Menos de dos semanas después de que la ley de vivienda entre en vigor, varias organizaciones han empezado a detectar el primer gran incumplimiento de una de sus novedades: la comisión u honorarios de agencia que normalmente tenía que pagar el inquilino cuando alquila una casa a través de una inmobiliaria.

La norma introdujo una importante modificación en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que ahora especifica que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador". Es una de las pocas medidas celebradas por los sindicatos de inquilinos, pues supone el ahorro de una mensualidad más IVA que el arrendatario tenía que pagar al firmar el contrato, junto con la fianza y el mes de alquiler corriente.

Es una medida que no afecta a los alquileres de temporada, según diferentes inmobiliarias consultadas por Público,que siguen anunciando viviendas en las que cobran el llamado "mes de agencia" por contratos inferiores a un año.

El sector inmobiliario ya mostró su malestar por esta modificación. Pero en lugar de empezar a cobrar a los caseros que las contratan para alquilar sus inmuebles, pocos días después de la entrada en vigor de la ley comenzaron a detectarse casos de empresas que camuflaban este gasto bajo otros conceptos para seguir cobrándolo y burlar la normativa.

Más de 30 denuncias

Este miércoles ha sido FACUA-Consumidores en Acción la que ha dado un paso más al denunciar a 33 agencias inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Sevilla, València o Palma de Mallorca ante las agencias de consumo de las comunidades autónomas. Su objetivo es que estas entidades abran expedientes sancionadores contra las empresas denunciadas, ya que hay "bastantes elementos de prueba", explica a Público Rubén Sánchez, portavoz y secretario general de Facua.

Las inmobiliarias denunciadas son Alquiler Seguro, Housingo, Dflat, MC Property, Spanish Home, Andrés Carro Propiedades, Servicheck, HMS Real State, Oh my place, NSH, Galota, Solfai, Engel&Volkers, Modus Home Realtors, Alfa Inmobiliaria y Hernán Inmobiliaria, Aruncy2, Adamas Home, Inmogest, Centro Histórico Real State, Aureo Home, Consul Inversiones y Patrimonio, Homelogic, Smart Inmobiliaria, Domus, Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias, Next Door Bcn, Alting, Ecom, Ágora Inmobiliaria, Lion Capital Group y Dray&Partners.

Facua hace un llamamiento a que las comunidades autónomas, que tiene la potestad sancinadora, comiencen cuanto antes a anunciar medidas para "erradicar esta práctica". La organización ha puesto el caso en conocimiento de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales con indicaciones y consejos legales para los inquilinos afectados. Según Sánchez, el Ministerio también ha detectado un "alto grado de incumplimiento" de este precepto legal.

Cómo burlar la ley

Tras un primer "rastreo de mercado", la organización ha detectado "diferentes trucos y argucias" para esquivar la ley. Algunas mantienen el mismo importe que antes cobraban como honorarios, aunque ahora lo justifican como "estudio de viabilidad y solvencia económica"
del inquilino. También aparecen anuncios en los que se habla de un fee al firmar el contrato—que traducido del inglés significa literalmente "cuota"— o, simplemente, introducen servicios "prestados al arrendatario" que no detallan pero sí cobran. Los importes varías entre una cuota fija o el 10% de una anualidad del alquiler.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también confirma a Público que lleva semanas recibiendo consultas de afiliados o inquilinos por los mismo motivos. Asesoramiento legal, apoyo en la investigación de piso o servicio de asesoramiento durante todo el periodo del contrato son otros conceptos utilizados por las inmobiliarias.

Seguro de impago a cuenta del inquilino

Público también ha detectado en Madrid varias ofertas de alquiler en las que el propietario contrata un seguro de impago con el que sigue cobrando la renta aunque el inquilino no abone la mensualidad.

Sin embargo, según las inmobiliarias encargadas de comercializar esas viviendas, este importe se traslada al inquilino, que no tiene posibilidad ni de elegir la aseguradora, ya que solo un arrendador puede contratar este tipo de seguros. Las ofertas detectadas por Público añadían 30 euros al mes al precio del alquiler que se ofertaba. 

Reclamar el reembolso 

El problema principal ante estos gastos indebidos es la indefensión del arrendatario, pues no podrá alquilar si se niega a pagarlos. Tanto Facua como los sindicatos de inquilinos recomiendan pagar para no perder la oportunidad de alquilar, pero es importante pedir factura independiente por el concepto o pagar mediante transferencia bancaria indicando el motivo del pago.

Una vez firmado el contrato, se debe contactar con la inmobiliaria y solicitar el reembolso. Los activistas recomiendan enviar una burofax a la empresa reclamando los honorarios abonados y advirtiendo de que, si no lo devuelven, se emprenderán acciones legales, para las que dan varios consejos. Si la cantidad reclamada no supera los 2.000 euros, no es necesario contar con procurador ni abogado.

Facua recuerda que se puede interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa.