Dos semanas de protestas y una fuerte represión policial. ¿Por qué el pueblo colombiano está en las calles?

Se puede hablar de muchos asuntos pero hay tres grandes factores. Por una parte, el resultado de la pandemia, la situación sanitaria ha tenido una muy deficiente gestión por parte del Gobierno; en segundo lugar, una crisis económica y social que se ha agudizado precisamente por la pandemia, pero que venía desde hacía mucho tiempo acumulando factores que han hecho que ahora tengamos más del 40% de pobreza, según estadísticas oficiales, una recesión económica y una tasa de desempleo muy alta. Y por último, el hecho de que el Gobierno no haya implementado el Acuerdo de Paz de 2016; esto ha provocado que la violencia resurgiera en las zonas rurales cuando empezábamos a superar esa situación tras la firma de la paz (con la guerrilla de las FARC).

¿Desde cuándo no se veía en Colombia una violencia estatal así contra los ciudadanos en las zonas urbanas?

Colombia es un país que tiene una violencia endémica, con varios conflictos armados simultáneos, pero en lo que atañe a las grandes ciudades, al mundo urbano, una represión tan violenta contra la movilización social y ciudadana no se había visto en la historia más reciente. Uno se puede remontar al asesinato en 1948 del candidato presidencial (del nuevo liberalismo) Jorge Eliécer Gaitán, a mediados del siglo pasado, que produjo una gran movilización ciudadana y, sobre todo, represión. Después de eso ha habido paros cívicos, grandes movilizaciones, pero una situación de esta naturaleza no tiene precedentes.

Durante esta violencia desatada por la Fuerza Pública se ha hablado de la posible ‘mano’ del expresidente Alvaro Uribe: primero pide por Twitter al actual mandatario, Iván Duque, que saque el Ejército a las calles, y luego hace un llamamiento a la llamada Revolución Molecular Disipada. ¿Qué significa esto?

Es una teoría conspirativa que tiene su origen más reciente en un sector muy de extrema derecha conectado con neonazis en Chile, en relación a las movilizaciones que se están viendo en América Latina. Es una especie de terrorismo urbano, que aparece de manera reticular, que no tiene un mando, ni una sola orientación, pero que busca destruir el Estado de Derecho y acabar con la democracia. Esto es el intento de Uribe de renovar su Política de Seguridad Democrática que tanto daño hizo a Colombia, y en la cual las principales víctimas resultan siendo los jóvenes. Hay que recordar que hace algunos años, Uribe desató una especie de cacería de jóvenes bajo los mal llamados falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), que eran una manera de que el Ejército ganara terreno en el conflicto armado a través de una política de falsos resultados operacionales. Hoy es el mismo tipo de ideología, pero esta vez contra los movimientos sociales que están movilizándose, de los cuales la juventud es parte esencial.

¿El expresidente Uribe estaría entonces detrás de alguna maniobra que hubiera alentado esta violencia por parte del Estado?

El objetivo político [de la extrema derecha] es llegar a las elecciones que tenemos en el año entrante en un contexto de violencia y, sobre todo, provocar que ciertos sectores piensen que se ha perdido control sobre la vida política y social del país. Por ello [consideran que] es necesario renovar el voto de confianza a las políticas autoritarias del uribismo.

Se ha visto en vídeos difundidos por las redes sociales a civiles disparando contra manifestantes e incluso a la Minga (caravana indígena) cuando llegaba a la ciudad de Cali para buscar la pacificación. ¿Quiénes son estos hombres armados? ¿Estaríamos ante un regreso al paramilitarismo?

Esto es parte de lo que venimos hablando, es poner en el centro de la opinión pública que el Esmad (escuadrón antidisturbios) es insuficiente para detener los ataques vandálicos y terroristas, que no son suficientes los métodos convencionales y legales. Por lo tanto, todo es lícito, incluido que la policía dispare a la gente -y esa es la invitación que hizo Uribe- o que intervenga el Ejército; y si tampoco esto es suficiente, entonces, que civiles armados salgan a disparar escoltados por la policía. ¿Quiénes son estas personas? En algunos casos se ha desenmascarado a policías vestidos de civil, hay policías que han participado de forma encubierta en las protestas, pero también hay viejos sectores que tienen la idea de que el paramilitarismo es legítimo. No hay que olvidar que en Cali, ahora un escenario de guerra, hubo una importante estructura de narcotraficantes. Hay dos ciudades colombianas que tuvieron grandes carteles de la droga: Cali y Medellín. Hay sectores que estuvieron ligados al narcotráfico y que ahora se intentan presentar como ‘gente de bien’, pero son ciudadanos que han estado muy vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo.

