La banca tiende a ganar, y la operación por la que Santander se ha hecho con Banco Popular a cambio de un euro por orden del Gobierno no iba a ser una excepción: suma más de cuatro millones de clientes a los trece que ya tenía, alcanza una posición de claro dominio en el mercado de las pymes y se lleva un paquete de 5.226 millones de euros en activos fiscales diferidos, es decir, en impuestos a descontar en próximos ejercicios.

Los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) comenzaron a aplicarse en España en 2012, en plena reestructuración bancaria y con cierto rechazo de Bruselas, como un medio para sanear contablemente los balances de los bancos anotando en el activo las expectativas de beneficios fiscales derivados de las pérdidas de años anteriores; es decir, las rebajas de la liquidación del Impuesto de Sociedades que el Estado iba a aplicar en los próximos años. Previsiblemente, claro, porque varias modificaciones legales han obligado a las entidades financieras a recalcular su valor.

Según la última actualización de los estados financieros públicos efectuada por la Asociación Española de la Banca y fechada en febrero, Santander desplazará a BBVA como el grupo con más DTA, ya que sumará esos 5.226 procedentes de Banco Popular a los 8.166 que ya poseía para hacer un total de 13.392 (sus filiales Consumer Finance, Securities Services e Investment tienen otros 102). Santander y BBVA, este último con 11.641, pasan a acumular, con 25.033 millones anotados de un total de 32.752, el 76% de los activos financieros diferidos que maneja el sector financiero español.

“Ya iba siendo hora”

“Santander no había intervenido hasta ahora en la reordenación bancaria, y Economía le ha dicho que ya iba siendo hora”, explican fuentes del sector financiero, que resaltan cómo los dos principales actores de la salida a la crisis de Banco Popular, el Gobierno y el grupo Santander, obtienen beneficios. No obstante, la presidenta del grupo, Ana Patricia Botín, mantiene que “nadie nos ha presionado” para ejecutar la absorción.

El primero corta por lo sano el conflicto, evita una situación de pánico con retirada de depósitos y elude un escenario de quiebra que obligara a intervenir al Fondo de Garantía de Depósitos.

El banco Santander compra por un euro el banco Popular. REUTERS/Albert Gea

Y el segundo, bien conectado con La Moncloa al tener como secretario del consejo desde hace un año al exsubsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales, mejora notablemente su negocio al hacerse, como consecuencia de la integración, con el 24,8% del negocio de las pymes, uno de los más apetecibles para el sector por su rendimiento en préstamos y comisiones, gestionar casi la cuarta parte del mercado del crédito, superar los 17 millones de clientes y acumular recursos por más de 293.000 millones de euros.

Fuentes sindicales comparten ese análisis: “el negocio de Banco Popular, cuyos depósitos nunca han llegado a correr peligro, tiene una parte muy apetecible, que es la que ha hecho decidirse al Santander”.

7.900 millones para un agujero de 17.500

Sin embargo, el banco cántabro también se lleva en el paquete elevadas dosis de conflictividad. “Es la primera vez que quienes pierden en una fusión bancaria son los particulares y los pequeños accionistas”, indican las mismas fuentes, convencidas de que buena parte de esos pequeños inversores que han visto esfumarse sus ahorros reclamarán ese dinero en los tribunales y, probablemente, tratarán de encausar a los últimos consejos de administración de Banco Popular por las ampliaciones de capital.

Paralelamente, los nuevos responsables de la entidad deberán seguir haciendo frente a las demandas por cláusulas suelo, para las que Popular mantiene unas provisiones de 229 millones de euros, y también mejorar la gestión de los créditos: según recoge la memoria de 2016, los “intereses acumulados, vencidos y no cobrados, de activos financieros deteriorados” superaron los 1.080 millones en solo dos años.

Santander, que plantea “una ampliación de capital de 7.000 millones que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular”, cifró en 7.900 millones las necesidades de Banco Popular para elevar del 45% al 69% la cobertura de los activos improductivos: 4.700 para activos inmobiliarios, 2.500 para créditos inmobiliarios y 700 para préstamos de otro tipo. Esa estimación sitúa en el entorno de los 17.500 millones el volumen de productos tóxicos de la entidad absorbida.

El nuevo dueño, que “espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular significativamente” y situar en “niveles poco relevantes” el volumen de morosos vinculados al ladrillo en los próximos tres años, estima que la nueva entidad podrá generar a partir de 2020 “sinergias de ingresos” de entre 100 y 200 millones anuales y “sinergias de costes cercanas a los 500 millones” anuales a partir de 2020 mediante la “optimización” de los servicios centrales y de la “red combinada de sucursales”, en lo que parece el primer indicio de próximos cierre de oficinas y recortes del empleo en una plantilla que ya ha perdido más de 80 millones de euros con la operación.