El negocio del campo está sembrado de paradojas ¿Cómo se explica que miles de agricultores lo abandonen cada año cuando la rentabilidad no deja de crecer? ¿Por qué está en pie de guerra cuando las cifras oficiales dibujan un sector de meto una y saco dos, en el que las ganancias brutas superan a la suma de los gastos y los salarios y la relación con las arcas públicas sale a ganar?

Esos planteamientos, como suele ocurrir, resultan erróneos por la generalización: el campo no es uno sino, como poco, tres distintos que conviven en un escenario en el que la industria gana terreno y cuota de mercado mientras acapara tierras e intensifica la industrialización del modelo productivo, en un proceso simultáneo al declive de las explotaciones familiares y a la expulsión de los emprendedores, que llevan una década viéndose sustituidos por asalariados.

Gana peso la industria mientras las explotaciones tradicionales y los pequeños propietarios tratan de subsistir en un mercado cuyo funcionamiento está estrangulando la rentabilidad de sus negocios mientras el pastel de la producción de alimentos no deja de crecer; tanto, como para llevar años atrayendo a los fondos de inversión por sus elevados rendimientos.

Los comensales de ese pastel son cada vez menos y de mayor tamaño. Los menudos, que son los que estos días salen a la calle a protestar, van viendo cómo su espacio se achica más y más en un proceso de uberización similar al que está arrasando, entre otros, el pequeño comercio o el del taxi.

La rentabilidad se dispara

Los datos de la Contabilidad Nacional indican, sin dejar espacio para las dudas, como el negocio del campo lleva como un tiro cinco años en los que ha pasado de aportar 26.179 millones de euros al PIB a añadirle 33.454.

Esa fulgurante salida de la crisis, con un avance del 27,78% en un lustro que únicamente se ve superado por el 35,2% de la construcción, aunque su desplome de más del 50% en el quinquenio precedente invita a relativizar esa resurrección del ladrillo, y que está cerca de duplicar el 15% del renqueante sector industrial y rebasa con creces tanto el 19,5% de unos servicios que acaparan más de dos tercios de la actividad económica del país.

Pese a esa notoria pujanza, y como consecuencia de la evolución de otros sectores, la agricultura está perdiendo peso relativo en el conjunto de la economía española, con una merma de algo más de una décima el año pasado al caer al 2,68% después de tres ejercicios en el 2,8%.

¿Y dónde está el truco para que, relativismos al margen, la rentabilidad de producir alimentos en campos y granjas sea tan elevada y creciente? De nuevo la Contabilidad Nacional que elabora el INE ofrece pistas interesantes que se resumen en que el valor de la producción final (60.866 millones de euros en 2018) está cerca de duplicar el montante de los gastos (27.252 en consumos intermedios y 5.404 en salarios), lo que da una ganancia bruta de casi la mitad de lo cosechado (28.210).

Todo ello con una particularidad: la liquidación de los impuestos y las subvenciones deja al cabo del año una ganancia neta superior a la factura salarial (5.702 millones de euros por 5.404), lo que equivale a decir que, en términos macroeconómicos, las arcas públicas cubren el coste salarial del campo.

Eso, en el caso de tener asalariados, algo no del todo común entre los agricultores independientes, ya que menos de la quinta parte de ellos (57.125 de 302.750 contrata trabajadores.

En esta situación, y cuando buena parte de los convenios del campo llevan años pagando por encima del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), no parecen demasiado consistentes las interpretaciones que apuntan como el detonante de las protestas de los agricultores independientes a la última revisión de este, que sitúa el precio mínimo de la hora en 7,59 euros brutos (sube 39 céntimos) al establecerlo en 950 por catorce pagas.

Unos ingresos medios similares al actual SMI

Ocurre algo similar con las apelaciones a la eventual carestía de las inversiones que requiere el negocio, que según las estimaciones del INE sobre la formación bruta de capital en el sector primario superan los 6.300 millones al año; una cifra elevada, sí, pero que ni siquiera alcanza el 20% de las ganancias brutas del sector: meter una, sacar dos y conservar cuatro partes de cada cinco de ganancia, una fórmula que explica por sí sola la atracción que el campo español ejerce sobre los fondos de inversión.

Otra cosa es cómo se reparten esos beneficios y a qué tipo de agricultor le están permitiendo, o no, modernizar sus instalaciones, ya sea con holgura o sin ella.