¿Los vecinos de las zonas adineradas fueron los que dispararon a la Minga Indígena?

Son hechos que se deben dilucidar, no hay explicaciones serias. Pero las clases pudientes de Cali profesan abiertamente esa convicción de que los ciudadanos tienen derecho a armarse para supuestamente defenderse de los movimientos sociales. Y esa es una concepción típicamente paramilitar, es decir, es la posibilidad de que cualquier persona tome la justicia por su mano o la instauración del orden público; es una doctrina activamente difundida por el uribismo en Colombia.

En los años noventa del siglo pasado se crearon las Convivir, agrupaciones de civiles armados que fueron el germen de las temidas Autodefensa Unidas de Colombia (AUC). ¿El pueblo colombiano tiene miedo a que resurja el paramilitarismo?

Hay una insistente campaña en ambientar semejante posibilidad y se lo hemos advertido al Gobierno: si se sigue promoviendo este asunto, puede dar origen a un tercer ciclo de violencia en Colombia. Ya he mencionado lo que ocurrió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, al que siguió un ciclo de violencia muy grande; la guerra contra las guerrillas de las FARC y el ELN fue el segundo gran ciclo. La situación actual nos puede llevar a un tercer ciclo de violencia urbana, al estar incentivando [el Estado] esta forma de contrarrestar las movilizaciones sociales para que degenere, o se degrade, a un tipo de violencia nueva.

Esto sería una novedad, en el sentido de que la violencia ha estado más acentuada en el ámbito rural. Que llegue la violencia masiva a las ciudades es preocupante…

Si, y es el resultado de la gran lucha que hemos librado los demócratas para que el Estado colombiano deje de ser militarista, un Estado que solo responde a los problemas de la gente a partir de fórmulas represivas y militares. Eso es lo que se está discutiendo. A diferencia de otros momentos anteriores, ahora hay una gigantesca movilización que no se puede reprimir como se ha hecho tradicionalmente, con métodos criminales. Aquí hay una saturación, un hastío de la ciudadanía, con relación a una serie de problemas que no han tenido solución histórica.

Se han denunciado decenas de desapariciones, detenciones, torturas, violaciones a mujeres, muertos y heridos ¿Cuál es el nivel de violación de los derechos humanos en las últimas semanas en Colombia?

Se ha desarrollado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos en todo el país, pero particularmente en Cali. En la ciudad de Cali se ha creado un laboratorio del terror, en el que sacan a civiles armados a la calle y actúan junto a la Fuerza Pública, en el que la policía misma está disparando. Ayer estuve en Siloé, en uno de sus barrios; las madres me contaron que sus hijos estaban en una plazoleta, rindiendo homenaje a otro muchacho asesinado. En ese momento se va la energía eléctrica y llega la policía disparando a la gente. Hay violencia sexual, hay un número muy significativo de desaparecidos, entran a las viviendas y disparan gases lacrimógenos en su interior. Puedo narrar muchos episodios, todos muestran que lo que se está haciendo es generar terror para que la población deje de movilizarse y manifestarse.

¿Este terror estatal podría significar que estamos ante un debilitamiento del 'uribismo', que los colombianos se cansaron de dar mayorías a las posiciones ultraconservadoras que representan Uribe y el presidente Duque?

Sin duda. Hay un sentimiento que se expresa de muchas maneras, no solamente a través de las encuestas, sino de otras formas políticas de movilización y de repudio al uribismo y a su líder, Álvaro Uribe. Eso es un hecho relevante. Estamos ante un declive de esa popularidad que en algún momento fue altísima, cuando se considerada como un hecho eterno que Uribe iba a ser un caudillo, que nunca iba a ver declinar su fama y su celebridad. Pero hoy estamos asistiendo a otro fenómeno, especialmente entre los jóvenes. En Cali, me decían: ‘toda nuestra vida ha transcurrido bajo el uribismo, ya no queremos ese régimen, queremos que eso se vaya, queremos que haya un cambio político en Colombia’. Y es sentimiento ya es generalizado en el país.

