemáticas: sobre qué se aplica un porcentaje".

"El tipo efectivo del impuesto sobre la base imponible está en torno al 21%, aunque eso no quiere decir que no haya empresas que tributen por debajo del 15%", señala Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas, que llama la atención sobre el riesgo de que aplicar un tipo mínimo del 15% pueda provocar episodios de doble tributación en casos de repatriación de beneficios de empresas que operan en el extranjero. "Eso debe tenerse en cuenta en el articulado de la norma", apunta.