Según la última Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria, elaborada con datos de 2017, los ingresos medios de origen laboral de los agricultores españoles (no confundir con ganancias) se situaron ese año en 13.359 euros, solo 59 por encima del actual SMI. Esa misma fuente, que no incluye a los que no llegaron a presentar declaración de IRPF por no alcanzar sus ingresos el mínimo pero sí a los más de 600.000 labradores de sofá, indica que 92.445 agricultores perdieron dinero con su negocio ese año, un volumen prácticamente equivalente a la tercera parte de los que se ganan la vida como autónomos del campo.

Esas escuálidas facturaciones, que en cualquier caso dejan al margen la mayoría de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) por estar exentas de tributación, chocan con las que rankings como el de El Economista atribuyen a las grandes empresas del ramo: la corporación y la cooperativa Guissona, de Lleida, facturan juntas casi 2.100 millones de euros al año, la soriana Copiso supera los 125 y la pacense Viñaoliva pasa de cien mientras otra docena de sociedades trabaja con registros de ocho cifras.

El calentamiento global y la deriva del regadío

Esa convivencia de modelos se da en un sector cuyas grandes corporaciones trabajan con la vista más puesta en los mercados exteriores que en el local. De hecho, según el Ministerio de Agricultura, las exportaciones del productos agroalimentarios alcanzaron en 2018 (último ejercicio con datos) los 20.441 millones de euros, a los que se suman otros 29.931 de alimentos y bebidas ya transformadas.

Ese volumen supone prácticamente la mitad de la producción por su valor, en una tendencia que alcanza los dos tercios en productos como la carne, en este caso con una huella ecológica de enormes dimensiones que ha comenzado a activar las alarmas en zonas como la cuenca del Ebro y que ha llevado a la UE a iniciar un procedimiento sancionador contra España.

Paralelamente, los efectos del calentamiento global, que comienza a provocar cambios del calado de la migración a la meseta de cultivos hasta hace poco restringidos al litoral mediterráneo, abocan al mundo agrario, a las administraciones y a la sociedad a abrir debates sobre la disponibilidad del agua y la garantía de su suministro a medio plazo mientras sigue retumbando el eco de las denuncias acerca de cómo grandes extensiones de las últimas grandes superficies de secano transformadas en regadío a costa del erario público, como los canales Algerri-Balaguer, Segarra-Garrigues y de Navarra, han acabado siendo explotadas por corporaciones agropecuarias.

Esos procesos de acaparamiento de tierras corren paralelos a la progresiva extinción de un modelo tradicional minifundista en el que las explotaciones familiares combinaban el cultivo de pequeñas extensiones de tierra con la gestión de granjas, también de poco tamaño, y con el empleo, ya fuera principal o secundario, fijo o eventual, en otros sectores.

El peso por comunidades

Finalmente, el sector agrario ha pasado a suponer un 2,79% del PIB español, según los datos del INE referidos a 2018, que indican cómo el peso de ese sector no alcanza el 1% del total en Euskadi, Madrid y Baleares y tampoco llega al 2% en Asturias, Cantabria, Catalunya y Canarias.

Por el contrario, llega a superar el 5% en seis autonomías, aunque sin llegar a alcanzar la décima parte del total en ninguna de ellas. Donde más se acerca es en Extremadura, con un 9,13%, medio punto por encima del registro de Castilla-La Mancha.

Otra cosa es la aportación al PIB agrario de las comunidades, tabla en la que destaca Andalucía con casi un tercio del total (11.158 millones de 33.614). Castilla-La Mancha aparece en el segundo escalón con 3.659, seguida de Galicia con 3.009 para, tras Catalunya (2.456) y la Comunitat Valenciana (2.393), aparecer el grueso restante de la España despoblada: Aragón (2.229), Castilla y León (1.925), Extremadura (1.829).

Esta última clasificación guarda varios paralelismos con la que se establece en función de la renta agraria (el valor generado por el sector primario) que elabora el Ministerio de Agricultura, liderada también por Andalucía (11.224) y con Castilla-La Mancha (3.186) en segunda posición aunque con cambios en el siguiente escalón, en el que solo Aragón y Catalunya superan los 2.000 millones.

La renta agraria, por último, no alcanza los mil millones de euros al año en ocho de las diecisiete comunidades autónomas: Navarra (679), Canarias (582), La Rioja (383), Euskadi (228), Asturias (159), Baleares (143), Cantabria (142) y Madrid (109).