Las últimas encuestas para las presidenciales de 2022 otorgan la victoria al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, líder del partido izquierdista Colombia Humana. Usted es senador de otro partido progresista. ¿Es posible una unión de la izquierda para construir una alternativa al 'uribismo'?

Hay una oportunidad real que se ha ido construyendo a partir de hechos políticos, como estamos viendo. En primer lugar, el Acuerdo de Paz de 2016 rompió con una cultura militarista; en segundo lugar, estas gigantescas movilizaciones, que no son de ahora, antes de la pandemia había aparecido este fenómeno; y, tercero, el hecho de que los progresistas y la izquierda hemos venido conquistando el poder político en grandes ciudades, donde ya hay gobiernos locales que rompen con los sectores tradicionales, o con la tradición de que sean esos sectores quienes gobiernen el país y las urbes.

¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el 'uribismo' para evitar que gobierne la izquierda en Colombia?

El uribismo utiliza todo tipo de métodos, los ha usado en el pasado y los sigue utilizando, y eso incluye métodos abiertamente ilegales. El asunto es que se ha ido configurando una resistencia democrática a esos intentos por romper el orden constitucional y por imponer un gobierno de facto.

¿Cuál ha sido el papel de la Comunidad Internacional en este contexto de violencia?

Hay un despertar de la conciencia internacional sobre los problemas que tiene el país. Se ha visto el espectáculo lamentable de cómo se ha querido destruir el Proceso de Paz que se construyó con tanta voluntad y sacrificio, aquello ya generó un mal precedente. Y, ahora, este baño de sangre que está ocurriendo, que es inocultable, porque no son los grandes medios de comunicación [los que lo exhiben], sino que cada ciudadano tiene en sus manos una cámara y puede registrar aquellas cosas que no se quiere que se conozcan públicamente. Es una evidencia inocultable. Y ya lo registran los gobiernos, la Unión Europea, la ONU, la propia Organización de Estados Americanos (OEA). ¡Cómo será de grave lo que ocurre en Colombia que el señor Luis Almagro (secretario general de la OEA) tuvo que pronunciarse y condenarlo!. Con eso, le voy diciendo como está la situación internacional.

¿Pero los gobiernos han tardado en condenar esta violencia?

Es necesario que se entienda bien que las cosas en Colombia requieren un cambio democrático, este gobierno y la tradición del uribismo ha sido una historia muy larga de violación de los derechos humanos, de desconocimiento de la Constitución colombiana y también de las libertades esenciales. Al punto al que se ha llegado, se requiere no solamente buenas declaraciones, que son importantes, sino acciones; es necesario que en Colombia se aplique lo que prevén los instrumentos internacionales en casos como el que estamos viviendo.

¿Debe aplicarse la cláusula de Derechos Humanos incluida en el TLC entre Colombia y la UE para presionar al Gobierno de Duque y que rebaje la violencia?

Las declaraciones son insuficientes como respuesta a lo que está ocurriendo cada día en Colombia, donde se está respondiendo a la movilización social con violencia. De unos primeros hechos de violencia estatal, de disparos de la policía, hemos pasado a que civiles salen públicamente a disparar junto a la policía; si eso no es una abierta violación de los derechos humanos, entonces ¿qué es? Aquí es necesario examinar qué tipo de acciones se deben llevar a cabo, no solo declaraciones.

¿Cuáles son esas acciones que se deben adoptar?

Los organismos internacionales deben debatir este asunto, existe un Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un Consejo de Seguridad, en esas instancias se debería discutir seriamente lo que está ocurriendo en Colombia, y desde allí hacer las advertencias necesarias. De no ser acatadas, entonces se deben tomar las decisiones correspondientes.

¿Ve viable la posibilidad de que Iván Duque renuncie a la Presidencia?

Eso no resolvería el problema porque lo que se requiere es un cambio hacia la democracia. El uribismo no representa a la democracia y Duque representa a ese sector. Lo que se debe garantizar son unas elecciones democráticas y permitir que haya movilización social. Ya serán las urnas las que definan cual es el destino político de Colombia.